Creo que el PSOE, atrapado como está en la necesidad de obtener el visto bueno de ERC para que su secretario general sea por fin investido presidente del Gobierno, está intentando vendernos una moto muy, pero que muy defectuosa, por decirlo de un modo moderado.

La interpretación que hacen los socialistas de la intención de la pregunta efectuada por los independentistas republicanos catalanes a sus bases, según explica en estas páginas Carmen Torres, es que los de ERC renuncian a la vía unilateral y que lo que al final sucederá es que se someterá a un referéndum en Cataluña un nuevo estatuto o la reforma del que ya existe.

Dejemos de momento al margen la duda y la profunda desconfianza que produce la sugerencia de hacer un nuevo Estatuto para Cataluña o reformar el actual porque habría que preguntar inmediatamente si lo que se pretende es otorgar todavía más competencias -y cuáles- a esa comunidad autónoma o si lo que se busca es devolverles por algún oscuro procedimiento los pocos pero imprescindibles recortes que aplicó el Tribunal Constitucional. Porque si eso fuera así habría que acusar el propio PSOE de desobedecer las sentencias de los tribunales, un delito por el que varios de los independentistas han sido inhabilitados ya o están en riesgo de serlo. Y habría que oponerse frontalmente a ello.

Desde el PSOE se está intentando hacer creer a la población que esta negociación no pone en peligro la propia defensa del sistema democrático"

Pero estas son suposiciones. Lo que es un hecho es que desde el PSOE se está intentando hacer creer a la población, sus votantes incluidos, que esta negociación que empieza formalmente mañana -aunque los contactos entre dirigentes de ambos partidos llevan ya varias semanas, incluso meses produciéndose- no pone en peligro la propia defensa del sistema democrático que los sucesivos gobiernos han mantenido frente al secesionismo desde el otoño del 2017, cuando la apuesta por la ruptura de España se hizo realidad política. Porque sí la pone en peligro.

De aquellos gravísimos acontecimientos de octubre de 2017 se siguió el procesamiento judicial de varios de los líderes independentistas que hace apenas mes y medio han sido condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación. ¿Podrían Pedro Sánchez y los suyos explicar sin ponerse colorados con qué cara van a pedir a la Unión Europea, a los tribunales de nuestros socios en la UE y al resto de las democracias occidentales que sigan apoyando a España en su batalla contra quienes ha atacado la unidad de nuestra nación si ahora resulta que el candidato socialista suplica a estos mismos atacantes que le hagan el favor de permitirle acceder a la presidencia del gobierno y negocia a cara descubierta acuerdos con ellos?

Si son lo suficientemente fiables como para pactar con los secesionistas tratos que faciliten no sólo la investidura sino la propia gobernabilidad del país, ¿qué hacen nuestros jueces pidiendo la entrega a España de los fugados de la acción de la Justicia? En definitiva éste es un engaño a sus propios votantes, una trampa, una burla a la Justicia y una estafa política. Eso es lo que el PSOE está dispuesto a cometer.

Porque no olvidemos que había otra opción para que Sánchez fuera investido. Tras las elecciones de abril la opción era un pacto con Ciudadanos, que el candidato socialista ni intentó y, tras los comicios de noviembre, un acuerdo con el PP y lo que quedaba de Ciudadanos que el presidente en funciones tampoco se ha molestado en explorar.

Al contrario, asumiendo el ridículo de tener que tragarse sus palabras y de poner buena cara a un socio que tan sólo unos días antes consideraba un verdadero peligro para la estabilidad de un Gobierno presidido por él, optó por abrazarse a un Pablo Iglesias a pesar de que el líder morado había perdido alrededor de 700.000 votos, casi tantos como había perdido él. Sabía que con eso cegaba la posibilidad de cerrar acuerdos con los partidos de centro derecha y que su decisión le obligaba por lo tanto a acudir en situación de evidente debilidad a aquellos que habían intentado reventar la Constitución y romper la unidad de España. Una elección disparatada e irresponsable que va a tener con seguridad consecuencias muy negativas para el país.

Evidentemente, la decisión directamente insensata y dañina de Pedro Sánchez de convertir en interlocutores fiables a personas investigadas por posibles delitos en relación con la declaración de independencia de Cataluña, como es el caso de Josep María Jové, o del número dos de Oriol Junqueras, un dirigente que cumple condena por sedición, como es el caso de Pere Aragonés, lo que hace es blanquear su historial político y mandar un mensaje al mundo entero que dice lo siguiente: "La condena a los sediciosos ha sido un error, desde el Gobierno no sólo no la tenemos en cuenta sino que elevamos a sus miembros no encarcelados a la honorable categoría de interlocutores políticos lo suficientemente válidos para permitir nada menos que la constitución del Gobierno de España. Es decir, que de lo dicho nada, pelillos a la mar y yo a la investidura".

Si Sánchez obtiene la abstención de ERC para ser investido y forma gobierno con Podemos habrá asestado una puñalada mortal al crédito internacional de nuestro país"

Porque, claro, la impostura del entorno de Pedro Sánchez según la cual sólo van a negociar dentro de los márgenes que marcan las leyes y la Constitución no hay manera de que resulte creíble entre otras cosas porque ERC, que fue la responsable de que Puigdemont se desdijera de su decisión de convocar elecciones en Cataluña y no declarar la independencia -no hay que olvidar esto- sabe perfectamente que la menor cesión que haga al Gobierno en esas negociaciones en las que se va a hablar de todo - es decir, de amnistía, de derecho de autodeterminación, de otro referéndum ilegal- porque no va a haber líneas rojas, supondría que los de JxCat, con Puigdemont al mando, les ganen las próximas elecciones en Cataluña, además de acusarles de traidores. Y a eso ni pueden ni quieren arriesgarse.

Es decir, que ERC no se va a comportar de manera distinta a como se ha comportado hasta ahora. Primero, porque no le interesa y, además, porque no se lo puede permitir. La versión que intenta colocarnos el PSOE no se sostiene. Del mismo modo que no se sostiene que los de Podemos se vayan a convertir en unos corderitos mansos por el efecto balsámico que producirá en ellos, por lo visto, el hecho de sentarse en torno a la mesa del consejo de ministros.

Eso lo veríamos en cuanto la parte socialista del Gobierno intentara cumplir por lo menos con alguno de los compromisos asumidos públicamente por Sánchez en el sentido, por ejemplo, de restituir en el Código Penal el delito de convocar un referéndum sin tener competencias para ello. A ver qué dirán entonces los de Pablo Iglesias o los de Oriol Junqueras. No, ese gobierno, si se constituye finalmente, va a estar atado de pies y manos por quienes han permitido su constitución, y eso se lo van a cobrar al contado cada día que transcurra desde su toma de posesión.

No nos engañemos: si llega a obtener la abstención de ERC para ser investido y forma gobierno con los de Unidas Podemos, no sólo tendrá que gobernar con limitaciones políticamente decisivas para la supervivencia de la democracia española sino que habrá asestado una puñalada mortal al crédito internacional de nuestro país. Esta es la verdad.

La investidura de Sánchez nos va a salir dramáticamente cara si esta deriva insensata se mantiene. Por eso se hace necesario insistir a Casado y a Arrimadas para que, aunque el candidato socialista no se lo haya pedido, den un paso al frente y ofrezcan su abstención. Es ya un ruego.