El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas para abaratar el precio del recibo de la luz en un 22%, porcentaje que, unido a las ya adoptadas de supresión del impuesto a la generación y la rebaja del IVA del 21% al 10%, supondrían para el ciudadano un recorte total sobre los precios actuales del 30%.

No descorchen todavía las botellas de champán (o de sidra), porque sólo durante el mes de agosto los precios subieron un 34%. Así que este «plan de choque» nos retrotraerá, con suerte, a la factura que pagábamos en el mes de julio.

Bienvenida sea, de toda formas, una rebaja que supondrá un recorte medio de diez euros al mes en la factura y que, por otro lado, aliviará la presión sobre la cesta de la compra (IPC).

Veamos ahora los elementos que han llevado a la toma de decisiones del Gobierno.

Sánchez no quedará como mentiroso y pagaremos este año lo mismo que en 2018. Pero a costa de poner en cuestión la seguridad jurídica y de convertir a las eléctricas en vampiros de los consumidores

El primero de ellos ha sido que la rebaja del precio de la energía eléctrica (hablamos siempre del precio regulado) llegará hasta el punto en el que el presidente del Gobierno no quedase como un mentiroso redomado. Es decir, que las siete medidas aprobadas en este Consejo de Ministros llevan a la mágica cifra que prometió Pedro Sánchez en entrevista a El País: los usuarios pagaremos un recibo similar (IPC descontado) al que pagamos en 2018, año en el que el PSOE llegó al Gobierno y que, ¡oh, casualidad!, coincide con el año de precios más caros de la última década.

El presidente podrá presumir a finales de este año de que ha cumplido su promesa, aunque haya sido a costa de provocar un lío sin precedentes en el sector eléctrico y de haber causado un daño difícil de evaluar a la credibilidad de España como país en el que hay una cierta seguridad jurídica para los inversores.

Pero eso parece no importar. Porque el otro elemento que ha condicionado el plan de choque ha sido el «hachazo a las eléctricas». Distintos miembros del Gobierno, el último el propio presidente en entrevista a TV1, se han referido a los «beneficios excesivos» de las eléctricas, dando la imagen distorsionada de que las compañías se forran con la subida de la tarifa. Eso es discutible. Al menos, eso no lo reflejan sus cuentas de resultados en el primer semestre de este año. Pero, de ser así, el causante del dislate no serían unas empresas que tienen las tarifas reguladas, sino precisamente un sistema de fijación de precios tan absurdo que hace que la electricidad se pague al precio de la tecnología más cara; en este caso, la que se produce en los ciclos combinados que se nutren de gas (cuyo precio se ha disparado este año). Es decir, que cobran a precios del ciclo combinado la electricidad hidráulica o la nuclear, que no usan el gas. Es cierto que ese sistema (marginalista) es el que rige en Europa, pero eso no le salva de ser una aberración lógica que, en la práctica, ha llevado a la situación actual.

Pero, vayamos al «hachazo». Según la estimación del departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, la limitación a la repercusión del precio del gas en la tarifa supondrá una minoración de 2.600 millones en las cuentas de resultados de las empresas eléctricas. Natural que se enfaden. Pero lo curioso de la medida (que supone cambiar las reglas de juego a mitad de partido y que seguro que será recurrida; abogados no les faltan a las eléctricas) es que será temporal: durará hasta el 31 de marzo de 2022. A partir de ahí, esos beneficios podrán ser recuperados por las empresas porque se supone que entonces comenzará a bajar el precio del gas. O sea, que no se trata de un recorte de beneficios estricto, sino de usar a las empresas para que financien una rebaja contra natura del precio de la electricidad. Ya conocemos lo que sucedió con los costes diferidos. Ahora veremos qué pasa con los beneficios diferidos.

El cabreo del mundo del kilowatio es tal que a media tarde el Foro Nuclear (que agrupa a empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP) emitió una nota en la que amenaza con el «cese de la actividad nuclear» si el Gobierno sigue adelante con la tramitación del proyecto de ley del CO2, que ahora está en el Congreso y que supondría reducir los beneficios de las compañías en unos 900 millones de euros. Por ahora, no han dicho nada del «plan de choque» aprobado en este Consejo de Ministros. Pronto lo sabremos. ¿Se imaginan que se paralizan las nucleares? Los miembros de Unidas Podemos del Gobierno lo celebrarían por todo lo alto, pero los ciudadanos en general, la gente, lo pasaríamos muy mal, porque la energía nuclear representa más del 20% del total de la energía eléctrica que consumimos.

En resumen, el Gobierno ha aprobado un «parche de choque» que no arregla nada, sino que aplaza las decisiones importantes para dentro de seis meses. Eso sí, Sánchez quedará como un hombre de palabra y las eléctricas habrán sufrido el demagógico hachazo con el que soñaba Pablo Iglesias.