El pacto inútil

¿Dónde está don Juan Carlos? Esa parece ser la pregunta del verano. Un filón para los paparazzi, una bicoca para los programas de cotilleo y para las revistas del corazón.

República Dominicana, Portugal, Abu Dabi,... Los diarios y las televisiones no van a dar abasto para cubrir la multiplicidad de destinos donde fuentes siempre "bien informadas" sitúan al anterior jefe del Estado. Demos por hecho que esté en Abu Dabi, una ciudad poco recomendable para visitar en verano.

La falta de transparencia, el secretismo, genera una curiosidad morbosa que los medios alimentan sin disimulo. Pero, realmente, ¿para qué necesitamos saber dónde está el anterior rey? Es más, ¿a alguien le habría preocupado su ubicación si la Casa Real no hubiera hecho público su comunicado el pasado 3 de agosto?

Mientras que don Juan Carlos no esté imputado, o investigado, puede moverse con total libertad. Esa es la base del rechazo, por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la insólita petición de medidas cautelares por parte de Òmnium Cultural, organización liderada por Jordi Cuixart, condenado por esa misma sala a nueve años de prisión por un delito de sedición.

El rey emérito no está obligado a hacer públicos sus traslados, aunque, por medidas de seguridad, éstos tengan que ser conocidos por la Casa Real y por el Ministerio del Interior.

La decisión de la Casa Real, comunicada al Gobierno, que le dio su visto bueno, de hacer público el comunicado del 3 de agosto no es fruto de ningún protocolo, sino de un pacto.

Tanto Felipe VI como Moncloa, en negociaciones que se prolongaron durante semanas tras la publicación de datos comprometedores para don Juan Carlos filtrados tras haber sido remitidos por el fiscal suizo Yves Bertossa al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, eran partidarios de dejar sin efecto el real decreto 470/2014 que le da al emérito una protección especial. En su disposición transitoria cuarta, el citado decreto, aprobado seis días antes de la proclamación como rey de su hijo, se establece: "Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona".

El efecto de la carta hecha pública el pasado 3 de agosto es más cosmético que efectivo. Pero es un golpe letal para la institución monárquica"

La abdicación, por tanto, tuvo una contrapartida: precisamente el decreto firmado por el todavía Rey don Juan Carlos I que le permite a él mismo seguir gozando vitaliciamente del título de rey.

El rey emérito no cedió, como quería Pedro Sánchez y aceptó Felipe VI, a renunciar a esa prerrogativa, de efectos jurídicos dudosos, pero que tiene indudable trascendencia.

El Rey Felipe VI ya había tomado distancia respecto a su padre siempre como respuesta a la publicación de algunas de sus andanzas. La última vez, conocida mediante otro comunicado de Zarzuela el pasado 15 de marzo, fue la que le privó de recibir su asignación económica como miembro de la Casa Real y en la que el Rey renunciaba a la posible herencia de la cuenta opaca que investiga Bertossa.

Como ya el anterior monarca no tenía ninguna actividad pública (desde hace más de un año), el margen de maniobra era estrecho. Se manejaron varios escenarios: salida de la Zarzuela como residencia oficial, y la regularización fiscal, básicamente. Pero la primera alternativa era muy costoso para el erario público, mientras que la segunda era onerosa para el anterior rey. Así que ambas quedaron descartadas.

Entonces surgió la última opción, la que, finalmente, salió adelante: la salida de España. Los efectos de esta, llamémosle, solución son puramente cosméticos.

El texto de la carta de don Juan Carlos a su hijo es calculadamente ambiguo: "Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". El rey emérito en ningún momento dice que su marcha sea permanente. Y, por si cabían dudas de su intención, a sus amigos les ha hecho llegar que podría volver en septiembre.

Desde el punto de vista legal, que se vaya o no es indiferente. Su abogado hizo saber el mismo día 3 de agosto que don Juan Carlos estará siempre a disposición de la Fiscalía, si es que ésta le reclama.

Parece que nadie midió los efectos que tendría la decisión de don Juan Carlos de comunicar su traslado fuera de España"

Así que, en resumen, tenemos un rey que sigue manteniendo su título y cuyas responsabilidades en el caso que se investiga son más que dudosas. No sólo porque es inaudito cobrar una comisión del que contrata y no de los contratados y, además, porque nadie pagaría con dos años de antelación, sino porque hay muchas dudas de que al anterior rey se le pueda juzgar por hechos que tienen su origen durante su reinado.

Los letrados del Parlamento, en el informe realizado el pasado 15 de junio para rechazar la comisión de investigación solicitada por Unidas Podemos, establecen: "Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicamente permanentes". El juez instructor, en este caso Manuel García Castellón, tendrá dificultades para elevar un escrito razonado al Tribunal Supremo pidiendo que se investigue al anterior monarca.