Pocas personas han llegado a ocupar el cargo de ministro precedidas de la aureola de prestigio con la que lo hizo Fernando Grande-Marlaska. El presidente del Gobierno se apuntó un tanto al incorporar a su equipo a un juez de prestigio, mimado por la derecha, y con la valentía suficiente como para haber salido del armario cuando en su profesión hacerlo era tabú.

Dos años después, el ministro del Interior ya no se encuentra entre los favoritos de Pedro Sánchez. Eso, en un Gobierno tan presidencialista como éste, significa quedar relegado a una segunda fila y figurar entre los candidatos a ser relevados, si es que el presidente tiene a bien hacer una remodelación de gabinete.

Esa pérdida de poder no está causada por las querellas del PP y de Vox (que más bien le refuerzan), ni por el acercamiento de presos etarras al País Vasco (lo que está llevando a cabo con la aquiescencia de Moncloa), ni por la polémica protección del chalé de la pareja Iglesias/Montero. No. La razón de su caída en desgracia tiene que ver con su especial manera de entender el poder.

Apenas había transcurrido un mes desde que fuera nombrado ministro (7 de julio de 2018, tras el triunfo de la moción de censura que se llevó por delante a Mariano Rajoy), Grande-Marlaska provocó un primer terremoto en la estructura del ministerio: sustituyó al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios al coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera por el comisario José Antonio Rodríguez (conocido en el cuerpo de Policía como Lenin, un apodo un tanto exagerado, por su proximidad al PSOE). El puesto, que durante treinta y cinco años había sido ocupado por un miembro de la Benemérita, pasaba a manos de la Policía, en un movimiento que se interpretó en ambos cuerpos como una jugada con objetivos claramente políticos. No era eso precisamente lo que se esperaba de un hombre como el ex juez de la Audiencia Nacional. Era, dicen fuentes de Interior, la manera de demostrar al presidente del Gobierno que él estaba dispuesto a vestir la camiseta a pesar de su condición de independiente dentro del Consejo de Ministros.

Grande-Marlaska no tenía equipo y, de hecho, no puso pegas a que la Secretaría de Estado de Interior, un puesto clave, la ocupara la diputada socialista valenciana Ana Botella, una persona de la confianza del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Por otro lado, al frente de la Guardia Civil, como director general, el ministro aceptó nombrar al juez Félix Azón (cercano a la ministra de Defensa Margarita Robles, que fue la que le propuso). Tal vez la única persona netamente suya fuera su jefe de Gabinete, Rafael Pérez, con el que había coincidido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ejercía como letrado.

Tampoco tardó mucho tiempo en demostrar quién mandaba en Interior. A primeros de agosto de 2018 (todavía no llevaba dos meses en el puesto) destituyó de la jefatura de la UCO -una unidad de élite que había investigado algunos de los casos de corrupción más relevantes- al coronel Manuel Sánchez Corbi, con una excusa baladí que tenía que ver con el control sobre los gastos reservados que quería ejercer personalmente.

El ministro del Interior ha dejado de ser uno de los favoritos del presidente del Gobierno. El ‘caso Pérez de los Cobos’ ha sido el punto de inflexión porque ha mostrado a las claras su manera visceral de ejercer el poder

En su entorno Grande-Marlaska generó un cierto clima de pánico. Contradecirle podía llevar aparejado el cese. Y, en ocasiones, sus ideas eran bastante polémicas. Como, por ejemplo, cuando pretendió que para el desfile del Día del Orgullo Gay que se celebró en Madrid en julio de 2019, una decena de guardias civiles y otra de policías acudieran al mismo vestidos de uniforme. El director general de la Guardia Civil no tuvo por menos que oponerse por escrito a tamaño dislate: los miembros de la Benemérita tienen prohibido expresamente asistir a manifestaciones vestidos de uniforme. El tema provocó un duro enfrentamiento entre el ministro y el director de la Guardia Civil, a quien respaldó la secretaria de Estado de Interior.

Pues bien, ambos (Botella y Azón) fueron removidos de sus cargos en un movimiento audaz que llevó a cabo en enero de 2020. Audaz porque, de un plumazo, se quitaba de encima a dos personas que tenían el respaldo de dos ministros (Ábalos y Robles) que habían sido reforzados tras la formación del gobierno de coalición de PSOE y UP.

Como secretario de Estado Grande-Marlaska nombró a su jefe de Gabinete, el fiel Rafael Pérez. Al frente de la Guardia Civil nombró a una desconocida: María Gámez, anterior subdelegada del Gobierno en Málaga, y a la que el ministro conoció por casualidad.

Con todo, el ministro del Interior cometió su error más grave con la destitución como jefe de la Comandancia de Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos (mayo de 2020). Nos hemos referido a ese asunto de forma extensa en estas páginas. Pero la sentencia dictada el pasado 31 de marzo por el juez de la Audiencia Nacional Celestino Salgado, dando la razón al coronel que había recurrido su cese y los argumentos en los que se sustenta, ha dejado al titular de Interior en una posición muy débil en el seno del Gobierno.

El próximo día 23 de abril vence el plazo para que la Abogacía del Estado recurra la sentencia de la Audiencia Nacional. Una vez que esté presentado el recurso, la defensa del coronel planteará al juez la ejecución provisional de la sentencia; es decir, volver a ocupar su puesto al frente de la Comandancia de Madrid hasta que la sentencia sea firme.

Lo normal en estos casos es que el magistrado acepte la ejecución provisional, siempre y cuando no se trate de un acto irreversible. Así que lo más probable es que en unas semanas volvamos a ver a Pérez de los Cobos ocupar su puesto al frente de la Guardia Civil de Madrid.

El ministro, que vetó el ascenso de Pérez de los Cobos al rango de general, aun habiendo sido el número uno de su promoción, se ha dejado gran parte de su crédito en una pugna que nada tiene de profesional y que le ha reportado críticas internas en el Ejecutivo.

Grande-Marlaska no tiene al partido detrás, como es el caso de otros ministros, y su único sostén es el apoyo que le ha proporcionado hasta ahora el presidente del Gobierno.

Cuando a Sánchez le han preguntado en público por su ministro del Interior siempre ha dicho que contaba con toda su confianza. Pero su convicción a la hora de respaldarle es más aparente que real.

El presidente, dicen fuentes próximas a Moncloa, no tiene previsto a corto plazo hacer una crisis de Gobierno. Habrá que esperar a ver lo que suceda en las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Por ahora, el ministro del Interior no debe temer por su permanencia en el cargo, pero, también es cierto, dicen las mismas fuentes, que del entusiasmo con el que el presidente le nombró ya no queda nada. Grande-Marlaska no sólo no se ha ganado la complicidad de sus colegas, sino que ha provocado tensiones innecesarias en un Cuerpo como la Guardia Civil. Tampoco en la Policía están felices con su gestión.

Pocos ministros llegaron al cargo rodeados de tanta expectación. Pero probablemente ninguno, como Grande-Marlaska, haya dilapidado su prestigio en tan poco tiempo.