Que la riqueza, ni siquiera la llamada natural, no existe y por tanto hay que crearla resulta evidente, sobre todo si miramos para Venezuela: uno de los países con mayores «riquezas  naturales» del mundo que gracias a políticas del gusto del vicepresidente del Gobierno y su partido se ha convertido en uno de los más pobres.

Cuando Sánchez en sus ‘aló presidente’ repite que en esta crisis «nadie se quedará atrás», ¿se estará refiriendo a la Venezuela de nuestros días en la que el Gobierno se ocupa con éxito de estar rodeado de pobres de misericordia? O a políticas favorables a la creación de puestos de trabajo para no depender de la caridad pública.

España afronta la actual crisis económica en peores condiciones de partida que la anterior en deuda pública y desempleo

En España tenemos —muy posiblemente— el sistema de protección del desempleo más generoso del mundo y también el marco de relaciones laborales menos favorable para la creación de empleo. Ambas afirmaciones, como diría el epistemólogo Karl Popper, son verificables y además ciertas.

La única manera moralmente digna de no dejar a nadie atrás no es protegiendo incondicionalmente la desventura y presumir de ello como un triunfo sino propiciando el empleo; es decir, ofreciendo todo tipo de facilidades para que la gente se gane dignamente la vida trabajando. Aunque el pseudo-paternalismo socialista ha propiciado un sinfín de conductas personales dependientes del Estado, todavía son mayoría —Venezuela todavía sigue lejos— los españoles que quieren ganarse la vida trabajando y es a esta mayoría a la que un gobierno responsable debe dirigir sus acciones.

En vísperas de ir dejando atrás —tarde y muy mal— la crisis sanitaria del Covid-19 nos queda por delante la superación de la crisis económica que el Gobierno nos quiere mostrar en forma de ‘V asimétrica’, un modo carpetovetónico de convertir una V en una U de amplia base cuando no una L. Para que la salida de la crisis tenga forma de V sería necesario recuperar a finales de 2021 el nivel de renta per cápita de 2019, algo imposible incluso desde la perspectiva más optimista.

Veamos como sorteó España la última crisis:

  • España tardó en recuperar la renta per cápita de antes de la crisis seis años, el triple de los demás países y el doble que Italia.
  • Si al comienzo de la crisis nuestra renta per cápita había alcanzado la media de la UE, al cabo de ella hemos regresado al 91%; es decir, hemos regresado al nivel relativo de hace treinta años.
  • Comparados con los países de OCDE el resultado es el mismo: si en 2008 nuestra renta per cápita era el 95% de aquellos, ahora es del 87%.
  • La recaída relativa de nuestra renta —la mayor de nuestro entorno— ha estado acompañada del mayor aumento de la deuda pública: un 96%, que entre duplica y triplica la de los países de referencia.
  • El modesto crecimiento acumulado de renta per cápita tanto pre como post-crisis, un modesto 23% en diez años, está por debajo de los demás países y sólo a la altura de Italia y Francia, que junto con España son quienes mayores obstáculos oponen a la función empresarial.

Tras la pésima experiencia descrita, España afronta la actual crisis económica en peores condiciones de partida que la anterior en deuda pública y desempleo, mientras las medidas implementadas hasta ahora: doble subida del salario mínimo, mayor rigidez en el ajuste de plantillas de las empresas y despilfarro de gasto público están orientadas a agudizar y por tanto alargar la crisis.

Siendo obligado que el Estado ampare a los más perjudicados de la crisis, las ayudas públicas deben administrarse con rigor y estar condicionadas: por el nivel económico de la unidad familiar, su duración y sobre todo por la disposición de los afectados a aceptar un empleo. En un país de referencia como Dinamarca, quienes reciben un subsidio de desempleo están obligados a asistir a los cursos de formación que determine el gobierno y no pueden rechazar el empleo que se les ofrezca. Si no siguen los cursos o rechazan un empleo, dejan de recibir el subsidio.

Pero además de los cuidados paliativos descritos, la única manera de salir pronto y bien de la crisis pasa necesariamente por acentuar la creación de riqueza, que en contra de las suposiciones metafísicas del social-comunismo, ni procede del cielo ni la genera el estado: la hacen realidad los empresarios, y con ella la posibilidad de obtener recaudaciones impositivas para financiar el gasto público.

Puesto que la manifestación más dramática de la crisis es el desempleo y ello depende de las empresas, nada es más necesario que evitar su desaparición. Todo empresario, por una mera razón biológica, tiene por primer y tautológico objetivo vital seguir siéndolo y por segundo —y ligado necesariamente al primero— mantener y acrecentar el empleo. Es asombroso que un Gobierno —como casi todos— en el que probablemente no haya un solo ministro que haya creado nunca un puesto de trabajo, se dedique a establecer las normas que al respecto deben seguir los empresarios.

¿Tan soberbio es el Gobierno que lejos de adoptar las mejores prácticas tiene la «fatal arrogancia» de caminar en una dirección completamente equivocada?

Todo lo que necesitan los empresarios para sacar a España de la crisis lo antes posible —no dentro de seis años o más— es libertad de actuación, que incluye la libre negociación con sus empleados de las condiciones de trabajo. Ya en la anterior crisis, Alemania tuvo un comportamiento ejemplar —solo un año de retroceso, mantenimiento del empleo y mayor crecimiento posterior— gracias a su flexibilidad en las relaciones laborales que permitieron intercambiar nivel de empleo por salarios. ¿Tan soberbio es el Gobierno que lejos de adoptar las mejores prácticas tiene la «fatal arrogancia» —hayekiana— de caminar en una dirección completamente equivocada? ¿No ha aprendido nada de la crisis anterior?

Partiendo de un marco de relaciones laborales que es uno de los peores del mundo para la creación de empleo, todas las medidas —sin excepción— que ha tomado el Gobierno están encaminadas a perjudicar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. En particular la sobre regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo —los populares ERTE— por fuerza mayor, prohibiendo despedir como antes y obligando a devolver las cotizaciones ahorradas, conduce necesariamente a la desaparición de empresas y a más despidos.

Visto lo feliz y contenta que se mostraba la ministra de trabajo anunciando recientemente el enorme número de damnificados de la crisis, se puede entender su actuación previa. Sin embargo, para los empresarios, todos ellos, los despidos son un fracaso en toda regla y no se habrá visto ni se verá nunca a ninguno que no luche para mantener y acrecentar el empleo, a pesar de los gobiernos.

Para mantener el máximo empleo posible y acrecentarlo cuanto antes es fundamental liberalizar las relaciones laborales, no más que las de los países que mejor lo hacen y nos adelantaron en la crisis anterior, con medidas como:

  • Suspensión del salario mínimo.
  • Permitir los despidos por causa objetivas.
  • Mantenimiento sin restricciones de los ERTE.
  • Simplificación de la contratación eventual.
  • Nuevo contrato de relanzamiento de actividad con baja indemnización por despido.
  • Deducción fiscal de los costes del servicio doméstico.
  • Aplicación voluntaria de los convenios sectoriales y provinciales.
  • Obligación de votación secreta de los trabajadores

A estas alturas de la historia económica, tanto la muy consolidada doctrina de la economía de mercado, como los hechos económicos, son incuestionables: sabemos como se crea empleo y riqueza, y también como se destruyen. El Gobierno aún está a tiempo de hacer su apuesta.