El gobierno tiene previsto aprobar este martes la conocida como nueva ley trans (Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) coincidiendo con la semana del Orgullo. La manifestación del sábado tiene que ser a mayor honor y gloria de la coalición PSOE/UP.

Desde el Ministerio de Igualdad se han apresurado a vender como un éxito de la ministra Irene Montero frente a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el elemento clave de esta reforma: la «libre autodeterminación de género». Esto quiere decir que una persona mayor de 16 años podrá solicitar el cambio de nombre y sexo en una ventanilla de la administración y, sin permiso de sus padres, sin informe médico previo y sin hormonación (como ocurre ahora) lograrlo en un plazo máximo de cuatro meses. Con permiso de los padres o tutores, la edad para poder cambiar de sexo se reduce hasta los 14 años.

Eso significa que en España, si la ley pasa el trámite parlamentario, cosa que tiene asegurada, un menor de 18 años no podrá votar pero sí cambiar de sexo.

Espero que la oposición recurra este dislate y que se pueda poner coto en un futuro no muy lejano a una aberración que sólo tiene como fin contentar a un colectivo para asegurarse sus votos.

La norma que aprobará hoy el Gobierno es un dislate. Pero está pensada para lograr el apoyo de un colectivo muy movilizado e influyente y para volver a situar a la derecha en el lado retrógrado de la historia

La cuestión no está en reconocer los derechos de la minoría trans a reclamar el cambio de sexo, sino que esa reivindicación se lleve al punto de permitir a personas que, según nuestra Constitución, aún no tienen la madurez suficiente como para elegir a su partido político favorito puedan, en cambio, modificar no sólo su nombre y DNI, con un simple trámite burocrático. Y, por supuesto, su aspecto físico, como si se tratara de la elección de un asunto menor.

El colectivo feminista que tradicionalmente ha apoyado al PSOE no ve clara la norma, porque cree que sólo favorece a los grupos más radicales y próximos a Podemos.

La ministra Montero argumentó ayer en La Hora de la 1 que con esta ley va a pasar lo mismo que con la ley del matrimonio gay ya que, con el tiempo, se llegará a admitir como algo normal y se verá como una conquista que hay que apuntarle al movimiento feminista. No tiene nada que ver una cosa con otra. No se trata de negar el derecho al cambio de sexo, lo que ya está reconocido e incluso pagado por la Seguridad Social en alguna autonomía, sino llevar esa «autodeterminación» a una edad en la que, según la mayoría de los psicólogos, el niño o la niña carecen de la madurez suficiente como para tomar una decisión como esa, que les marcará de por vida.

La ley reconocerá, según el borrador filtrado a la prensa, el reconocimiento de las identidades no binarias. Es decir, la de aquellos que no se sienten ni hombres, ni mujeres y que no quieren definir su identidad sexual en los registros oficiales.

Es otro de los éxitos de Montero, que insiste en hablar de «ellas, ellos, elles» porque, en su opinión, lo que no se nombra «no existe». La ministra cree que, desde el Gobierno, se puede alterar no sólo la costumbre, sino la lógica. El conductismo tiene sus límites.

Nunca se ha teorizado tanto sobre el machismo como ahora, ni ha habido un consenso tan amplio para acabar con esa lacra. Sin embargo, las cifras de crímenes machistas crecen sin parar. Algo se está haciendo mal. Desde luego, con leyes como la que se va a aprobar hoy no se logrará una igualdad efectiva entre sexos, sino que se va a generar un debate en el que se va a intentar situar al centro derecha del lado retrógrado de la historia. La modificación legal sólo está pensada para lograr la adhesión de un colectivo muy movilizado e influente (aunque muy minoritario) hacia las posiciones de un partido político, sino también para volver a marcar una línea divisoria entre la derecha y la izquierda.

No hablamos de derechos, sino de votos. No hay más que recordar cómo recibieron algunos energúmenos a los dirigentes de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo que se celebró en Madrid hace dos años. O las declaraciones de la propia vicepresidenta Calvo, con aquel comentario dirigido a Inés Arrimadas: «El feminismo no es de todas, bonita, se lo han currado los socialistas».

Calvo -muy involucrada en el movimiento feminista clásico- ha intentado hasta el último minuto evitar el disparate de la autodeterminación de género para adolescentes y sin control médico, pero Montero le ha doblado el pulso. No, bonita, no. No se trata de derechos, sino de política. El presidente no se puede permitir ahora un cabreo de Unidas Podemos, partido al que va a necesitar como el agua en los próximos meses, y, sobre todo, a medida que la cuestión catalana se vaya envenenando. Los problemas que van a complicarle más la existencia a Sánchez tienen que ver con la autodeterminación.