El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha convocado a los ciudadanos venezolanos residentes en el país a participar, este domingo 6 de diciembre, en una farsa electoral con la intención de construir una coartada para asaltar la última institución democrática que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional de Venezuela es la depositaria de la legitimidad democrática, tal y como reconoce la mayoría de la comunidad internacional, incluida la UE. Una legitimidad de la que carece el régimen, convirtiéndose así en la última defensa de la libertad y la democracia frente a la estrategia de demolición y ocupación del resto de poderes e instituciones democráticas por parte del chavismo y sus herederos políticos. Por ello, el régimen no ha dudado en asediar a la institución y a sus representantes mediante una estrategia de acoso permanente, entre gravísimos episodios de violencia, contra los miembros electos de la cámara opositores al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. 

Calificar de elecciones democráticas a este fraude electoral es un ejemplo más del cinismo criminal del régimen. En Venezuela no se dan actualmente ninguna de las circunstancias que permiten, bajo los estándares electorales internacionales, calificar a unas elecciones como libres y democráticas. Ninguna.

Este proceso es fraudulento porque no cumple ninguno de los estándares mínimos requeridos para validar la cita democrática

Este proceso electoral es fraudulento porque no cumple ninguno de los estándares mínimos requeridos internacionalmente para validar una cita electoral democrática, y se realiza en un contexto de gravísima violencia política contra la oposición democrática, con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, según ha denunciado la ONU en un reciente informe sobre la situación en Venezuela, en el que acusa al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad.

Y ello en medio de una crisis económica monstruosa, con una inflación interanual del 4.100%, una tasa de desempleo del 54%, con el 96% de los venezolanos pobres por ingresos, y con un PIB en 2020, con un país de 28.000.000 de ciudadanos, igual al de hace 47 años cuando tenía 12.000.000 de habitantes. Una situación que, sumada a la crisis política, ha provocado el éxodo de más de cinco millones de venezolanos que han abandonado su país, un terrible drama humano sin precedentes en la región.

Estas elecciones abrían una ventana de oportunidad para dar una salida negociada y democrática a la situación política. Cabía la posibilidad de poder organizar unos comicios que significaran el primer paso para la vuelta de la democracia en Venezuela.

Para ello las condiciones eran claras y posibles: la salida inmediata de los presos políticos de las cárceles, el fin de la persecución y de la violencia contra la oposición democrática, el cese de la usurpación de los partidos políticos por títeres afectos al régimen, y la supervisión del proceso electoral por observadores internacionales que garantizaran las condiciones previas necesarias, el desarrollo de la campaña y la organización y validación del conjunto del proceso electoral.

Sin embargo, el desprecio del gobierno de Nicolás Maduro por lo que pedían tanto la oposición democrática como la comunidad internacional, incluida la UE –un aplazamiento de la convocatoria y la búsqueda de condiciones que permitieran unas elecciones para abrir una vía democratizadora– ha desembocado en una farsa para controlar la Asamblea Nacional a cualquier precio, eliminando así el único contrapoder que cuestionaba, desde la auctoritas democrática, la protestas ilegítima del régimen.

El gobierno ilegítimo de Maduro ha urdido un montaje tosco, una ficción de alternativa democrática

Para ello el Gobierno ilegítimo de Maduro ha urdido un montaje tosco, una ficción de alternativa democrática, una falsa oposición que ya fue también ampliamente denunciada. En una repetición en clave de farsa de tragedias políticas que recuerdan a los procesos de Moscú, el Tribunal Supremo de Venezuela, un apéndice del Gobierno, tuvo la desfachatez el pasado mes de julio de designar a partidarios de Maduro como dirigentes de los partidos tradicionales de la oposición y del propio Consejo Nacional Electoral.

Esta insólita y grosera decisión llevó al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a denunciar la vulneración «de los derechos de todos los venezolanos» y asegurar que «deja en evidencia que ya no queda ni una fachada de proceso democrático».

La fabricación de una oposición falsa disfrazada con los trajes de los partidos tradicionales ha sido clave en el golpe que se quiere sancionar este domingo a través de las urnas. No se ha dejado nada al azar, en cualquier caso. Todo el procedimiento democrático está prostituido y controlado, desde la composición de las mesas electorales hasta los mecanismos de recuento de voto.

El Parlamento europeo había reconocido la Asamblea Nacional que ahora se quiere borrar, como depositaria de la democracia en Venezuela, y a Juan Guaidó como su presidente interino legítimo. En lugar de partir de ahí para devolver la democracia en el país, ocurre justo al revés: se sofoca la representatividad democrática y se completa el blindaje de un régimen dictatorial.

¿Qué va a pasar a partir de este domingo? El escenario hasta ahora permitía mantener un apoyo a la legalidad democrática de la Asamblea Nacional, que legitimaba la interlocución política con Guaidó y con el resto de la oposición. No había un equilibrio de fuerzas con el Gobierno de Maduro ni con su ocupación del poder judicial, pero sí de representatividad. Había una realidad que permitía apoyos internacionales.

Los Estados deberán decidir si mantienen el reconocimiento jurídico de la Asamblea Nacional democrática, una prórroga de mandato

Ahora, después de la farsa electoral, no va a haber reconocimiento internacional de los países democráticos de los resultados. La UE ya ha manifestado públicamente que no reconocerá los resultados electorales de unos comicios fraudulentos, y será el momento en que los Estados deberán decidir si mantienen el reconocimiento jurídico de la Asamblea Nacional democrática, si así lo solicitan sus legítimos representantes antes de que finalice formalmente su mandato el 5 de enero de 2021. Una posible prórroga de mandato hasta que se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres y democráticas en Venezuela.

Para el Parlamento europeo Venezuela ha sido, es y será una prioridad, por su situación política y económica, y especialmente, por la tragedia humana que viven sus ciudadanos desde hace ya demasiado tiempo. El Parlamento ha estado siempre al lado de los venezolanos y de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela.

Es necesario apostar por mantener el reconocimiento de la legalidad democrática de la Asamblea Nacional, rechazar el resultado de las elecciones fraudulentas de 6D, redoblar el endurecimiento de las sanciones económicas y penales a los miembros del régimen, reforzar el apoyo a los partidos democráticos e impulsar su unidad de acción, y negar cualquier legitimidad del régimen de Nicolás Maduro.

Pero también es necesario preparar el día después, planificando un programa conjunto de ayuda internacional para la recuperación económica que permita la estabilización política del país y la consolidación de la democracia.

Venezuela necesita que vuelva la democracia, pero también dar una solución a la catástrofe económica que vive el país. Por último, es también un problema de dignidad, de cómo viven las personas, y el retorno tiene que venir de la mano de un crecimiento de la prosperidad y de un futuro de esperanza para el país. 

Esa, y no otra, es la verdadera, la única hoja de ruta para que Venezuela vuelva a ser ese espacio de democracia que nunca tuvo que dejar de ser. Esa es la tarea que asumimos mientras se consuma un golpe antidemocrático con urnas en un país hermano. En Venezuela.


Jordi Cañas es eurodiputado de Ciudadanos