¿Hacia dónde va Centroamérica? En pleno 2021, vemos una ola de violencia que nos traslada a las imágenes más duras del pasado, a un tiempo que pensamos que no volvería. Detenciones en medio de la noche, secuestros de activistas demócratas y candidatos, amenazas de violencia sexual, allanamientos, huidas de los principales críticos… 

En este escenario, la Nicaragua de los Ortega, es, sin duda, la expresión más cruenta y dolorosa de todo lo que va mal. 

La deriva, que no es nueva, se intensificó a partir del 28 de mayo, cuando a los 120 presos políticos, al menos, que llenaban las cárceles nicaragüenses como resultado de la persecución tras las protestas de abril de 2018 se sumaron pre-candidatos presidenciales y líderes políticos, periodistas, campesinos y estudiantes. 

Una lamentable evolución completada con un paquete de reformas que consolida un marco perfecto para el fraude electoral: la muestra del miedo de Ortega a la libertad con que el pueblo nicaragüense ha alzado la voz especialmente en los últimos tres años tras esas protestas de 2018 que sacudieron las bases del régimen. 

En el Parlamento europeo hemos enviado un mensaje a las instituciones europeas: debemos actuar, y actuar ya

Por esta razón, en el Parlamento europeo hemos discutido esta semana una resolución, aprobada por 629 votos, que condena lo ocurrido pero que, sobre todo, manda un mensaje a las instituciones europeas: debemos actuar, y actuar ya.

Desde se produjo la rebelión de abril en 2018 -que se saldó al menos con 300 asesinados, según la ONU- esta Eurocámara ha discutido cuatro resoluciones en dos diferentes legislaturas. Cada vez más específicas, cada vez más urgentes, pero también cada vez con una mayoría más amplia entre los distintos grupos. Una aplastante variedad de ideologías que condenan la insoportable represión de Ortega y Murillo. El mensaje a Ortega –el único camino que hay es la transición política a la democracia– se puede decir más alto, pero no más claro. 

El régimen familiar en el que la familia Ortega y Murillo han convertido Nicaragua alcanza cada día mayores cotas de distopía, y se aleja más de las utopías revolucionarias que un día les hicieron llegar a la escena política. Aquel que otrora se proclamaba «gobierno de los pobres» se despoja de maquillajes y se encarna muy bien ahora en Laureano Ortega, hijo de la pareja y «asesor presidencial de promoción de inversiones», que criminaliza como terroristas a los líderes del movimiento campesino a golpe de tuit.

Precisamente el texto aprobado por el Parlamento se centra por primera vez en la necesidad de perseguir los activos que alimentan la corrupción en la que se basa el régimen autoritario de los Ortega y Murillo. Un clan que, desde su fortaleza de El Carmen, controla todo a través de un conglomerado de empresas primeramente familiares, pero también de los cercanos al núcleo duro de la cúpula, a través de negocios oficiales y contrataciones ilícitas. 

El Estado de derecho es cada vez más débil; los ciudadanos sufren la represión y las dificultades materiales, económicas, sanitarias; el sistema colapsa. 

Las gravísimas violaciones de derechos humanos no serían posibles sin el entramado de corruptelas que durante años los Ortega han fabricado a su medida. Esas violaciones y la corrupción son dos caras de una moneda que se retroalimentan; la una tendría muy difícil sobrevivir sin la otra. Así lo muestra el informe de Transparencia Internacional, que sitúa a Nicaragua como el tercer país donde mayor percepción social de la corrupción hay de América Latina, y en la cola mundial (159, de 180 analizados). 

Pedimos sanciones directas para Ortega, Murillo y la cúpula involucrada en la corrupción y vulneración de derechos y libertades

Por eso es hora de dar un paso adelante y suspender las relaciones con el régimen, pero también de seguir haciendo todos los esfuerzos para estar al lado del pueblo, de la sociedad. No queremos hablar más de la Nicaragua de los Ortega y Murillo.

Queremos acompañar a los ciudadanos nicaragüenses a recuperar el país que esa nefasta pareja ha gobernado con mano férrea desde su mansión presidencial. Lo haremos a través de contactos directos, de trabajo conjunto con la GAFI y con socios internacionales como EEUU, Canadá y Reino Unido, algunos de los cuales ya han impuesto sanciones por corrupción a la familia Ortega. 

La UE debe dar ese paso adelante. Hay demasiada impunidad acumulada en Nicaragua. Desde 2018, sólo se han establecido seis sanciones por violaciones de derechos humanos, algo ridículo que deja fuera el dolor de muchas familias. Pedimos sanciones directas para Ortega, Murillo y la cúpula involucrada en la corrupción y vulneración de derechos y libertades. Pedimos a la UE que contemple la corrupción como un criterio esencial en la lucha contra la impunidad. 

Y si se consuma la deriva de persecución y las reformas represivas se consolidan a través de un proceso electoral sin garantías, ni la UE podrá reconocer las elecciones ni podremos hablar de un gobierno. Hablaremos de una dictadura. Y será muy tarde para preguntarnos si hicimos lo suficiente para evitarlo. 


Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento europeo en la delegación de Ciudadanos