La huelga de taxistas que afecta sobre todo a Barcelona y a Madrid, y que se ha extendido a otras grandes ciudades, ha derivado en violencia contra los conductores de Uber y Cabify y en molestias para centenares de miles de usuarios. El Gobierno no ha podido convencer a los dirigentes del sector del taxi de sus buenas intenciones y el conflicto continuará, al menos, hasta el próximo miércoles 1 de agosto, fecha en la que intervendrá directamente en las negociaciones el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En toda huelga se produce un conflicto de intereses y el Gobierno debe velar para que, al final, salga beneficiada la mayoría de los ciudadanos. La espoleta de este enfrentamiento ha sido la intervención oportunista de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha pretendido establecer por su cuenta una regulación que daba la razón a los taxistas, sin tener en consideración que con su decisión asumía competencias que son del Estado, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha suspendido cautelarmente una normativa -que de facto establecía una doble licencia- que implicaba reducir de 1.300 a 400 los vehículos que operan bajo la denominación VTC en la capital catalana.

Ha sido la suspensión de dicha normativa la que ha provocado la huelga en Barcelona, a la que se han ido sumando otras ciudades. Los taxista piden al gobierno que ceda sus competencias sobre la regulación del transporte a las comunidades autónomas para que éstas, a su vez, las trasladen a los ayuntamiento y así eludir el dictamen del TSJC, que actuó en base a un recurso de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y del propio Ministerio de Fomento (que, tras las movilizaciones, se ha retirado del caso).

La reclamación de los taxistas es razonable, pero sus métodos no. La propuesta de cesión de competencias a comunidades y ayuntamientos, que nace del oportunismo de Ada Colau, necesita de una mayoría parlamentaria de la que el PSOE carece

Los taxistas reclaman que se cumpla lo establecido en la Ley Ordenación del Tráfico Terrestre de 2013, en un Real Decreto de 2015 y en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que limita las licencias de VTC a un vehículo por cada 30 taxis.

Ahora la proporción es de 1 a 7 (hay 9.366 vehículos operados fundamentalmente por Uber y Cabify por un total de 65.277 taxis). Por tanto, los taxistas en principio tienen razón al quejarse de esta desproporción que ha provocado una merma en sus ingresos y en el valor de sus licencias, que ha caído a la mitad.

El hueco por el se colaron todas esas licencias extraordinarias se produjo gracias a un vacío legal en la ley Omnibus de liberalización promulgada en 2009 bajo gobierno de Rodríguez Zapatero.

La realidad es que tienen tanto derecho a subsistir los 9.366 conductores de VTC como los 65.277 taxistas. Pero, la solución final no puede ir en perjuicio de los ciudadanos.

Lo que pretenden los taxistas (la cesión de competencias a la CCAA) no lo puede hacer el gobierno si no es mediante una ley, y, para ello, el PSOE necesita del apoyo de todos sus socios. Por otro lado, tampoco sería lógico que una presión en la calle llevara a una cesión de competencias, porque ello alimentaría otros conflictos con peticiones similares que, al final, dejarían al gobierno central con un poder real simbólico.

En su reclamación, lo taxistas tienen razón, pero, con sus métodos, la están perdiendo. El gobierno, por su parte, no puede caer en la trampa de ceder a su presión, pasándole la patata caliente a otras administraciones.