Llevamos 30 años en esta batalla que se ha saldado sistemáticamente con el incumplimiento por la vía de los hechos por parte de las autoridades catalanas, cuya obsesión, desde los primeros tiempos de los gobiernos de Jordi Pujol, es erradicar el uso del castellano en las aulas, cosa que ya han logrado a pesar de que se han visto obligados a impartir una sola asignatura, una en todo el curriculum, en castellano.

Pero no les ha bastado con eso. Su obsesión persecutoria del uso del castellano en los recreos viene de antiguo. Ya con Pujol existían esos comandos de espionaje en los patios de los colegios y ese afán de implantar el catalán en las relaciones entre los chiquillos mientras jugaban.

Treinta años más tarde continúan intentándolo sin éxito. Hace unos días leímos que el consejero catalán de Educación, Josep González Cambray se dirigía a los directores de los centros para aleccionarles sobre la necesidad de que consigan que los niños no sólo entiendan el catalán sino que no utilicen el castellano a la hora de responder. He aquí la reproducción de sus palabras: 

«He visitado muchos centros educativos en los que los maestros os dirigís en catalán pero, cuando yo he entrado en una aula, cuando haces alguna pregunta al niño, muchos te responden en castellano. Ésta también es una labor educativa que tenemos como país. Aunque no cambiéis de lengua, el paso siguiente tiene que ser que ese alumno se os dirija en catalán. El segundo paso será que esta lengua también sea de uso social en los comedores, las actividades extraescolares y hasta en el patio, que, como ya sabéis, es horario lectivo. Este es un tema prioritario, destinaremos los recursos que haga falta». 

En esta labor callada, constante, persistente y obsesiva de erradicación del castellano llevan tres décadas los nacionalistas. Esta era la preocupación que me expresó repetidamente Jordi Pujol cuando ejercía todo el poder en Cataluña y que se mantiene hoy en los mismos términos o incluso peores porque ya afecta a la enseñanza universitaria donde también se han organizado otros comandos para denunciar y presionar a los profesores que den sus clases en castellano.

Es un régimen persecutorio y semi policial que podría incardinarse perfectament en un relato como el de aquella magnífica película “La vida de los otros”. Pero estamos hablando de una cuestión de derechos, los que tiene todo ciudadano español a que sus hijos reciban educación en la lengua común.

Y, sin embargo, y a pesar de tanto esfuerzo, pasados los años resulta que para la mayoría de la población que vive en esa tierra, el castellano sigue siendo su lengua materna y la que mayoritariamente considera no solamente como propia sino también como lengua habitual.  Son datos del Instituto de Estadística de Cataluña de 2019. No han conseguido desde 1983, en que están obstinadamente dedicados a ello, vencer a la lengua que hablan 500 millones de seres humanos en el mundo, proporción que va en constante aumento.

Pero de que ése sería su sueño no puede caber la menor duda porque los nacionalistas catalanes, ahora convertidos al independentismo militante, siempre han utilizado la lengua como arma de combate político y pretenden seguir haciéndolo. El catalán no es para ellos un elemento de riqueza colectiva sino un recurso para la confrontación. Y en este momento cuentan con la complicidad de los partidos en el Gobierno.

Su obsesión persecutoria del uso del castellano en los recreos viene de antiguo. Ya con Pujol existían esos comandos de espionaje en los patios de los colegios»

No fue casualidad que en la precipitada elaboración y aprobación de la conocida como “ley Celáa”, que en su redacción original decía “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” se modificara este punto y se eliminara la referencia del castellano como lengua vehicular.  Aquella fue una de las exigencias de ERC, apoyado por Podemos, a la que en noviembre de 2020 se sometió este Gobierno en minoría y siempre dependiente de los votos de los independentistas catalanes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 

Pero ya entonces se sabía que la última palabra la tenían los  tribunales y ahora se ha visto: la enseñanza en Cataluña tiene que incluir al menos un 25% de asignaturas en castellano.

Esto, que el castellano es una lengua vehicular en  la enseñanza de toda España, es lo que vienen diciendo desde hace años, tantos como desde 1994, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cada vez que una familia ha recurrido para garantizar la enseñanza en su lengua materna a sus hijos.

Pero ahora ya no les vale a las autoridades educativas cumplir la sentencia únicamente en la clase del alumno cuyos padres hubieran reclamado que se respete su derecho, que es lo que han venido haciendo hasta hoy. Ahora la providencia del Tribunal Supremo, que no ha admitido a trámite el recurso de la propia Generalitat, lo deja claro: el 25% de la enseñanza en Cataluña deberá hacerse en castellano.

El ministerio de Educación sí es competente políticamente, por lo menos para instar a la Generalitat a aplicar la sentencia del TSJC pero ha preferido esconderse detrás de las togas para ver si así los imprescindibles votos de ERC no dan marcha atrás y dejan los Presupuestos colgados de la brocha. Es víctima de un chantaje.

No podemos dar por absolutamente buena la versión, porque es interesada, del consejero de Educación, el ya mencionado González Cambray, según la cual la ministra del ramo le habría garantizado que desde el ministerio no van a mover un dedo, porque esto “es cosa de los tribunales”. Efectivamente es así pero políticamente resulta escandaloso que desde el Gobierno de España se eluda de esta manera vergonzosa la responsabilidad de defender la lengua común además de un principio recogido en nuestra Constitución.

El ministerio de Educación sí es competente, pero ha decidido esconderse detrás de las togas para ver si así ERC no da marcha atrás»

La respuesta de los responsables de la Generalitat ha sido la de siempre desde hace décadas, en eso no hay ninguna novedad: mucha gesticulación y todos quietos y seguimos a lo nuestro como quien oye llover. El problema es que ya no les va a ser posible porque las entidades que llevan muchos años batallando para que se reconozca al castellano como lengua vehicular no van a permitirlo. 

Cada director será responsable de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ahora refrendada por el Supremo y, de no hacerlo, se enfrentará personalmente a las sanciones correspondientes que pueden incluir la de su inhabilitación. Un precio muy alto.

Y los independentistas catalanes ya han comprobado en carne propia que las decisiones judiciales que no se cumplen acarrean un castigo imposible de eludir. Los directores de los centros cumplirán, claro que cumplirán, aunque tengamos que soportar durante un tiempo los aspavientos y el victimismo de sus gobernantes.

Mientras tanto, el Gobierno seguirá escondido eludiendo sus obligaciones políticas, constitucionales y también morales.