Vamos de mal en peor, bajando, bajando, en todos los órdenes institucionales hasta que nuestro sistema democrático, bien armado y protegido por la Constitución de 1978, alcance el valor de un apaño entre colegas.

Viene esto a cuenta de dos hechos que se produjeron ayer y que apuntan ambos en la misma dirección. El primero, por su trascendencia, es el acuerdo al que han llegado felizmente el Gobierno -porque aquí la específica exigencia de que las negociaciones para renovar los órganos jurisdiccionales se haga entre los partidos políticos se la han pasado todos tradicionalmente por el arco del triunfo- el acuerdo, decía, a que han llegado el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Digo felizmente porque para llegar a este pacto les ha sobrado la friolera de dos años. Y para llegar a tan magno acuerdo han echado mano de lo que tenían más cómodo para no seguir discutiendo: un catedrático de Derecho Público y letrado de las Cortes Generales, el único con categoría suficiente para asumir la trascendental tarea de interpretar en última instancia el mandato constitucional y revisar, atención a esto, a la luz de la Constitución las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo que es, como se sabe, la cúpula del Poder Judicial español.

El Constitucional no forma parte del Poder Judicial, cosa que se olvida con demasiada frecuencia, aunque tiene una responsabilidad elevadísima porque es el encargado de garantizar el fiel cumplimiento de nuestra Carta Magna.

Pues bien, para esta tarea decisiva los negociadores han echado mano de magistrados dignísimos pero que tienen una categoría abiertamente inferior a las de quienes ocupan, por méritos jurídicos de sobra acreditados, las distintas Salas del más Alto Tribunal. 

Es más, algunos de los nuevos miembros del TC han optado a acceder al Tribunal Supremo y han visto sus candidaturas rechazadas. Y ahora se ven aupados y capacitados para examinar, y en su caso desautorizar, las sentencias del Tribunal al que no pudieron acceder en su día por no reunir todavía el grado de excelencia jurídica exigible para formar parte de ese Tribunal.

Parece una broma pero no lo es. Es sencillamente el síntoma, o más bien la prueba, de lo mucho que se han degradado las instituciones en España, con la colaboración entusiasta de quienes están obligados a respetarlas y otorgarles la trascendencia que merecen.

Aquí basta con una reunión de dos representantes políticos para, en un apaño resuelto en 24 horas, rebajar el nivel de excelencia jurídica del TC y de paso someter a la enésima humillación institucional al TS

Pero no, aquí basta con una reunión de dos representantes políticos para, en un apaño resuelto en 24 horas, rebajar el nivel de excelencia jurídica del Tribunal Constitucional y de paso someter a la enésima humillación institucional al Tribunal Supremo.

Atrás han quedado los tiempos en que magistrados del TS y representantes del más alto nivel de la Fiscalía eran nombrados para ocupar los puestos del Constitucional para poner sus altísimos conocimientos jurídicos, de alta escuela, al servicio de la interpretación de nuestra Carta Magna y su justo cumplimento. 

Un lamentable episodio del que se está felicitando la mayoría sin darse cuenta de que el acuerdo daña profundamente la categoría del TC sin que eso suponga el menor desprecio para cada uno de los magistrados elegidos. Es sencillamente que no tienen todavía la categoría jurídica para ocupar ese puesto ni para discutir a sus superiores jerárquicos las resoluciones que se sometan en el futuro a su examen constitucional.

Y la culpa no es suya sino de quienes en el campo de la política se creen dueños y señores de todas las instituciones del país y actúan en consecuencia.

El otro episodio que produce tanto sonrojo como alarma es el vivido ayer en el Congreso de los Diputados a cuenta de la inhabilitación del diputado de Podemos  Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo a un mes y 15 días de prisión por dar una patada a un policía en el transcurso de una manifestación, pena que el Alto Tribunal sustituyó por una multa.

Con este motivo, el de que la multa está pagada, la Mesa del Congreso decidió por votación de cinco a tres que la sentencia del Supremo había sido cumplida y que no había que proceder a hacer efectiva la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo que le había sido impuesta como pena accesoria.

Pena que no es ni la de «suspensión de cargo público», que no le ha sido aplicada -aunque hubiera podido hacerse-, ni la de «inhabilitación de cargo público», que sólo se podría haber aplicado si Rodríguez hubiera sido diputado en el momento de la agresión y hubiera habido una relación directa entre el delito y el cargo, pero es que ni siquiera era diputado en aquel momento.

Eso significa que el  señor Rodriguez no ha perdido su condición de diputado y que solo tiene prohibido presentarse a elecciones durante un mes y medio a contar desde el instante en que se aplique la condena. En esto están de acuerdo todos los grandes penalistas de España y esto es exactamente lo que significa la pena de inhabilitación del sufragio pasivo que se le ha impuesto al representante de Podemos y lo que probablemete el presidente de la Sala de lo Penal del TS le explicará a la presidenta del Congreso Meritxell Batet después de que ésta haya pedido aclaración al magistrado.

Pero lo grave no es el debate. Lo grave es la reacción de Podemos que se ha apresurado a acusar al Tribunal sentenciador de “prevaricación”, de “cometer una barbaridad” y de ser “una vergüenza” para España.

Es esa falta de respeto que se está generalizando en nuestro país hacia las instituciones, y da igual que sea el Supremo, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Congreso, la Corona o la propia Constitución lo que advierte de la deriva disolvente por la que se están deslizando muchos responsables políticos, algo que nos puede acabar llevando a un nuevo desastre de los varios que ya hemos conocido en nuestra Historia.

La Unión Europea es una garantía de estabilidad pero no es un seguro de vida a todo riesgo. Convendría que lo tuviéramos en cuenta.