Con el bono joven de alquiler al Gobierno le ha salido el tiro por la culata. La maniobra de distracción, puesta en marcha de forma atropellada, para enmascarar la no aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de vivienda, apenas ha durado unas horas. Justo lo que se tarda en comprobar que la medida apenas si va a beneficiar al 1,7% de los jóvenes a los que va destinada.

La maquinaria propagandística funcionó. Los informativos de las televisiones le dieron bombo, hubo filtraciones, comparecencias ministeriales… e incluso un briefing en el que ningún medio fue excluido. Pero, al final, lo que queda en resumen telegráfico es: un fondo de 200 millones a repartir en bonos de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que vivan en pisos de alquiler de menos de 600 euros y que ganen menos de 24.318 euros.

No hay más que echar una ojeada a los precios de los alquileres en las grandes ciudades, como cuenta Alba Asenjo en El Independiente, para comprobar que en Madrid, Barcelona y Valencia, la medida no alcanza ni al 2% de la oferta de los pisos en alquiler. El Consejo de la Juventud de España ha calculado que el bono sólo llegará a unos 50.000 jóvenes, de los 2,8 millones de emancipados que hay en España entre 18 y 35 años. El Consejo califica sin paliativos el bono joven como «lotería». No le falta razón.

Además de su escasa dotación, ni siquiera se han establecido las normas de reparto de esos 200 millones, cuya distribución se aplaza a una futura reunión con las comunidades autónomas.

Otra cuestión es si las ayudas directas ayudan o no a mejorar las condiciones para alquilar. Desde el sector de la vivienda a líderes de izquierdas como Íñigo Errejón creen que la medida repercutirá en una subida de los precios.

Tan escasas son las ayudas, que las autonomías del PP van a poner en marcha sus propias medidas para facilitar el acceso al alquiler de los jóvenes. Incluso en el País Vasco ya disfrutan de mejores ventajas de las que se anunciaron tras el Consejo de Ministros.

Lo peor es que el Gobierno, como le reprocha el Consejo de la Juventud de España en un comunicado, utiliza la «precariedad para hacer propaganda política». Las elecciones en Castilla y León están ya a la vuelta de la esquina y el Gobierno quiere que se hable más de las ayudas a los jóvenes que de las macro granjas.

El bono joven para alquiler es una lotería que no alivia el problema del precio de la vivienda en las grandes ciudades

El problema de la vivienda no se soluciona con golpes de ingenio o fuegos de artificio. Es un asunto tremendamente complejo que afecta a todas las grandes ciudades del mundo y no sólo de España. No hay más que ver los precios, tanto para la venta como para el alquiler, que se pagan en Londres o en París, por no hablar de Nueva York o de algunas de las grandes urbes de Asia.

Para afrontar este enorme reto no hay peor remedio que la demagogia. Unidas Podemos cree que la cosa es muy fácil. Basta con cumplir lo que dice la Constitución en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Como bien sabe -o debería saber- el presidente, las cosas no son tan sencillas como promulgar una ley que obligue a bajar precios.

Sin embargo, como hemos visto ya en demasiadas ocasiones, Pedro Sánchez toma sus decisiones en función de sus necesidades en cada momento. El pasado mes de octubre tuvo que ceder a la presión de Yolanda Díaz para que UP diera luz verde a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. El precio a pagar: la ley de vivienda.

El texto del anteproyecto, que ya comentamos aquí en su día, es un dislate. Fundamentalmente porque el Gobierno asume medidas que son competencia de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos. El anteproyecto que iba a llevarse a la mesa del Consejo de Ministros el pasado martes fue rechazado la semana pasada por una amplia mayoría (15 votos contra 6) en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, precisamente porque, en opinión de sus miembros, el Gobierno invade competencias autonómicas. Es cierto que el dictamen del CGPJ -que conoceremos el próximo día 27- no es preceptivo, pero su opinión es importante dado que señalará el camino para que los partidos de la oposición impugnen un texto que seguramente terminará siendo recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Aliviar el coste de la vivienda para hacerla más accesible a los jóvenes es una cuestión de Estado, y requeriría de un gran acuerdo de los grandes partidos, en base a una legislación para cuya elaboración habría que contar con la opinión de promotores y constructores. Bajar los precios no es algo que haya que dejar sólo al albur del mercado, pero no se puede hacer sin contar con el mercado.

Sánchez está siendo víctima de su política de parcheo y de un tacticismo que termina engendrando mamotretos como el anteproyecto de ley que se empeña en aprobar, o medidas improvisadas e inútiles como el bono joven que acaba de poner en marcha.