No han sido únicamente las comunidades gobernadas por el PP las que reclamaban su dinero sino también muchas de las gobernadas por el PSOE pero todas ellas han salido derrotadas por el Gobierno. La interminable reunión de casi cinco horas ayer tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se saldó con la imposición de la ministra María Jesús Montero de la fórmula que había ideado para sortear la reclamación mayoritaria de los consejeros de Hacienda de casi todas las comunidades autónomas: relajar la senda de déficit de modo que hasta 2022 no tengan que cumplir con el compromiso de equilibrio presupuestario.

Pero no era eso lo que reclamaban. Reclaman su dinero porque, como explicaba Valeriano Martínez, consejero de Hacienda de Galicia, permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación."No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen, y que no es lo mismo". Esta era a la entrada de la reunión la reclamación de la inmensa mayoría. Y esta fue la protesta a la salida del Consejo de casi todos los consejeros, aunque el ruido lo hicieron los de las comunidades del PP.

Pero se van a quedar con las ganas porque la ministra del ramo no ha cedido más que en lo que ya tenía decidido antes de sentarse a la mesa de la negociación y que fue convenientemente filtrado unas horas antes.

Son 2.500 millones de euros los que Hacienda debe a las comunidades: 537 millones a Andalucía, la principal acreedora; 281 millones a Valencia; 200 a Galicia; 130 a Castilla-La Mancha. Madrid ya ha iniciado la vía de la reclamación judicial.

Es mucha la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de transferir a las CCAA en 2019 a cuenta del 50% del IVA de noviembre de 2017. Y ése precisamente el dinero lo que los gobiernos autonómicos reclamaban y van a seguir reclamando ahora que han comprobado cómo el presidente del Gobierno ha ofrecido por escrito al todavía presidente catalán Quim Torra no menos de 1o compromisos que suponen una mayor y mejor financiación para Cataluña, lo cual convierte en aún más sangrante el diferente trato recibido.

No han sido únicamente las comunidades gobernadas por el PP las que reclamaban su dinero sino también muchas de las gobernadas por el PSOE pero todas ellas han salido derrotadas por el Gobierno

El hecho de que el señor Torra no haya hecho ni caso de los folios que le puso sobre la mesa Pedro Sánchez en su reunión del jueves y el hecho de que el presidente de la Generalitat se los intentara devolver creyendo que se trataba de unos meros apuntes de Sánchez demuestra que esos 41 puntos que componen la "Agenda para el Reencuentro" que llevaba el líder socialista no fueron abordados en el transcurso de su conversación ni siquiera de un modo superficial.

Pero eso no quita para que ayer mismo el presidente del Gobierno manifestara taxativamente que esos 41 puntos se iban a cumplir porque el Ejecutivo que él preside tiene vocación de actuar, no sólo de proponer y de negociar. Es decir, que estamos hablando de compromisos que se van a traducir en realidades en un plazo prudencial .

Pero el hecho de que Pedro Sánchez, haya prometido más margen financiero a Cataluña en la reunión que mantuvo este jueves con el todavía presidente de la Generalitat convierte a esa comunidad en protagonista de una negociaciación privilegiada. Eso lo dicen los consejeros del PP pero lo piensan también los del PSOE que consideran además que el hecho de que el presidente ofrezca a Cataluña mejoras de financiación y más recursos constituye una absoluta irregularidad porque ese tipo de cuestiones deberían decidirse en el seno de las reuniones del consejo de Política Fiscal y Financiera.

Precisamente unas reuniones a las que el consejero de Hacienda catalán no suele asistir y no asistió tampoco ayer, lo cual convierte en todavía más sangrante el agravio comparativo que se percibe en todas las demás comunidades. Es verdad que Pere Aragonés mandó en su lugar a la secretaria del Departamento de Economía cuyo papel ha sido el de un mero oír y callar puesto que el reglamento del CPFF dice que si el consejero no puede acudir deberá ser sustituido por otro consejero y no por nadie de rango inferior.

La explicación de estas ausencias de los consejeros catalanes de Hacienda -ésta no es la primera vez que no acuden- es el propósito de los independentistas catalanes de lograr finalmente su tan ansiada relación bilateral con el Gobierno mientras Cataluña no sea por fin independiente.

Y a tenor de los compromisos asumidos por Sánchez ante Torra sin que éste se haya dignado siquiera a posar sus ojos en esos cuatro folios que el presidente del Gobierno le llevó a modo de ofrenda, se diría que el secesionismo está a punto de conseguir esa bilateralidad que distinga a Cataluña de las "comunidades del montón" es decir, de todas las demás.

Pero eso es algo que puede provocar una ola de conflictos en el resto de España de muy difícil solución porque desde que en los años 80 Andalucía rompió la barrera de las comunidades de "primera" y de "segunda" -artículos 143 y 151 de la Constitución- ya no es posible en España establecer trato diferenciado y mejor a unas comunidades que a otras sin generar un conflicto de notables dimensiones. Con la particularidad constitucionalizada del régimen del País Vasco ya tenemos suficiente.

No vayamos a pasar de la falsaria y manipuladora frase de "España nos roba" a la no menos terrible "Cataluña nos roba" por culpa de un Gobierno miope

Y sucede que lo que está ocurriendo con Cataluña en los últimos tiempos amenaza tormenta en el resto de España porque al trato privilegiado que el presidente ofrece a esta comunidad para intentar aplacar la actitud desafiante de los independentistas se suma indefectiblemene la irritación creciente del resto de las comunidades ante la constatación de que se pretende premiar desde el Gobierno a aquellos que buscan romper España.

Y eso es algo que no van a tolerar fácilmente presidentes autonómicos, tampoco los socialistas. Ahí está, por ejemplo, el aragonés Javier Lambán, del PSOE, que dijo ayer al presidente del Gobierno que cuando se reúna con él en Zaragozale dé a Aragón "exactamente el mismo tratamiento" que le está dando a Cataluña y que cumpla también con las inversiones en Aragón de acuerdo con lo que fija su Estatuto de Autonomía, que habla de que entre el 6 y el 10 por ciento de las inversiones totales del Estado se hagan en esa Comunidad.

Y lo mismo por lo que se refiere a Barcelona. El presidente y la alcaldesa Ada Colau han firmado un acuerdo que recupera para la capital catalana el liderazgo cultural y científico y que supondrá en torno a unos 26 millones de participación del Estado en la ciudad. Lambán también recordó que él ya había planteado la idea de la capitalidad compartida para una serie de ciudades, entre las que ha citado, además de a Zaragoza, a Valencia, Bilbao, Sevilla y Barcelona.

Así que ojo, porque el agravio comparativo, que ya existe en estos momentos respecto de Cataluña, puede acabar incrementando el sentimiento de discriminación entre las comunidades digamos "no conflictivas" y acabar generando un problema, éste sí, de imposible compostura.

No vayamos a pasar de la falsaria y manipuladora frase de "España nos roba" a la no menos terrible "Cataluña nos roba" por culpa de un Gobierno miope, más ocupado en resolver sus propias necesidades que en respetar los intereses de todos los españoles .

No han sido únicamente las comunidades gobernadas por el PP las que reclamaban su dinero sino también muchas de las gobernadas por el PSOE pero todas ellas han salido derrotadas por el Gobierno. La interminable reunión de casi cinco horas ayer tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se saldó con la imposición de la ministra María Jesús Montero de la fórmula que había ideado para sortear la reclamación mayoritaria de los consejeros de Hacienda de casi todas las comunidades autónomas: relajar la senda de déficit de modo que hasta 2022 no tengan que cumplir con el compromiso de equilibrio presupuestario.

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