Lo sucedido este martes en el Congreso de los Diputados, en concreto lo perpetrado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es uno de los episodios más vergonzosos e institucionalmente más degradantes de los atropellos, no demasiad0 frecuentes, hay que decirlo, de los producidos en el Parlamento español en toda la legislatura.

Y con ello la señora Batet, representante del Poder Legislativo de nuestro país, que se supone que es un Poder independiente del Poder Ejecutivo, se ha desacreditado definitivamente y ha demostrado no ser digna de ocupar el cargo que ostenta, aunque en realidad ya habría que decir que detenta.

Resulta que la tercera autoridad del Estado se ha puesto obedientemente al servicio de las necesidades y de las urgencias del presidente del Gobierno y, literalmente a la carrera, ha alterado una resolución de 2004 aprobada por Manuel Marín, quien fue en su día presidente de las Cortes y que era socialista como Batet pero que, él sí, era consciente de la trascendencia de su papel y de la responsabilidad inmensa que comportaba el ejercicio de su cargo.

Meritxell Batet -insisto: la tercera autoridad del Estado, sólo por detrás del Rey y del presidente del Gobierno- se puso ayer mansamente al servicio, entendida esta palabra como la propia de quien desempeña el papel de siervo, de las necesidades de Pedro Sánchez.

En cuestión de pocas horas, la señora Batet alteró la resolución que establecía las condiciones para constituir la que se conoce como Comisión de Secretos del Estado. Hasta ayer mismo, para ser merecedor de formar parte de esa Comisión, cada uno de los diputados que entraran en ella debía haber obtenido el nihil obstat de los 3/5 de la Cámara.

La especialísima naturaleza de los delicados asuntos que allí se pudieran tratar y que estaban cubiertos por el manto del secreto, exigía que la mayor parte de los diputados, en proporción abrumadora, avalaran con su voto a cada uno de los que formaban parte de esa Comisión.

A nadie le extrañará que, dado el carácter de estricta confidencialdad de sus trabajos, los partidos constitucionalistas se negaran a que participaran en ellos partidos como el independentista Esquerra Republicana de Cataluña o Junts per Catalunya, que intentaron violentar la Constitución y lanzaron un ataque al Estado desde dentro de las instituciones.

Y, naturalmente, tampoco EH Bildu, cuyas íntimas conexiones con la banda terrorista ETA, que asesinó a más de 800 inocentes y destrozó la vida de miles y miles de ciudadanos en su intento criminal de derribar la democracia española, lo hacen incompatible con el más mínimo conocimiento de las entrañas de Estado.

Batet se ha desacreditado definitivamente y ha demostrado no ser digna de ocupar el cargo que ostenta, aunque en realidad ya habría que decir que detenta

Pero héte aquí que Pedro Sánchez necesita que estos partidos, por lo menos dos de ellos, le aprueben el decreto de medidas económicas contra los efectos de la guerra que el Gobierno va a presentar este jueves ante el Congreso.

Y como resulta que los independentistas están indignados por el presunto espionaje que, supuestamente el CNI ha practicado sobre 60 de ellos, el presidente del Gobierno está dispuesto a hacer lo que sea, literalmente lo que sea, para contentar al independentismo catalán, a cuyos airados reproches se han sumado, cómo no, los proetarras de Bildu y la parte podemita del Gobierno.

Así que ha decidido que había que darles entrada nada menos que en la Comisión de Secretos del Estado que lleva sin constituirse desde que gobierna Sánchez precisamente por la vitola de quienes él ha elegido como socios para la legislatura, a cuya entrada se oponen con toda razón los partidos constitucionalistas.

No hay problema: se le da la orden a la presidenta de las Cortes para que en un abrir y cerrar de ojos altere la letra y el espíritu de la resolución y ¡ale hop! ya no se necesitan 3/5 de los votos de la Cámara sino simplemente una mayoría absoluta para que entren en la Comisión y conozcan los entresijos más delicados de la defensa del Estado democrático aquellos que están interesados precisamente en derribarlo.

Y si sólo se necesitan 176 votos ya se puede eludir la resistencia de los partidos constitucionalistas. La cosa es que todo esté listo antes del jueves por la tarde, cuando se vote el decreto. Y vaya si lo va a estar…

Que Bildu forme parte de esa Comisión es una vergüenza y un escándalo de inmensas proporciones. Que eso suceda porque el presidente del Gobierno tenga la necesidad de contentar a estos partidos para que le voten el decreto del jueves es de una inmoralidad insuperable.

Pero que la presidenta de la Cámara, la representante del Poder Legislativo de España, se ponga a los pies de su jefe de filas y obedezca mansamente sus órdenes despreciando la razonable negativa del principal partido de la oposición es una obscena afrenta al sistema democrático que nos rige y que se basa en el determinante principio de la separación de poderes.

Meritxell Batet y Pedro Sánchez contribuyen con su zafio comportamiento a destruir el prestigio de nuestras instituciones. No merecen ocupar la posición que respectivamente les otorga la Constitución como representantes de dos de los Poderes del Estado.