Un antiguo ministro, no importa de qué gobierno, hacía este miércoles en una conversación privada una consideración que nadie podría discutir: que si hay dos carteras ministeriales que exigen una autoridad moral fuera de cualquier duda -dando por sentado que la limpieza en la trayectoria personal es algo reclamable a todo servidor público- esas dos carteras son la de Defensa y la de Justicia. La ministra de Defensa puede haberse equivocado a la hora de administrar el asunto de la venta de las bombas de precisión a Arabia Saudí pero eso no daña en absoluto su reputación personal. Quiere esto decir que a Margarita Robles no la habrán grabado nunca en plena cuchipanda con un comisario del que ya eran más que conocidos sus oscuros manejos en las llamadas cloacas del Estado y en las cloacas a secas. Pero a la actual ministra de Justicia sí y eso es lo que está arrasando su prestigio profesional, ya dañado de antemano, porque ella era entonces fiscal de la Audiencia en ejercicio.

Dolores Delgado ha tenido una ejecutoria desastrosa desde el comienzo de su mandato. Su posición ante la demanda civil que los independentistas fugados de la Justicia española, que suponía que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sería llamado a declarar ante un juez belga, provocó el estupor y la indignación no sólo del Poder Judicial sino de la mayor parte de los españoles. Porque la ministra decidió y anunció públicamente -seguramente sin pensárselo mucho, algo que parece ser consustancial a su carácter- que estábamos ante un "acto privado".

Dolores Delgado ha tenido una ejecutoria desastrosa desde el comienzo de su mandato

El juez había declarado a propósito de los imputados en el proceso en curso que "se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados". Esas palabras fueron manipuladas por las defensas de Puigdemont y los demás ex consejeros independentistas fugados, pero antes de que se descubriera la maniobra, la ministra Dolores Delgado había hecho saber que "el Ministerio de Justicia no pagará en ningún caso la defensa del magistrado del Tribunal Supremo por los actos privados que se le atribuyen".

Cuando otros ministros de Gobierno Sánchez se dieron cuenta de la envergadura del error y propiciaron que el propio presidente desmintiera a su ministra y declarara desde Chile que "la defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado" ya era demasiado tarde para disimular que la responsable de Justicia no sólo no se había enterado del problema que le había llegado a las manos sino que no había comprendido en absoluto su enorme dimensión que implicaba nada menos que a la soberanía jurisdiccional de España. Los desmentidos, las rectificaciones y las declaraciones torrenciales que emitió después de su colosal error no pudieron borrar la mancha indeleble de sospecha que había caído sobre su incapacidad para ocupar el cargo.

Las conversaciones rigurosamente impropias de una fiscal con uno de los personajes más oscuros de la Policía la han dejado desnuda ante sus propias imprudencias

Por eso ahora llueve sobre mojado. Rectifico: no llueve, se ha desatado un auténtico temporal sobre la ministra. La publicación de sus conversaciones amistosas, distendidas, relajadas, descaradas, impúdicas y rigurosamente impropias de una fiscal de la Audiencia Nacional en ejercicio, con uno de los personajes ya entonces más oscuros de la historia de la Policía la han dejado desnuda ante sus propias imprudencias. Y no se trata de si llamó "maricón" a su ahora compañero de Gobierno y entonces compañero en la Audiencia Nacional, el juez Grande-Marlaska. Eso la desacredita seriamente como mujer progresista defensora de las causas de exigencia de respeto hacia los colectivos LGTBI y daña de rebote a la imagen que pretende exhibir este Gobierno pero no la inhabilita como ministra de Justicia.

Lo que la hace tambalear muy seriamente en el cargo es que la fiscal intercambió con el comisario Villarejo  y el resto de los comensales, todos altos mandos de la Policía más el todavía juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, información sobre diligencias policiales y causas judiciales relacionadas con su cometido de fiscal en la Audiencia Nacional. Eso, y la constatación de que ha intentado eludir su responsabilidad con un puñado de comunicados contradictorios en los que ha quedado de manifiesto que, en su afán por escapar, ha mentido reiteradamente a la opinión pública, completan el panorama.

Lamentablemente, no ha quedado ahí la cosa, con ser algo de extrema gravedad. La segunda entrega del portal moncloa.com mete a la ministra en un lío monumental y deja su prestigio profesional definitivamente por los suelos. Porque Dolores Delgado cuenta en esa misma comida con Villarejo y otros policías que en el transcurso de unos cursos de formación llamados Aula Iberoamericana que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) organizó en Cartagena de Indias (Colombia) entre 2001 y 2009, ella vio a jueces del Tribunal Supremo y a fiscales de la Fiscalía General manteniendo contactos con propósitos evidentemente sexuales con menores de edad.

El calibre de la acusación es extraordinario y obliga de inmediato a hacer la pregunta que ha formulado ya Izquierda Unida: "¿Y por qué no alertó a las autoridades colombianas de esos posibles delitos?". Porque ella debería saber que en Colombia se persiguen judicialmente esas actividades. Pero es que, además, ese relato evidencia varias cosas. Una, el grado de amistad y extrema confianza que la ministra mantenía con sus interlocutores, todos alrededor del oscuro Villarejo con quien celebraban alegremente la concesión a éste de una medalla. Dos, su grado de de frivolidad al contar una escena semejante como si fuera una anécdota llamativa, sin darse cuenta de que estaba poniendo en la picota a los representantes de la cúpula del Poder Judicial. Tres, su falta de profesionalidad porque, si eso sucedió como cuenta, hay que recordar que ella es fiscal, es decir, titular de la acción penal que puede y debe actuar de oficio, además de a solicitud de la víctima. Cuatro, su grado de frivolidad al asegurar que las personas de las que supuestamente se hacían acompañar los magistrados del Tribunal Supremo y los miembros de la Fiscalía General del Estado eran menores, circunstancia que no se molestó en acreditar antes de formular una acusación de esa envergadura. Todos esos elementos se suman para acreditar que la señora Delgado es una insensata, característica que resulta del todo incompatible con el ejercicio del cargo de ministra de Justicia.

Pero aún hay más. La agencia Europa Press publicaba ayer por la tarde que "al CGPJ no le consta que Delgado asistiera a ninguno de los cursos en Colombia" de los que habló ante Villarejo. Es decir que, revisados los participantes en los cursos de formación Aula Iberoamericana que el CGPJ organizó en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, "Dolores Delgado, no figura entre los asistentes". En una palabra, que ella no estaba o no formaba parte de la comitiva oficial. Por esa razón, magistrados del TS consultados por la agencia de noticias sugieren que o había acudido a otro evento o "estaba allí acompañando al juez Baltasar Garzón".

Sánchez no puede mantener nada menos que como Notaria Mayor del Reino a quien desmiente con su sola presencia la voluntad higienizante de su mandato

Todas esas consideraciones sumadas no pueden producir una impresión más deplorable. Pero hay que advertir  a los lectores de que con la información publicada este miércoles por moncloa.com no se ha acabado el relato. Va a haber más entregas que, según parece, van a dejar aún más hundida la reputación de la todavía ministra de Justicia.

Habrá que esperar a leer los siguientes capítulos pero, llegados a este punto, es ya muy evidente que el presidente del Gobierno que declaró solemnemente que llegaba al cargo para abordar la regeneración democrática del país no puede, sin hundirse él mismo junto con todo el equipo gubernamental, seguir manteniendo nada menos que como Notaria Mayor del Reino y ministra de Justicia a una persona que desmiente con su sola presencia la voluntad higienizante del sistema que él asegura que inspira su mandato. Dolores Delgado no puede sostenerse en el cargo so pena de hundir al Gobierno entero.