Tiempo habrá para discutir técnicamente, yo no me atrevo a pronunciarme, sobre el acierto o error de las medidas sanitarias adoptadas, pero lo cierto es que estamos en una situación de emergencia social. No tengo ninguna duda y desde aquí insisto en hacer un llamamiento generalizado a que todos sigamos las recomendaciones y apoyemos las medidas adoptadas por el Gobierno. Y, hoy más que nunca, apoyemos a nuestros representantes en esta lucha que a todos nos concierne y que no conoce de ideologías o de geografía.

Pero esta situación de crisis y el consiguiente apoyo a nuestro Gobierno en las medidas adoptadas, no conlleva la desaparición de la capacidad crítica o del sentido común de los ciudadanos y de los políticos. Tampoco parece lógica la reclusión del Derecho en las catacumbas, mucho menos cuando nuestro ordenamiento constitucional recoge las pautas a seguir en estos casos, garantizando la necesaria seguridad jurídica. Pues bien, el Gobierno de Sánchez, parece que sin ninguna objeción por parte de la oposición, se lo ha saltado a la torera. Y España no es China. Estamos en una democracia y el Derecho, recuerdo, es el último baluarte que garantiza nuestra libertad.

Defiendo que nuestro Ejecutivo actuó tarde. Seamos claros: el Gobierno socialcomunista no le dio la importancia suficiente a la alerta sanitaria o la pospuso por motivos políticos, aún sabiendo de la gravedad de la misma. Incompetencia y/o bastarda utilización política absolutamente incompatibles con la falta de asunción de responsabilidades una vez pase la crisis actual.

La tardanza del Gobierno propició que fueran los autonómicos los que actuaran en primera instancia

Pero lo peor de todo es que el Gobierno justifique la demora en su actuación detrás de informes científicos, sobre todo después de lo ocurrido en Italia. Dicha tardanza propició que fueran los Gobiernos autonómicos los que actuaran en primera instancia, en algunas ocasiones suspendiendo derechos fundamentales básicos como el de libre circulación, sin tener competencia alguna para ello. Hago un inciso: ninguno de esos gobiernos regionales estaba gobernado por el PSOE o por Unidas Podemos, lo que pone de manifiesto las consignas claras de ambos partidos respecto al coronavirus. No de otra manera deben entenderse declaraciones que, en cualquier país serio, hubieran supuesto la dimisión fulminante de, por ejemplo, un Alcalde de Sevilla que consideraba que debería ser ¡la Organización Mundial de la Salud! quien le llamara para que no se celebrara la Semana Santa y la Feria de Abril, o las propias del Presidente castellano manchego aludiendo indignamente a que la cuestión estribaba en que algunos querían tener más vacaciones. Simplemente indignantes.

Recuerdo también que unos países han actuado antes que otros y adoptado decisiones diferentes que van desde meras recomendaciones al cierre inmediato de fronteras. De lo anterior se deduce, sin duda, que, quien decide, cuándo y de que manera, se apellida Sánchez, Macron o Trump. Efectivamente, así es. Las reglas del juego democrático indican que son nuestros políticos quiénes deciden, avalados siempre por informes técnicos, que no dejan de ser eso: informes que favorecen que la decisión política a adoptar sea la correcta. Siempre. Insisto, siempre. En toda circunstancia. En situaciones de emergencia o en la mera aprobación de un plan general urbano;  a la hora de cerrar (o no) una central nuclear, comprar un modelo de avión u otro, o valorar si se puede celebrar en España una cumbre internacional sobre los efectos climáticos ¿Alguien cree en serio que los políticos no están asesorados? Siempre lo están. Otra cuestión es que acierten posteriormente con la decisión que adopten a partir de dichos criterios técnicos, no siempre coincidentes, dicho sea de paso a aquellos defensores de una tecnocracia irreal que todo lo cura.

Por eso no encuentro justificación alguna para que, cuando todo va bien, algunos políticos se pongan las medallas y, si aparece algún problema, no lo asuman con la suficiente honestidad y coraje personal e institucional, escondiéndose detrás de los técnicos. Hasta donde yo conozco, el Presidente del Gobierno se apellida Sánchez, no Simón ¿O me equivoco?

No pido milagros, pero sí coherencia personal y política, liderazgo en estos momentos de crisis

Como demócrata y estudioso de la res publicae, hablando de la realidad técnico-política actual, tengo que puntualizar esta cuestión. Al César lo que es del César… y al técnico lo que le corresponde. Todo ello valorando ¡qué duda cabe! que esta situación es terriblemente compleja e imposible de resolver sin coste alguno. No pido milagros, pero sí coherencia personal y política, liderazgo en estos momentos de crisis, alejamiento de postureos y asunción de la importancia que los cargos políticos conllevan siempre, y mucho más, ahora.

La declaración del estado de alarma resulta también jurídicamente inadecuada, algo que, sin duda alguna, conllevará problemas políticos importantes. Es a esta última cuestión a la que me voy a referir a continuación.

La suspensión general del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, según indica la literalidad del artículo 55.1 de nuestra Constitución, sólo se permite en la declaración de los estados de excepción y de sitio, regulados en el artículo 116 de nuestra Carta Magna y desarrollados en la Ley orgánica 4/1981 de los estados de alarma excepción y sitio. A contrario se colige, es evidente, que no cabe dicha suspensión en la declaración del estado de alarma; b) el estado de alarma está previsto, efectivamente, para casos de crisis sanitarias o epidemias, como expresa el artículo 4 de la ley orgánica citada; c) de ambas cuestiones se desprende que, si existe una pandemia como la actual, se puede decretar el estado de alarma; pero en el mismo momento que se afecte al ejercicio de cualquier derecho fundamental (por ejemplo el de libre circulación del artículo 19 CE) debe activarse el estado de excepción.

Para hablar de suspensión no es necesario que el derecho fundamental restringido desaparezca por completo, sino que su ejercicio real sea imposible

Algún lector me puede indicar que no se está suspendiendo derecho alguno, que el Decreto solo  limita, «restringe» su uso, en aras de un bien mayor. En primer lugar matizo que no discuto ni la bondad de los fines perseguidos (garantizar la vida y la salud pública general) ni las medidas concretas adoptadas en el Decreto de declaración del estado de alarma: confinamiento general, cierre de fronteras, incluso la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión. Reitero que hay que ir todos a una y respaldar la actuación del Gobierno. Lo que niego es que dicha limitación o restricción teórica del ejercicio de los derechos fundamentales no sea, en realidad, una suspensión en toda regla de los mismos, que es lo que realmente ocurre en este caso.

 Es cierto que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales se encuentra sometido a los límites necesarios para la convivencia en sociedad y su realización también por parte de los demás ciudadanos. Ahora bien, una cosa es limitar, restringir el ejercicio de un derecho y otra muy distinta, suspenderlo. Nuestro Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 8 de su sentencia 11/1981, indica que para hablar de suspensión, es precisa la afectación al contenido esencial del derecho, algo que tiene lugar, bien cuando la norma regula el derecho fundamental de tal manera que este se hace irreconocible, o bien cuando se le somete a limitaciones tales que su ejercicio es imposible o más difícil de lo razonable y no se pueda proteger.  Para hablar de suspensión no es necesario, por lo tanto, que el derecho fundamental restringido desaparezca por completo, sino que su ejercicio real sea imposible o quede tan desdibujado que no pueda protegerse. Y este es el caso que nos ocupa.

Soy consciente de que la declaración del estado de sitio significa que el Gobierno hubiera debido solicitar del Congreso de los Diputados la debida autorización y que éste debería también autorizar cualquiera de los cambios normativos. Ello hubiera conllevado la pérdida de cuarenta y ocho o setenta y dos horas para la entrada en vigor de las medidas. Pero, seamos serios: después de las dudas gubernamentales evidentes desde hace demasiados días, de la comparecencia del Presidente Sánchez ¡un viernes! para avisar de que el estado de alarma iba a entrar en vigor de manera efectiva ¡el domingo siguiente! ¿no hubiera sido mejor hacerlo como la normativa constitucional indica?  En el lado positivo, haber hecho las cosas bien, es decir, utilizado el procedimiento de declaración del estado de sitio, hubiera legitimado aún mas tan complejas decisiones como las adoptadas, posibilitando que los diferentes grupos políticos hubieran expuesto sus propuestas en público, lográndose una imagen de mayor unidad.

Sin obviar estas críticas, no quiero concluir sin recordar de nuevo que ahora lo importante es que arrimemos todos el hombro para no sucumbir ante la emergencia sanitaria y la crisis social y económica que nos espera. España lo merece. Los españoles lo merecemos. Pero ahora, más que nunca, debemos también apoyar al Gobierno sin fisuras, colaborando en aquello que podamos. Nos va mucho en este envite que, estoy seguro, ganaremos.


José Manuel Vera Santos es Catedrático de Derecho constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y editor de la página www.constitucionparatodos.com