El flamante ministro de la Presidencia, Félix Bolaños acaba de cometer su primer gran error táctico, propio de quien ha estado durante toda su carrera profesional fuera de los focos directos de los medios de comunicación.

Acostumbrado a actuar en la sombra, no ha sabido calibrar la dimensión de la equivocación que suponía abordar de frente un asunto cuajado de aristas y, para colmo de males, entrar a hacer consideraciones sobre el fondo de la cuestión: las razones por las que él sostiene que no es democrático el principio de la elección por los jueces de los 12 togados que integran el Consejo General del Poder Judicial junto con 8 juristas de reconocido prestigio que, éstos sí, dice la Constitución que deberán ser elegidos por el Congreso y el Senado.

Y ahí se ha caído con todo el equipo. Porque desde el PSOE y desde toda la izquierda en general se acusa al PP de no cumplir con la Constitución y de carecer de sentido de Estado. Pero de las lindes de esa consideración no se sale ninguno porque, al entrar a discutir la legalidad y la mayor adecuación del sistema que reclaman los de Pablo Casado al principio inexcusable en toda democracia de garantizar la independencia judicial, se pone el foco sobre la almendra de la cuestión y eso deja los argumentos de los socialistas en muy débil posición.

Por eso se ha equivocado Félix Bolaños, porque ha dicho que “ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos porque eso no es propio de una democracia plena”. Grave error de expresión pero también de concepto.

Porque para empezar, a los jueces no los elige nadie, cosa fundamental para asegurar desde el comienzo su propia independencia. Los jueces se someten a una durísima oposición, aprobada la cual pasan por la Escuela Judicial donde están dos años recibiendo formación complementaria y haciendo prácticas bajo la supervisión de magistrados que desempeñan el papel de tutores. Y solamente cuando han superado todas esas pruebas pueden empezar a ejercer como jueces de Primera Instancia e Instrucción. Ahí es donde da comienzo su carrera judicial.

El Consejo General del Poder Judicial no elige jueces, por supuesto. Es el órgano de gobierno de los jueces y tiene el fin de garantizar la independencia de éstos en el ejercicio de sus funciones también defendiéndolos de la intromisión política, la grave amenaza que se cierne sobre esa independencia.

Por eso la Constitución dice expresamente que, de los 20 miembros del CGPJ, ocho de ellos, los juristas de reconocido prestigio, deben ser elegidos con una mayoría de tres quintos por el Congreso y por el Senado. Y nada dice de la elección de los 12 jueces evidentemente porque el constituyente daba por hecho que serían elegidos entre ellos mismos.

Y eso fue así hasta 1985 en que el gobierno socialista presidido por Felipe González decidió reinterpretar la Constitución “pro domo sua” para introducir el peso político de su por entonces aplastante mayoría absoluta en la representación del Consejo del Poder Judicial.

Y desde entonces estamos en la polémica. Con una particularidad, y es la de que todas las instancias europeas concernidas tienen la misma posición: la independencia del Poder Judicial está más garantizada cuando se respeta escrupulosamente la separación de los tres Poderes del Estado en una democracia y cuando la población lo entiende y lo asume así. 

La percepción que la ciudadanía de cualquier país tenga de la independencia de sus jueces es un elemento determinante para evaluar la calidad democrática de esa sociedad»

Pero esa separación de Poderes queda gravemente amenazada cuando el Poder Ejecutivo directamente (no hay más que ver cómo el ministro de Justicia Juan Carlos Campo negociaba con el representante del PP, Enrique López), o con la intermediación del Poder Legislativo a través de la negociación entre los principales grupos parlamentarios, pretende intervenir en el órgano de gobierno de los jueces. Que es exactamente lo que sucede en España.

Por eso resulta del todo inquietante la pretensión de Podemos -que es el cuarto grupo parlamentario del Congreso, ojo, por detrás de Vox- de tener a uno o dos de los jueces del CGPJ próximos a su ideología con el revelador argumento de que su partido forma parte del Gobierno. No puede ser más explícita su intención de intervenir políticamente en el órgano de gobierno de los jueces. Lo que no quita para que el propósito de los otros dos integrantes de las negociaciones sea idéntico al del grupo morado.

