El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central como consecuencia del Covid ha sido una constante desde el comienzo de la pandemia. El primer pulso con repercusión mediática fue la decisión de Isabel Díaz Ayuso de cerrar los colegios de la Comunidad el 9 de marzo contra el criterio de Sanidad. Eran los tiempos en los que el responsable de Coordinación de Alarmas, Fernando Simón, y el ministro Salvador Illa apostaban por no generar pánico entre la población. Un error que llevó al sistema sanitario a reaccionar demasiado tarde, cuando ya el virus campaba a sus anchas por toda España.

Ayuso se postuló como un referente frente a la acción -o inacción- del gobierno de Pedro Sánchez. La tensión política subió muchos grados durante la primavera: se le abrió una investigación judicial al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por haber autorizado la manifestación del 8-M; como consecuencia de aquello el ministro del Interior, Grande Marlaska, destituyó al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid; las calles del barrio de Salamanca se llenaron de banderas y gritos contra el gobierno; el chalet de Galapagar, donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero, se convirtió en lugar de peregrinación diaria; etc. etc.

Fueron meses muy duros. Hasta tal punto que parecía que Madrid era la punta de lanza de una ofensiva del PP contra Sánchez. Cosa que no sucedía, por ejemplo, con Galicia (también gobernada por el PP) o Andalucía (gobernada en coalición por PP, Ciudadanos y Vox).

Tras unos meses de junio y julio de relativa tranquilidad, Madrid ha vuelto al foco de la tensión. Los datos de contagios no son buenos: 405 casos por cada 100.000 habitantes (lo que duplica la media nacional: 205 casos por cada 100.000 habitantes). Tras varias menciones explícitas a Madrid por parte de Simón en sus comparecencias diarias, ayer, el presidente del gobierno dijo en la Cadena Ser estar "preocupado por el estado de salud pública y la epidemia en Madrid".

Las condiciones en las que mal viven los inmigrantes y la falta de control en Barajas han provocado un masivo rebrote en los barrios periféricos de la capital

Según publicamos hoy en El Independiente, el gobierno no descarta tomar medidas unilaterales en la Comunidad (posible vuelta a Fase 2) si los contagios siguen aumentando por encima de la media.

La versión que da la Comunidad de Madrid es menos alarmante que la que dan las autoridades sanitarias. El número de contagiados es elevado, aseguran, porque en Madrid se han hecho durante el mes de agosto más de 20.000 PCR diarios y otros 50.000 en todo el mes en residencias de mayores. El porcentaje de contagiados sobre el total de la población, añaden las fuentes oficiales del gobierno de la Comunidad, es en Madrid inferior al de Melilla, Navarra, La Rioja o Cataluña. Ayuso ve esta ofensiva en clave política. "Quieren quitarle competencias a Madrid y están preparando el terreno", dice un alto cargo del gobierno autonómico.

Más allá de la batalla política -que la hay- lo que que interesa al ciudadano es saber por qué se ha producido este repunte de contagios en el mes de agosto, lo cual es un hecho real que nadie puede poner en duda.

Una de las claves está en la inmigración. El dato que hoy ofrecemos en El Independiente es esclarecedor: el 45% de los contagiados en Madrid en el último mes son inmigrantes. La propia Comunidad reconoce que "la mayoría de los ingresados en UCI proceden de países latinoamericanos".

Eso explica que las ratios de contagios sean tan dispares en Madrid: poco más de 100 por cada 100.000 habitantes en Chamberí y 798 por cada 100.000 habitantes en Usera, barrio con gran concentración de inmigrantes.

Esto pone de manifiesto dos cosas: que una parte importante de los inmigrantes que residen en Madrid viven en condiciones lamentables (concentración en viviendas pequeñas o infraviviendas; malas condiciones de higiene, y, sobre todo, miedo a perder el empleo), y, en segundo lugar, que no se ha sometido a ningún control en el aeropuerto de Barajas a los inmigrantes que han llegado a España huyendo del descontrol de la pandemia en sus países de origen (fundamentalmente, Brasil).

Mientras esos focos no se controlen, el número de infectados seguirá aumentando. Por tanto, lo que deberían hacer las administraciones (central y autonómica) es atajar los contagios en esos barrios, aumentando el número de PCR, mejorando en lo posible su calidad de vida y de vivienda, y regularizando en lo posible su situación laboral.

La batalla de Madrid promete nuevos y sonoros episodios, pero la demagogia no nos debe hacer perder de vista dónde está el problema y cómo debemos atajarlo.

El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central como consecuencia del Covid ha sido una constante desde el comienzo de la pandemia. El primer pulso con repercusión mediática fue la decisión de Isabel Díaz Ayuso de cerrar los colegios de la Comunidad el 9 de marzo contra el criterio de Sanidad. Eran los tiempos en los que el responsable de Coordinación de Alarmas, Fernando Simón, y el ministro Salvador Illa apostaban por no generar pánico entre la población. Un error que llevó al sistema sanitario a reaccionar demasiado tarde, cuando ya el virus campaba a sus anchas por toda España.

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