Pedro Sánchez tenía varias opciones sobre la mesa para colocar al frente del Ministerio de Economía, pero al final se inclinó por la persona que le había recomendado Joaquín Almunia: Nadia Calviño. La funcionaria atesoraba un buen curriculum, concitaba consenso entre los poderes económicos y, además, era mujer, una circunstancia que pesó mucho a la hora de confeccionar el gobierno.

Calviño no tiene el poder de otros ministros de Economía (como Rato o Solbes), que fueron al mismo tiempo vicepresidentes del gobierno, pero preside la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, lo que la convierte en primus inter pares del equipo económico de Sánchez (que, no olvidemos, es doctor en Economía).

La ministra, parca en palabras hasta hace poco, ha vuelto de vacaciones con ganas de hablar. Su locuacidad coincide con la negociación abierta entre el gobierno y Podemos para alcanzar un acuerdo que permita aprobar el presupuesto de 2019 (para lo que también haría falta el apoyo de PNV, ERC y PDECat).

La tramitación parlamentaria será complicada. El truco para eludir el veto del Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) en la aprobación del techo de gasto, paso previo al presupuesto, genera dudas razonables sobre su legalidad y tanto el Grupo Popular como Ciudadanos han anunciado que harán todo lo posible para frenar la añagaza, entre otras cosas, utilizando su mayoría en la Mesa de la Cámara.

El año próximo se producirá una subida de tipos y habrá menor crecimiento. Lo que propone Sánchez es subir el gasto y los impuestos

Al margen de las dificultades legales, la negociación política tampoco será un camino de rosas. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, le advirtió al presidente en la sesión de control que si no insta a la Fiscalía para que cambie su posición sobre los políticos presos del procés su grupo no apoyará las cuentas del Reino, lo que demuestra, además de la inflexibilidad y el grado de exigencia de los independentistas, el concepto que tienen sobre la separación de poderes que debe regir en todo estado de derecho.

Pues bien, en ese escenario un tanto asilvestrado, el gobierno ya ha anunciado por boca del presidente (lo hizo en la entrevista de La Sexta con Ana Pastor) que se ha aceptado la petición de Podemos para subir el IRPF a las rentas superiores a los 140.000 euros brutos, además de otras subidas al impuesto de sociedades o al diesel.

Este miércoles El Independiente adelantaba que Podemos está en plena negociación con Hacienda para subir el tipo del ahorro a esas mismas «rentas altas» hasta el 30%.

Calviño debería recordar lo que ocurrió cuando Solbes era ministro de Economía y Zapatero presidente del gobierno

Calviño se ha sumado al agitprop en favor de la subida de impuestos de forma decidida. La semana pasada aseguró en un desayuno de Nueva Economía: «No sólo no propugno una bajada de impuestos, sino todo lo contrario».  Dos días antes argumentó su tesis en un extenso artículo en Expansión. El pasado martes, en Frankfurt, advirtió que «antes o después volverá a haber una crisis económica». «Nuestro objetivo -añadió- es que sea lo más tarde posible y que la economía sea sólida y robusta para evitar los ajustes de la última crisis» (se refiere a la que estalló con otro gobierno socialista).

La advertencia se produjo una semana después de que el presidente del BCE, Mario Draghi, revisara a la baja las previsiones de crecimiento de la zona euro para 2018 y 2019. La revisión fue acompañada del anuncio de reducción de compra de deuda desde 30.000 millones al mes a 15.000 millones y de la ratificación de que, a partir de 2019, el BCE dejará de comprar deuda soberana.

Eso ¿qué significa? Pues que a partir del año próximo se producirá una subida de los tipos de interés, que el BCE tiene amarrados en el 0% desde marzo de 2016. Para un país como España, cuya deuda supera el billón de euros (algo parecido a nuestro PIB) eso implica que el coste financiero de la deuda subirá, con lo que el Estado tendrá menos margen para gastar, si es que el gobierno quiere cumplir el objetivo de déficit. También conlleva unas mayores tasas para créditos hipotecarios, a empresas y al consumo.

La ministra se ha sumado al agitprop en favor de la subida de impuestos de forma decidida

La perspectiva de menor crecimiento (a lo que contribuirá aunque sea ligeramente la crisis en Turquía y Argentina y la guerra arancelaria desatada por China y EEUU), junto a la subida de tipos, supondrá en 2019 una merma de los ingresos públicos que, lógicamente, Economía aún no ha estimado.

Lo que tenemos, eso sí, es una previsión del aumento del gasto público para contentar a Podemos, lo que, con una perspectiva de menores ingresos, no es lo mejor para la economía del país si uno quiere que la «próxima crisis» nos coja en mejores condiciones que la que estalló tras la caída de Lehman Brothers hace ahora 10 años.

La ministra del ramo propone subir impuestos como fórmula ideal para cubrir ese desfase entre ingresos y gastos.  En su intervención en Nueva Economía arguyó que la bajada de impuestos que llevó a cabo el gobierno de Rajoy en 2015 supuso una pérdida de ingresos de 12.000 millones en dos años y eso impidió reducir de forma más apreciable el déficit público, que en 2018 cerrará en el 2,7% del PIB.

La parte sustancial de la bajada de impuestos de Rajoy ha ido al consumo y, por tanto, al crecimiento del PIB y del empleo

Es un argumento tramposo, porque da por hecho que esos 12.000 millones se han volatilizado o que están guardados en los bolsillos de los contribuyentes. Eso no es así. Como sabe la ministra, la parte sustancial de ese ahorro fiscal ha ido al consumo y, por tanto, al crecimiento del PIB y del empleo.

Creer que una subida de impuestos a rentas de más de 140.000 euros no va a tener consecuencias en el consumo resulta un tanto naif. Probablemente lo que suceda es que habrá una caída de la demanda interna, haciendo aún más sensible la desaceleración que ya se percibe con claridad.

Calviño debería recordar lo que le ocurrió a su antecesor Pedro Solbes, quien confesó en su libro Recuerdos (Ed. Deusto 2013) que el presidente y él tenían «una percepción distinta de la crisis».

El entonces presidente del gobierno se negaba a recortar el gasto público, mientras que el vicepresidente y ministro de Economía, era partidario de aplicar un duro ajuste, además de propugnar recortes en pensiones y salarios para ganar en competitividad. La insistencia de Zapatero en el error -o, lo que es lo mismo, negarse a ver la realidad- llevó a este país al desastre de 2011: más de cinco millones de parados y un déficit público cercano al 10% del PIB.

La insistencia de Zapatero en el error -o, lo que es lo mismo, negarse a ver la realidad- llevó a este país al desastre

La ministra de Economía ahora propugna subir impuestos y salarios (lo mismo que Zapatero). Cada decisión económica tiene sus consecuencias y suelen ser variadas. No hay nunca una sola consecuencia. La subida de salarios produce mayores ingresos a la seguridad social y mejora el nivel de vida de los asalariados… a corto plazo. A medio plazo reduce la competitividad y puede llevar a pérdidas de empleo.

No hay que ser alarmistas. La economía terminará este año en torno al 2,5% del PIB y el año que viene posiblemente se sitúe en torno al 2%. Pero hay que ser previsor para «la próxima crisis» y las medidas que se apuntan para el presupuesto de 2019 no son precisamente las mejores para fortalecer la economía, sino todo lo contrario.

Esperemos que Calviño rectifique, imponga su autoridad, y no cometa las mismas equivocaciones que Solbes, que terminó arrepintiéndose de no haberse marchado antes del gobierno de Zapatero.