Y en evitar esa intromisión en la independencia judicial es en lo que desde distintos organismos europeos se viene insistiendo desde hace años. La percepción que la ciudadanía de cualquier país tenga de la independencia de sus jueces es un elemento determinante para evaluar la calidad democrática de esa sociedad y para asegurar su mantenimiento.

Nuestros jueces son independientes pero los partidos españoles no han dejado de hacer esfuerzos para destrozar esa imagen de independencia judicial en favor de sus intereses políticos y sus necesidades judiciales. 

Y en este reproche está incluido el Partido Popular porque, aunque ahora reclame una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ajustarla a lo que realmente establece la Constitución, nunca cuando gobernó asumió su compromiso, largamente expresado en público, de hacerlo.

Y eso que también ha gobernado en dos legislaturas con mayoría absoluta en el Congreso (183 escaños en 2000 con José María Aznar y 186 escaños en 2011 con Mariano Rajoy) y ha tenido, por lo tanto, ocasión de hacerlo con la fuerza de sus propios votos. Por lo tanto, no está ni mucho menos exento de responsabilidad en el lamentable espectáculo que los dos grandes partidos de gobierno han dado en todos estos años desde 1985 hasta hoy.

La situación es ahora, sin embargo, mucho peor de lo que nunca fue a causa de la decisión del PSOE de aprobar en marzo pasado la modificación de la LOPJ por la que el CGPJ no podrá efectuar nombramientos judiciales una vez haya expirado su mandato. 

Esa fue la demostración más obscena de la intención última de los partidos, en este caso de la izquierda, de repartirse políticamente el Consejo al despojar al órgano de gobierno de los jueces de una de sus funciones más relevantes como es la de efectuar nombramientos discrecionales.

Porque si respetasen el principio de que los nombramientos se hacen desde la más absoluta independencia, tendrían que aceptar que no debería haber diferencias sustanciales entre los efectuados por un CGPJ con el mandato caducado y los realizados por el Consejo que le sustituyera.

Lo que evidencia esa modificación de la ley es que los partidos parten de la idea de que los nombramientos deben responder a criterios políticos y cada uno pretende que su criterio sea el que prevalezca si ha ganado las elecciones, como es el caso del PSOE, no el de Podemos.

Los partidos parten de la idea de que los nombramientos responden a criterios políticos y cada uno pretende que su criterio sea el que prevalezca»

Mientras desde el Gobierno se ha sobrevolado el fondo del asunto y se han limitado sus portavoces a acusar al PP de deslealtad constitucional y de falta de sentido de Estado, la cosa iba bien porque no había que entrar en otras consideraciones.

Pero, ay, el ministro Bolaños se ha lanzado por la pendiente de lo poco democrático que resulta que sean los jueces quienes elijan a los 12 miembros de la carrera judicial del CGPJ, aunque formulado esto con enorme torpeza al decir que “ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos” y se ha abierto inmediatamente la caja de los truenos.

Las Asociaciones judiciales más importantes, con la excepción de la izquierdista Jueces y Juezas para la Democracia, han puesto el grito en el cielo. Acusan al ministro, y por extensión al Gobierno y a todos los partidos de la izquierda parlamentaria, de pretender acabar con la independencia judicial y con la separación de Poderes, pilar irrenunciable de todo Estado de Derecho.

Y así se han multiplicado las comparaciones con Francia, con Italia, con Portugal, se han recordado las recomendaciones de la Comisión Europea, las reclamaciones o exigencias del GRECO -Grupo de Estados contra la Corrupción- del Consejo Consultivo de Jueces Europeos o las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas ellas en la misma dirección: los partidos políticos presentes en el Parlamento no deben de ninguna manera intervenir en la elección del sector judicial del órgano de gobierno de los jueces.

La Asociación de izquierdas JJPD ha recurrido a Change.org para pedir firmas, pero ese no es el método para abordar una cuestión constitucional de tan grueso calibre. Esto no se mide por kilos, aunque sean de firmas.

Lo que se está manejando, y más aún después de la temeraria intervención del ministro Bolaños, es munición de grueso calibre contra la posición irreductible del Gobierno del PSOE, que no tiene nada fácil vencer en un debate de esa naturaleza. Tiene enfrente demasiado peso de dimensión internacional para salir indemne de esta prueba. Sus argumentos se debilitan dramáticamente en cuanto se aborda a fondo la discusión.