Algunos de los conceptos utilizados este lunes por el presidente en su alocución del Liceo forman parte del andamiaje político que hizo posible la Transición. "Concordia", "diálogo", "mirar al futuro"... Pedro Sánchez, quiso dar especial trascendencia a la medida y situó los indultos a los nueve presos del procés como el "primer paso hacia una nueva España".

Pero el presidente se equivoca. No estamos ante la necesidad de tender puentes para crear un Estado de Derecho en sustitución de una dictadura, como base para la convivencia entre las dos Españas que se enfrentaron durante una cruenta guerra civil.

Ahora estamos ante algo tan sencillo como conceder una medida de gracia a nueve cargos políticos que trataron de hacer saltar por los aires ese pacto que hizo posible la Transición.

La medida que aprobará el Consejo de Ministros no es tan perniciosa para el Estado de Derecho y, por tanto, para la convivencia, por la puesta en libertad de los condenados, sino por todo lo que el Gobierno está dispuesto a hacer en aras de la construcción de esa "nueva España".

Lo que escandaliza, por ejemplo, a los magistrados del Supremo es que, para justificar la medida de gracia, haya que triturar la sentencia que condenó a los sediciosos. El Gobierno ha aceptado de buen grado el achatarramiento del prestigio de Tribunal Supremo para lograr un supuesto bien superior: el acomodo (el "encaje", se dice ahora) de Cataluña en España.

El PSOE no sólo no ha hecho nada por frenar la iniciativa de un diputado letón en la Asamblea del Consejo de Europa, favorable a los indultos y que sitúa a España al lado de Turquía en cuanto a la independencia de su poder judicial. Va más allá. La innecesaria reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición significa dar la excusa perfecta al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que en un plazo de año y medio eche abajo la sentencia del Supremo.

Lo grave no es la puesta en libertad de los condenados, sino la trituración de una sentencia que sirvió para defender el Estado de Derecho ante la agresión de los que pretendieron hacerlo saltar por los aires

Por no hablar de la reforma del Tribunal Constitucional que le impediría frenar un referéndum como el del 1-O o el procesamiento de los responsables públicos por promover tal iniciativa.

Lo importante, por tanto, no son los indultos, sino lo que acompaña a esa medida de gracia y que supone, en definitiva, un desmantelamiento esencial de los instrumentos que tiene el propio Estado de Derecho para defenderse de los que quieren dinamitarlo.

Es lógico que los jueces estén indignados ante este movimiento sísmico que el Gobierno está promoviendo sin consenso con la oposición y con un objetivo tan corto de miras como es el de garantizarse una mayoría parlamentaria.

La realidad es tozuda y el deslucido acto del Liceo demostró que los independentistas no se van a conformar con bonitas palabras y grandilocuentes principios, sino que van a seguir adelante en la persecución de sus objetivos.

El proceso que iniciará con la Mesa de Diálogo volverá a colocar a España ante una tesitura parecida a la que vivimos durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Sánchez no tardará en darse cuenta de que su segunda Transición no sólo no va a ningún sitio, sino que puede hacer descarrilar el sistema democrático basado en la Constitución de 1978, que los independentistas sin disimulo quieren cargarse.