Pedro Sánchez ha decidido entregar a los independentistas, en bandeja de plata, la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban. Lo apuntó este viernes de una forma indirecta, pero suficientemente explícita.

Moncloa (cuando los periodistas utilizamos esa fórmula nos estamos refiriendo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o bien, al jefe de Gabinete del presidente, Oscar López) filtró ayer que Sánchez no sabía nada del espionaje a los indepes. «Ni lo sabía, ni lo autorizó», remacharon las fuentes residenciadas en el complejo presidencial.

Como saben, Paz Esteban compareció el jueves ante la Comisión de Secretos Oficiales en la que explicó que el CNI había pinchado los teléfonos de 18 personas ligadas al independentismo, entre ellas el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Además, según publicó elDiario.es, en la documentación que se entregó para su lectura a los diputados que asistieron a la comparecencia, que por ley es secreta, había datos sobre otras diez personas espiadas cuyos nombres aparecían tachados. Es de suponer que la información ha salido de uno de esos diputados, vulnerando su obligación de secreto. Esto pone de manifiesto el grave error cometido por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, al rebajar la mayoría para su convocatoria, lo que ha permitido a miembros de ERC, Bildu y la CUP acceder a la Comisión de Secretos. Aunque este detalle, vulnerar la obligación de no revelar lo acecido en esa Comisión, según están las cosas, sea casi peccata minuta.

El caso es que el presidente ha filtrado que él no autorizó el espionaje (supuestamente producido entre finales de 2019 y el 4 de enero de 2020) del entonces vicepresidente de la Generalitat y, por añadidura, responsable por ERC de la negociación para la investidura del propio Sánchez. ¡Oh, casualidad!, fue el día 4 de enero cuando Aragonés y el futuro presidente del Gobierno cerraron la negociación. Si ERC hubiera votado en contra (sus 13 diputados se abstuvieron), Sánchez no sería hoy presidente del Gobierno, ya que ganó la votación en segunda vuelta por tan solo dos votos.

El presidente del Gobierno, al desvincularse del espionaje, ha dejado a los pies de los caballos a la directora del CNI. Ofrecerá su cabeza a ERC en bandeja de plata

Como Sánchez se ha desvinculado del pinchazo, ha dejado a la directora del CNI a los pies de los caballos. Resulta patética la carrera que hemos visto esta semana entre miembros del Gobierno por echarse la culpa unos a otros de los pinchazos. Ahora resulta que la responsable es la directora del CNI. Por tanto, sólo hay dos salidas: o dimite, o será destituida en los próximos días. Aunque esto tampoco le servirá a Sánchez para calmar a los independentistas, que ayer insistieron en pedir la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Se ve que a Paz Esteban ya la tienen amortizada. Subiendo el tono de la teatralización, Aragonés, después de intercambiar ayer unas palabras con Sánchez en un acto del Círculo de Empresarios en Barcelona, dijo a los medios: «La situación es gravísima». El presidente del Gobierno y el de la Generalitat han quedado en verse en fecha próxima.

De forma descarada, Moncloa está mintiendo. Ni a la directora del CNI, ni al máximo responsable de la Policía o de la Guardia Civil se les ocurriría llevar a cabo una operación masiva de espionaje, entre cuyos objetivos hay cargos públicos, nada menos que de la Generalitat, sin la autorización directa del presidente. Dicen las fuentes monclovitas que sólo el juez del Tribunal Supremo (en este caso Pablo Lucas) tuvo conocimiento de los nombres de los espiados. Pero esas mismas fuentes ocultan que los planes del CNI son impulsados por el presidente o requieren directamente de su visto bueno. Una vez que la operación se puso en marcha, el CNI debió informar puntualmente al presidente de la evolución de sus investigaciones, cosa que no se hace con el juez del Supremo, cuyo papel es meramente habilitador de las escuchas, como ya hemos explicado en esta columna.

Los independentistas han visto en el caso del espionaje una oportunidad de oro para reavivar su causa y, al mismo tiempo, para elevar sus exigencias al Gobierno. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, el conocido como CIS catalán), hecha pública el pasado 17 de marzo, reflejaba una caída notable de los partidarios de la independencia: un 38,8% se mostraba a favor, mientras que un 53,3% se manifestaba en contra. En sólo once meses, los partidarios de la independencia han caído en seis puntos. Ese dato no sólo pone en peligro el objetivo de los soberanistas, sino que, a medio plazo, también pone en riesgo su hegemonía entre los votantes.

El espionaje del CNI proporciona a los indepes una causa por la que luchar y por la que volver a movilizar a sus bases. Pero, además, les ofrece una excusa fantástica para obtener nuevas concesiones del Gobierno, impensables tan sólo hace unas semanas.

Como hemos visto en recientes votaciones en el Congreso (la de la reforma laboral o la de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra), el Gobierno mantiene su mayoría por los pelos. En la última, tuvo que salir Bildu a su rescate.

Queda mucha legislatura por delante para que el Gobierno acuda a cada votación en el Congreso con el alma en vilo. Por otro lado, Sánchez no puede recurrir a la convocatoria de elecciones anticipadas, sencillamente porque las perdería. En la mayoría de las encuestas la suma de PP y Vox da casi una mayoría absoluta.

Sánchez está, por tanto, entre la espada y la pared. Entregará la cabeza de Paz Esteban a los indepes, aunque sólo sea para ganar tiempo. Luego, ya veremos.

El presidente parece haber perdido su baraka. El apoyo de Bildu o las cesiones al independentismo no son precisamente el mejor cartel para que el PSOE mejore sus resultados en Andalucía. Las elecciones del 19-J pueden suponer un punto de inflexión si, como apuntan los sondeos, el PP logra una victoria holgada y la izquierda se hunde.

Tras el 19-J Sánchez tendrá que mover ficha. La prioridad será mantenerse en el poder, al precio que sea. Conociendo la habilidad de los fontaneros de Moncloa, ese objetivo se antoja cada vez más difícil.