El Tribunal de Cuentas es el nuevo objetivo a abatir para conseguir que la muy irresponsable y políticamente fallida decisión del presidente del Gobierno de facilitar a los independentistas condenados por el Tribunal Supremo no solo la libertad si no también la condonación del dinero malversado llegue a buen puerto a cambio de que ERC le vote a favor los presupuestos de 2022 y él pueda culminar la legislatura.

Ahora, una vez concedidos los indultos contra el informe negativo y muy fundamentado del propio tribunal sentenciador, le toca el turno al Tribunal de Cuentas contra el que el propio Pedro Sánchez lanzó una de las primeras piedras al decir que era un «anacronismo que sea una ministra del gobierno de José María Aznar quien vaya a decidir sobre los expedientes de los ex responsables políticos de la Generalitat».

La señora Mariscal de Gante es una magistrada de prestigio que precedió en la cartera de ministra de Justicia a otro juez, Juan Alberto Belloch, éste durante el último gobierno de Felipe González y que lleva nueve largos años como miembro de este tribunal y hasta este preciso momento al señor Sánchez no le había llamado la atención el hecho de que la magistrada hubiera servido al país desempeñando en el año 1996 la cartera de Justicia.

Claro, no podía llamarle la atención porque, en ese caso, no habría tenido el valor de nombrar a su propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, en esta ocasión sin la más mínima solución de continuidad.

Sánchez se pasa la ley por el arco del triunfo cuando se trata de hacer cumplir su voluntad

Lo cual demuestra que el suyo no es más que un intento de atacar y desacreditar a los miembros del Tribunal de Cuentas en razón exclusivamente de su necesidad de derribar otro de los obstáculos, uno más, que se alzan frente a sus pretensiones de pasarse la ley y las normas por el arco del triunfo cuando se trata de hacer cumplir su voluntad y los compromisos asumidos por él ante Oriol Junqueras y Pere Aragonés tanto monta, monta tanto. En definitiva, ante los secesionistas que han de prestarle el apoyo que necesita para llegar a 2023 en el poder.

Asistiremos a todo tipo de nuevas tramas y de triquiñuelas para ver el modo descarado de encontrar la rendija por la que liberar a quienes malversaron millones de euros -y precisamente para ocultar eso se ocuparon de destruir la mayor parte de la documentación que lo acreditaba- en promover en el exterior la «república independiente de Cataluña».

Y ahora, cuando se les reclama la devolución de lo malversado recurren como siempre a su condición de víctimas de un Estado opresor y vengativo. Pero lo escandaloso del asunto es que lo están haciendo con la complicidad del Gobierno.

Y así sucede que la Abogacía General del Estado, que hasta ahora había recomendado que se depurara responsabilidad contable de los líderes independentistas por decenas de malversaciones detectadas en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la red exterior de la Generalitat, ahora de pronto se pronuncia en sentido contrario y anuncia el miércoles pasado que «no va a hacer ninguna alegación al acta» de liquidación presentada por la delegada instructora. Ha sido la primera vez a lo largo de esa instrucción en que el abogado del Estado adopta esa actitud pasiva.

Y no solo eso. Ahora se maneja el argumento, lo ha hecho el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que la Abogacía del Estado no tiene legitimación para presentar demanda alguna porque se trata de fondos de la Comunidad Autónoma, no del Estado. Como si los fondos que maneja la Generalitat no provinieran en más de un 70% del Estado.

En cualquier caso, la Generalitat ya ha dicho que «no se siente perjudicada» y que no reclamará los 5,4 millones de euros que presuntamente fueron malversados por los independentistas, para intentar que el caso muera por inanición. Incluso anuncia que está dispuesta a avalar a los dirigentes embargados, cosa de la que ya ha sido advertido el gobierno catalán que supondría un fraude de ley. No importa. Cualquier cosa es posible con tal de librar a los malversadores del pago de sus deudas con los fondos públicos.

Y, por si fuera poco, ahora se trata de disparar con munición de todas las clases posibles contra el propio Tribunal del que ha llegado a decir el presidente del Gobierno que es una mera «instancia administrativa». Falso de toda falsedad. Este Tribunal tiene un artículo entero en la Constitución española, el 136, con cuatro puntos en los que entre otras cosas se dice claramente que es el «supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público».

Pero dice también que «los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces». Lo cual da una idea de la relevancia y la trascendencia que nuestra Constitución da a este órgano del Estado, cuyas resoluciones pueden ser recurridas ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas y después ante el Tribunal Supremo. Y deja también claro lo difícil que lo van a tener quienes pretendan amoldar este órgano a sus particulares intereses.

La sospecha es que el Gobierno, con el apoyo de Podemos, de ERC, de Bildu y probablemente del PNV, todos ellos sumamente interesados en debilitar al Estado desde todos los flancos, pueden intentar aprobar una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de modo que la elección de sus miembros -todos ellos funcionarios pertenecientes a los más altos niveles de la Administración del Estado- deje de serlo por el voto favorable de los 3/5 del Congreso y del Senado y pase a ser, como intentaron hacer con el CGPJ hasta que la Comisión Europea le paró los pies al Gobierno, por mayoría simple. Vaya usted a saber.

Lo que está claro es que, del mismo modo que existe el proyecto de privar al Tribunal Constitucional de la capacidad ejecutiva de hacer cumplir sus sentencias, y de la misma manera que se ha intentado descreditar al Tribunal Supremo equiparando la sentencia condenatoria a los independentistas -Sánchez lo dijo- con la «venganza» y la «revancha», no les quepa ninguna duda que lo siguientes es poner en la picota al Tribunal de Cuentas empezando por desacreditar a sus miembros.

Cualquier cosa les va a servir para «desempedrar» (Ábalos dixit) los obstáculos que el ordenamiento jurídico y la propia Constitución levantan en el camino de ese supuesto «reencuentro» que no ha servido para nada más que para atacar con el propósito cierto de desacreditar y en consecuencia debilitar, las instituciones democráticas. Triste, infame cosecha.