No tenía asignadas grandes competencias cuando fue nombrado vicepresidente pero sí tenía, y tiene, una que se demostró trascendental desde el momento en que se desató la pandemia: el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 era el encargado de coordinar los fondos extraordinarios para contratar personal y equipos de protección para lo que ahora se llaman centros sociosanitarios y que antes se llamaban residencias de mayores o de personas dependientes.

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