Desde el inicio de su gobierno en 2013, Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ha anunciado nuevas medidas económicas en forma casi anual, todas sin resultados positivos y todas suponiendo un nuevo paso hacia un mayor deterioro económico. En ese contexto, no es sorprendente que la actitud de una buena parte de la población haya sido de duda e incluso de desesperanza tras el anuncio de un nuevo conjunto de medidas, que muchos han llamado ya “El Paquetazo”. Repasemos rápidamente las medidas anteriores para tener mayor claridad del contexto de las nuevas medidas.

Nicolas Maduro fue elegido presidente en abril de 2013, poco mas de un mes después del anuncio oficial del fallecimiento de Hugo Chávez, previamente reelegido como presidente en diciembre 2012 y cargo al que nunca oficialmente accedió, ya que permaneció en Cuba tratando su avanzada enfermedad. En 2013, la economía comenzó a caer, aún con altos precios del petróleo, que no empezaron a bajar hasta el año siguiente. A pesar de esto, se repite con frecuencia que el origen de la crisis venezolana es la reducción de los precios del petróleo y nunca se hace referencia a la realidad, el agotamiento del modelo económico iniciado en 2006, fuertemente estatista, controlador y centralista. De esta forma a lo largo de estos cinco años de gobierno se han implantado numerosas medidas económicas, casi siempre de forma aislada y no como un programa de ajustes, que se pueden resumir en:

  • Control de precios (productos regulados/primera necesidad), de tasas de interés e inamovilidad laboral.
  • Aumentos de salario mínimo, cada vez más frecuente desde que se inició un proceso acelerado de aumentos de la inflación.
  • Tipo de cambio oficial fijo, que se ha devaluado ocasionalmente, pero manteniendo una sobrevaluación del que se beneficia una porción mínima de la población; muy limitado acceso a operaciones de cuentas de capital para los particulares y empresas.
  • Mecanismos cambiarios que han cambiado de forma –nombre, organismo regulador, o tipos de tasas diferenciales– pero sin cambios de fondo. El mecanismo subsidiado pasa de CADIVI a CENCOEX a DIPRO, mientras que el otro mercado oficial pasa de SITME a SICAD (I y II), luego a SIMADI y DICOM. En todos los casos las divisas son escasas y el mercado negro se hace más relevante como marcador de precios (y más costoso).
  • Expropiaciones de empresas de todo tipo y bajadas obligadas de precios. Aunque ahora se usa una nueva modalidad para evitar el conflicto y la obligación de pagar las expropiaciones: las empresas son “intervenidas”.
  • Se sigue manteniendo una política de no informar ni aportar oficialmente data macroeconómica por parte del Banco Central u otras entidades oficiales. El resultado es que desde hace varios años no existe información oficial de crecimiento económico ni de inflación.
  • Los precios de bienes de todo tipo han seguido creciendo y los productos de consumo alimentario o de higiene personal son cada vez más escasos. La escasez de productos comienza a acelerarse en 2013, aunque en ese año aún se lograba completar una compra visitando varios establecimientos o varias farmacias para completar un récipe. En 2014 se inician las colas, escaseando cada vez mas los productos regulados. En 2015 la venta de estos productos se hace solo dos días a la semana dependiendo del último número de la cédula de identidad. En 2017 los productos de primera necesidad a precio regulado ya no se conseguían. En este escenario el gobierno crea las “Bolsas Clap – Consumo local de abastecimiento y Producción”, una caja que contienen algunos productos de primera necesidad que se venden a precios bajos o regulados y que requieren que el comprador adquiera previa identificación con su “Carnet de la Patria”, un registro de personas instaurado por el gobierno, para recibirlo.

Los servicios públicos fueron colapsando, con problemas en el servicio eléctrico que se fue deteriorando cada vez más, sobre todo en el interior del país, para evitar los apagones en Caracas, hasta que en 2017 comienzan también en la capital. El agua que siempre fue un problema recurrente, ahora se raciona todas las semanas, recibiendo el suministro solo en pocos días específicos, llegando a darse el caso de no recibir agua 3 o más días a la semana, los más afortunados, en ciertas zonas de Caracas y sin suministro por meses en algunas zonas del interior del país.

Las telecomunicaciones, con precios controlados por años posterior a la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones CANTV y su filial Movilnet, y las empresas operadoras de telecomunicaciones como Movistar o Digitel, sin acceso a divisas, también se deterioraron Como ejemplo, el ancho de banda de internet rara vez alcanza los 10Mb, probablemente es el más lento de la región. La prensa y otros medios de comunicación privados que quedan han sido acorralados con demandas o ausencia de insumos, por ejemplo, papel periódico. La principal fuente de información son las redes sociales, especialmente Twitter.

