El jueves por la noche se supo que el rey emérito había regularizado una deuda tributaria por importe de 4.395.901 euros, que se corresponde con rentas depositadas en la Fundación Zagatka, cuyo administrador es el primo del monarca, Álvaro de Orleans-Borbón. Dicha sociedad sufragó durante años, por un montante de unos 8 millones de euros, viajes en aviones privados de don Juan Carlos, muchos de ellos realizados y costeados por dicha Fundación tras su abdicación (junio de 2014); es decir, cuando ya no tenía la cobertura de la inviolabilidad.

La Fundación, con sede en Liechtenstein, fue creada en 2003 y se ha mantenido operativa, al menos, hasta agosto de 2018, fecha en la que acumulaba unos activos de 7,9 millones de euros. El gestor de la Fundación era Arturo Fasana y su abogado, Dante Canónica, los mismos que figuraban en la Fundación Lucum, creada en 2008, y que manejó una cuenta con 64,8 millones de euros, procedentes de Arabia Saudí, que, posteriormente, en 2012, fueron transferidos a una cuenta en Bahamas de la ex amante del rey emérito Corinna Larsen.

La fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza) investiga a Fasana, Canónica y Larsen por varios delitos, entre ellos el de blanqueo por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación del AVE a la Meca.

Ambas fundaciones (Lucum y Zagatka) son independientes entre sí, así como el origen de sus activos, aunque el beneficiario, don Juan Carlos de Borbón, sea el mismo, y las personas que manejan el dinero también.

El rey Juan Carlos I regularizó el pasado mes de diciembre 678.393 euros en concepto de donación por transferencias de dinero opaco procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Ese dinero no proviene de ninguna de las dos fundaciones y se ha utilizado para sufragar diversos gastos de la familia real, desde una yegua a un rifle de precisión.

En una escueta nota difundida el viernes por la mañana, el abogado del emérito, Javier Sánchez Junco, especifica que la declaración complementaria ante la Agencia Tributaria se ha llevado a cabo «sin requerimiento previo de alguna clase», lo que evitaría su procesamiento por un posible delito fiscal, en línea con lo establecido por el artículo 305.4 del Código Penal, que fija la exoneración de responsabilidad penal «al que regularice su situación tributaria antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación».

La regularización puede evitar la apertura de un procedimiento por delito fiscal, pero no que la Fiscalía del Supremo indague cuál es el origen del dinero con el que sufragó vuelos en avión privado por 8 millones de euros

La estrategia jurídica en las regularizaciones llevadas a cabo en diciembre y ahora en febrero es la misma: evitar la investigación al rey emérito por delito fiscal.

Pero hay una diferencia fundamental entre ambas. Mientras que en la de diciembre los fondos procedían presuntamente de una donación, en la que se ha producido esta semana se trata poner a don Juan Carlos al día con Hacienda por rentas no declaradas.

El rey emérito probablemente evite el delito fiscal, pero no podrá eludir el rastreo sobre el origen de esos fondos. Hay una investigación abierta desde el pasado verano en el Tribunal Supremo que afecta al monarca, aunque aún no haya sido imputado y que tiene que ver precisamente con el origen de su fortuna opaca. Las fuentes consultadas por El Independiente confirmaron que la Fiscalía investigará de dónde proceden los fondos que ahora se regularizan.

Lo que se sabe hasta ahora es que en junio de 2009 una sociedad del Grupo OHL, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, ingresó 4,6 millones de euros en Zagatka.

Según han transmitido fuentes cercanas al padre del rey, lo que se busca con estas regularizaciones es que éste pueda volver a España con un horizonte penal despejado. Esa sería la condición que tanto Zarzuela como Moncloa habrían puesto al emérito para un eventual regreso.

Sin embargo, el abono a Hacienda de cantidades no ingresadas no cierra el caso. Los representantes legales de Juan Carlos I tendrán que explicar ante la Fiscalía si el dinero que había en la cuenta de Zagatka tenía su origen en la prestación de servicios o en transferencias de empresarios que, a su vez, tendrán que explicar por qué utilizaron la vía de paraísos fiscales para hacer donaciones o bien si el dinero supone el pago al rey por gestiones realizadas. OHL fue una de las principales beneficiarias en el contrato del AVE a la Meca, que supuso un total de 6.736 millones de euros.

La regularización que adelantó El País en la noche del jueves, llevó al presidente del Gobierno a improvisar una rueda de prensa en Moncloa en la mañana del viernes. Pedro Sánchez fue muy duro con Juan Carlos I y manifestó su «rechazo» ante su «conducta incívica», aunque, al mismo tiempo, defendió a la institución monárquica y al rey Felipe VI por su ejemplar comportamiento.

Por su parte el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha aprovechado la noticia para justificar por qué no aplaudió el discurso del rey, pronunciado el pasado martes en el Congreso de los Diputados, y en el que defendió el papel jugado por su padre en el fracaso del golpe del 23 de febrero de 1981.

Desde Podemos se ha insinuado que Hacienda y la Fiscalía están permitiendo que don Juan Carlos pueda irse de rositas respecto al origen inconfesable de su fortuna. La posición respecto a la monarquía es una de las fuentes constantes de fricción entre el PSOE y su socio de gobierno.

Aclarar cómo don Juan Carlos amasó un enorme capital al margen de su asignación presupuestaria es un test de calidad democrática para este gobierno y también para el establecimiento de una base sólida de sostenimiento del régimen monárquico que establece la Constitución de 1978.

Echar tierra encima, cerrar en falso la investigación, sería el peor favor que el gobierno podría hacer a Felipe VI.