Pablo Iglesias tiene permanentes ganas de balón. Han pasado poco más de 100 días desde que se conformó el gobierno de coalición y el líder de Podemos ha visto una gran oportunidad en la crisis del coronavirus para imponer su ideario, las fórmulas clásicas de la izquierda, aunque, a veces, sus ansias por marcar diferencias con el resto de sus colegas de gabinete provoque roces, celos y alguna que otra bronca.

La semana pasada, el vicepresidente segundo dio por hecho que el gobierno tenía ya listo para su aprobación el llamado Ingreso Mínimo Vital Puente (desde su ministerio se filtraron incluso las cifras de esta iniciativa: 500 euros al mes para 1,2 millones de personas durante tres meses). Incluso sus asesores llegaron a decir que la medida contaba con el respaldo de la patronal, cosa que negó en rotundo CEOE y que provocó una innecesaria fricción con su presidente, Antonio Garamendi.

Interpretamos todos que Iglesias le había comido la merienda a José Luis Escrivá (ministro de Seguridad Social), que es de quien depende la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital permanente que figura en el programa electoral de la coalición y que supone «una garantía de renta para familias sin ingresos o ingresos bajos». Lo importante, sin embargo, era que la gestión de esa ayuda estaría a cargo del Ministerio de Derechos Sociales (la cartera que ostenta Iglesias) y no del Ministerio de Seguridad Social, que dirige Escrivá.

En términos futbolísticos diríamos que Iglesias le había robado el balón a Escrivá… Pero, al final, por fortuna, esto no ha sido así.

Finalmente, Sánchez ha optado por paralizar la Renta Mínima transitoria que proponía Iglesias y acelerar la permanente en la que trabaja Escrivá

El ministro de Seguridad Social elevó la semana pasada una justificada queja al presidente del gobierno en el sentido de que la medida que quería poner en marcha ya, de forma inmediata, el vicepresidente segundo, carecía de los informes técnicos preceptivos. Algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Orgánica de Libertad Sexual, que provocó una dura polémica entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Eso sucedió en los días previos a la manifestación del 8-M ¿Recuerdan?

Al final, Sánchez ha inclinado la balanza hacia Escrivá. Por pura lógica.

El ministro de Seguridad Social, sabedor de su triunfo, se despachó ayer con una entrevista en El País en la que aseguraba que la Renta Mínima Vital será «estructural y permanente» y califica la propuesta de la RMV Transitoria de Iglesias de «iniciativa bien intencionada».

Así que la RMV Transitoria no sólo no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, sino que ha quedado arrumbada en el baúl de las ideas inservibles.

Tiene guasa que, teniendo encima lo que tenemos, Sánchez tenga que dedicar tiempo a dirimir en estas batallas políticas que sólo tienen como objetivo apuntarse éxitos en detrimentro de otros. Pero es que el vicepresidente tiene mucho peligro. Cuando puede, la cuela. No hay más que recordar la Orden Ministerial publicada por el BOE este fin de semana y que prevé alquileres privados para víctimas de violencia de género y colectivos desfavorecidos que ayer comentaba en estas mismas páginas Victoria Prego.

La cuestión de la Renta Mínima Vital tiene sus complejidades. En estos momentos hay casi 700.000 personas que ya reciben una prestación similar por parte de las comunidades autónomas. Y la fórmula que quiere poner en marcha Escrivá sería siempre un complemento de esas renta que ya están recibiendo muchas familias.

Iglesias, como buen publicista, vende la idea de la Renta Mínima como si fuera el descubrimiento de la vacuna del coronavirus. El Estado en España ya protege a 2,25 millones de personas a través de diversos tipos de renta: desempleo, prestaciones no contributivas, subsidio agrario, subsidios a través de las comunidades autónomas. Cada año, el Estado destina 17.000 millones a dar ese tipo de prestaciones.

Por eso, poner en marcha una Renta Mínima Vital tiene que hacerse con mucho tiento. Sobre todo, para evitar que algunos listos reciban varios de esos subsidios.

Algo que Iglesias seguramente sabe pero que nunca dice es que en España la economía sumergida supone más del 20% del PIB (según dijo Garamendi ayer en entrevista a El Confidencial, un 24%). Esa economía no sólo no paga impuestos ni seguridad social, sino que, en muchas ocasiones, compagina ingresos en B con subsidios u otro tipo de rentas públicas.

En esta ocasión Iglesias parece haber perdido la batalla. Pero no se preocupen, nos esperan otras no menos importantes y cruentas.