A principios del año 2018 el gobierno anunció la aparición del petro, una “criptomoneda” respaldada por las reservas petroleras venezolanas. Muchos han discutido si se trata realmente de una criptomoneda, ya que no tiene base de datos distribuida en cadena de bloques (blockchain). Es en este contexto que se anuncian las medidas a lo largo de los meses de julio/agosto de 2018, pero el grueso de estas se anunció el viernes 17 de agosto. Algunos las llaman paquetazo económico, viernes negro, por el día de la alocución presidencial con su anuncio, o viernes rojo, por el color distintivo del partido de gobierno. En conjunto, las medidas fueron las siguientes:

  •  Reconversión monetaria, mencionado y postergado varias veces, pasó de una eliminación de 3 ceros y finalmente a 5 ceros a la moneda, pasando de bolívares Fuerte (BsF) de 2008, a bolívares soberanos (BsS) de 2018.
  • Levantamiento de la norma que prohíbe las operaciones en divisas en el país (Ley de Ilícitos Cambiarios).
  • Exoneración del pago de impuesto sobre la renta a Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal, sus filiales, empresas mixtas, estén o no en el país.
  • Exoneración de impuestos de importación a rubros destinados a la actividad industrial.
  • Precios internacionales de la gasolina, con subsidio a las personas que tengan “Carnet de la Patria”.
  • Uso del petro como referencia para el valor del bolívar soberano. De esta forma, se fija el salario mínimo en medio Petro, a su vez fijado en 3600 BsS, ya que su valor es el de un barril de petróleo, USD 60 y un petro son BsS 60. La idea parece ser generar un ancla para estabilizar la economía.
  • Aumento del salario mínimo de BsF 3 millones a BsF 180 millones o BsS 1800, lo que equivale a un aumento de 60 veces. Dado el impacto financiero que representa a las empresas, el gobierno se comprometió a pagar los sueldos en la pequeña y mediana empresa por 90 días. Además, inicialmente indicó su entrada en vigor el 20 de agosto, después de decretar como feriado (festivo) ese día por la reconversión monetaria, que quitó 5 ceros a la moneda, para después pasar la fecha del aumento al 1 de septiembre.
  • El régimen cambiario pasa de 249.000 BsF por dólar DICOM en la última subasta, a 6 millones de BsF por dólar (o 60 bolívares soberanos). La tasa establecida por el Banco Central de Venezuela para las remesas era de BsF 4 millones.
  • Para el control del déficit fiscal estableció lo siguiente: aumento del IVA de 12% a 16%, pagos anticipados de impuesto sobre la renta e impuesto a las transacciones financieras. El gobierno anunció que el déficit fiscal sería de cero.
  • Convivencia de los conos monetarios, BsF y BsS.

Estas medidas tienen varios problemas, comenzando por el más obvio: un plan económico, para tener éxito, debe tener confianza. Una manera de aportar tal confianza es la participación de un externo en el plan, generalmente garantizando la caja necesaria para le implantación de las medidas por un tiempo prudencial. No hay ni ese tercero, ni la confianza de la población que está acostumbrada a planes huecos sin resultados. Pero además presenta varias contradicciones.

Por un lado, el gobierno anuncia que va a pagar el incremento de la nómina decretado (¡se dice rápido, pero es casi del 3000%!) de todas las pequeñas y medianas empresas por 90 días, siendo además el mayor empleador del país. ¿De dónde saldrán los recursos para pagar las nóminas propias, tanto del Estado como de las empresas del Estado, y las nóminas de pequeñas y medianas empresas? El gobierno ha incumplido compromisos anteriormente. Además, el gobierno declara que los precios de los artículos y bienes no pueden subir porque se encargará de pagar la nómina, sin definir cómo lo hará, pero a la vez devalúa la moneda en un país que produce muy poco y aumenta los impuestos, medidas ambas que suponen inevitablemente un aumento de costes.

Adicionalmente no menciona nada del control de la creación de dinero inorgánico por parte del Banco Central, práctica que es el origen de la hiperinflación. Es por esto por lo que no sería descabellado suponer que, si el gobierno hace el pago, dado que no tiene recursos, se recurrirá a este mecanismo para hacerlo. Pero además van a controlar el déficit fiscal, pero no se habla de reducción de gasto público. No hay respuestas a la crisis de los servicios públicos y sin ellos difícilmente se puede reactivar la actividad industrial.

La percepción inicial ha sido de mayor mortalidad de empresas, especialmente porque nuevamente están obligándolas a vender a pérdidas (llegando al extremo de llevar detenidos a los gerentes/dueños de cadenas de supermercados y tiendas) y con ello, generando mayor desempleo formal, tanto por el cierre de las empresas como por despidos masivos por no poder pagar las nuevas nóminas. A nivel microeconómico, los condominios (las comunidades) no están en capacidad de pagar el sueldo de conserjes y vigilantes y se esperan despidos también en esta área. Dado este escenario, la viabilidad de las medidas anunciadas parece muy, muy baja y es de esperarse nuevos anuncios económicos en pocos meses.

*María Inés Fernández es analista financiera y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello