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El Parlament reprueba al Rey y al Gobierno pero rechaza un referéndum sobre la monarquía

Los letrados se niegan a publicar en el Diario Oficial la defensa de la república y JxCat los amenaza con sanciones

Quim Torra, en el Parlament. EFE

El Parlament ha reprobado hoy, de nuevo, a Felipe VI y al Gobierno a propuesta de la CUP. Lo ha hecho con el voto de los tres partidos independentistas y el rechazo de toda la oposición y de los letrados, que han advertido que no asumirán la responsabilidad de publicar en el Diario Oficial una nueva reprobación al Rey tras las advertencias del Constitucional.

Los funcionarios han rechazado también la mención a «una monarquía delincuente» y «una democracia intervenida por el poder judicial» y la propuesta de «avanzar hacia la independencia», lo que ha llevado al portavoz de JxCat, Albert Batet, ha reclamar que la cámara «sancione a los funcionarios» que no publiquen lo votado por el pleno.

La cámara ha rechazado, sin embargo, la celebración de un referéndum sobre la monarquía que proponía CatEC. Los comunes se han quedado solos en la defensa de la consulta, que no ha apoyado ningún partido independentista.

Sí ha salido adelante el texto pactado por el bloque independentista que proclama que «Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún Rey». El texto era el colofón del pleno extraordinario convocado por Quim Torra para reprobar a la monarquía por la salida de Juan Carlos I, en el que el presidente catalán ha insistido en señalar la responsabilidad de Felipe VI y el Gobierno en lo que ha calificado de «huida de la justicia».

Los independentistas, sin embargo, no han registrado ningún texto que pidiera formalmente la abdicación, como había anunciado Torra, aunque JxCat «apuesta por la abolición» de la monarquía en su resolución. Una formulación con la que han intentado evitar nuevas censuras del Tribunal Constitucional que ha salido adelante con el apoyo del bloque independentista.

La CUP sí ha propuesto, de nuevo, la reprobación de Felipe VI «y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y enriquecimiento ilícito». Los antisistema proponían además reprobar «a todo el Gobierno» y «específicamente» a la vicepresidenta Carmen Calvo «por colaborar en la huida de Juan Carlos I».

República plurinacional

Los comunes reclaman, por su parte, un referéndum sobre la monarquía para que «sea la ciudadanía quien decida con su voto la forma política del Estado». La marca catalana de Podemos defiende que «en pleno siglo XXI el Jefe del Estado debe estar sometido a la soberanía popular» y añaden que «el modelo de estado más coherente con los principios democráticos y que mejor se adapta a la realidad plural del Estado español es la república plurinacional».

La salida del rey emérito «ha sido una infamia democrática» ha proclamado la morada Susana Segovia, que también le ha recriminado a Torra que «a usted lo que le molesta es que un vicepresidente del Gobierno que diga viva la república». Una crítica a la que la CUP ha respondido llamando a los comunes «republicanismo placebo».

Podemos es republicanismo placebo» asegura la CUP

Así, en la resolución pactada la mayoría independentista ataca a la «saga de los Borbones» asegurando que «ha sido una calamidad histórica para Cataluña» y señala a Juan Carlos I como heredero del régimen franquista. Denuncia además la «connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para sustraer a la monarquía de cualquier fiscalización». Un complot que «llega a su momento culminante con la huida consentida» del rey emérito.

JxCat y ERC reclaman además en sus textos la retirada del título de rey emérito a Juan Carlos I, así como «su aforamiento injustificado». Y se comprometen además a impulsar la derogación de los delitos de calumnias e injurias contra la Corona y la Ley mordaza, además de incluir a la Casa Real en la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Los comunes se suman también a la petición de retirar el título de rey emérito y reclaman «cambios legislativos» para «garantizar la plena transparencia y la rendición de cuentas» de la Familia Real. Además, «censuran» la actuación del rey emérito «por su implicación en presuntos casos de corrupción» y por su «huida del Estado español».

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