Pedro Sánchez desautorizó ayer a su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y, por sorpresa, pactó una nueva ley de Vivienda con Yolanda Díaz, que le garantiza la luz verde de UP a los presupuestos generales de 2022.

Sánchez en estado puro. No sólo ha dejado mal a su nuevo niño bonito, que la noche antes se había opuesto a cerrar el acuerdo con los representantes de UP, sino que ha dejado en papel mojado su compromiso con los inversores internacionales de que no cambiaría la regulación de los alquileres.

Por cierto, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido la gran ausente en una negociación clave que tendrá importantes repercusiones económicas. Es otro mensaje a tener en cuenta.

Pero el presidente se había propuesto tener aprobados los presupuestos antes de la celebración del Congreso del PSOE, que tendrá lugar dentro de trece días en Valencia, y va camino de conseguirlo. Aunque sea a costa de crear un gravísimo desajuste.

¿Qué ganas le van a quedar a José Luís Escrivá de pelearse con la facción podemita del Gobierno en la reforma de las pensiones si sabe que, al final, el presidente terminará dándole la razón a Yolanda Díaz?

Habrá que esperar a leer la letra pequeña de una ley de Vivienda que no verá la luz hasta dentro de unas semanas, pero ayer se dieron a conocer sus grandes líneas. El objetivo, en teoría, es bajar precios del alquiler y facilitar la emancipación de los jóvenes. En la práctica, será todo lo contrario.

La nueva ley de Vivienda es un éxito de Yolanda Díaz que permite a Sánchez aprobar los presupuestos. Pero a cambio de crear inseguridad jurídica y de romper la unidad de mercado

Para ello, el gobierno ha anunciado que se podrán aplicar recargos del 150% en el IBI a las viviendas vacías, para, de esa forma, ensanchar el mercado del alquiler. Un primer escollo de esa medida es que todavía no existe una definición legal de vivienda vacía. La segunda cuestión, más importante aún, es que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es competencia de los ayuntamientos. Es decir, que, por ejemplo, Barcelona podría aplicarlo y Madrid no.

Otra medida estrella de la ley es que los grandes propietarios (las sociedades que tengan más de 10 viviendas a su nombre) tendrán que bajar los precios en virtud de un índice de referencia de las llamadas «zonas tensionadas» (aquellas en las que los precios hayan subido más del 5% durante los últimos años y en las que su coste suponga más del 30% de la renta). El gobierno, influenciado por la visión de tebeo de Podemos, piensa en los fondos buitre. Los Black Rock y compañía. Pero se olvida de que, además de esos supuestos buitres a los que luego Sánchez pretende camelar, hay miles de pequeños ahorradores que han invertido en SOCIMIS (Sociedades Anónimas de Inversión Inmobiliaria) como un refugio para su dinero, dada la inestabilidad de la Bolsa y la escasa rentabilidad de los depósitos. En total, la inversión inmobiliaria (sin contar a los pequeños propietarios) supera los 100.000 millones de euros en España.

La dificultad para que esa medida sea efectiva es que la declaración de «zona tensionada», para acogerse al índice que elabora el Ministerio de Fomento, se hace a petición de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de vivienda.

Se va a dar así una situación curiosa. Las comunidades controladas por la izquierda tendrán una regulación mucho más dura que las que estén gobernadas por la derecha, lo que, unido a la capacidad de los ayuntamientos de aplicar el mencionado recargo del IBI, va a generar una ruptura de mercado que producirá evidentes desajustes en la oferta.

Los inversores internacionales irán, naturalmente, a las zonas con menos trabas regulatorias. Es un dato que ya hoy se estará transmitiendo entre los gestores de los grandes fondos y que, probablemente, a corto plazo no tenga consecuencias, pero que, a largo plazo, va a generar una situación insostenible.

Si a eso se añade la obligatoriedad de reservar el 30% de la edificación de obra pública para alquileres, tendremos el cuadro completo del intervencionismo en la vivienda que ha dibujado el Gobierno de coalición y que, por la estructura de nuestro estado, creará un auténtico Frankenstein en el mercado de la vivienda.

¿Qué nos dice la experiencia? Cataluña -y, en concreto, Barcelona- ha sido la comunidad que más ha propiciado las políticas proteccionistas en la vivienda. Pues bien, en Barcelona, durante el último año, la oferta de alquiler ha caído un 42% sobre el año anterior, mientras que los precios sólo bajaron un 8%. En ese mismo periodo, en Madrid la oferta ha caído sólo un 12% mientras que los precios se han recortado en un 9%.

El gobierno ni siquiera se ha molestado en hablar con los expertos del sector para evaluar las consecuencias de la puesta en práctica de este paquete populista. El objetivo era otro: aprobar los presupuestos como fuera.

Con ello contenta a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se apunta este tanto y el de la imposición del mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a grandes empresas. Pero, a medio plazo, a quien Sánchez le hace un favor es a Isabel Díaz Ayuso que con sólo colocar el cartel de «En Madrid no se aplicarán las medidas socialistas» recibirá un caudal de inversión que aumentará la oferta y que, naturalmente, propiciará la bajada de precios.