La pregunta, retórica, se la hizo ayer Gabriel Rufián a Pedro Sánchez en la sesión de Control en el Congreso. Me recordó a aquel participante en el programa Tengo una pregunta para usted, que descolocó a Rodríguez Zapatero cuando le inquirió sobre el precio de un café. El entonces presidente dijo una cifra un tanto a voleo, pensando quizá en lo que él pagaba en la cafetería de las Cortes, una cifra muy alejada de la realidad. «Eso no se pagaba ni en tiempos del abuelo Patxi», le contestó con sorna el hombre que se convirtió en protagonista de la noche por poner en evidencia al presidente, que no supo responder a una pregunta tan simple, algo que podía saber cualquier ciudadano normal que se paga su café en el bar de la esquina.

Rufián es un demagogo profesional y seguramente que él tampoco sabía lo que puede costar un melón antes de prepararse su intervención; de hecho, un melón puede costar bastante menos de 13 euros, que fue lo que dijo. Ni siquiera hace falta ir al mercado, basta con mirar en Google los precios de las grandes cadenas para comprobar que un melón de 2,5 kilos sale por menos de 6 euros. Pero hay que reconocerle al portavoz de ERC un cierto olfato político: «Esto -la inflación- les puede arrastrar a ustedes… y a nosotros», le dijo en tono de advertencia al presidente. Y tiene razón.

El presidente tiene dos opciones: negociar un plan de choque con el PP; o bien, adoptar medidas populistas de aumento del gasto. No tengan duda sobre cuál de las dos escogerá

La inflación es el peor impuesto para las familias más pobres. La subida de los precios se situó el mes pasado en el 9%, la ministra de Economía, ¡por fin!, ha reconocido que esta situación va para largo, y, además, el BCE va a subir los tipos de interés en julio y en septiembre, lo que elevará el coste de las hipotecas. Para colmo, las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno no han servido para casi nada: la subida de los carburantes ya se ha comido las ayudas públicas, y el cacareado tope al gas apenas si ha rebajado la factura un 11%, que casi no se nota porque la materia prima no para de subir en los mercados internacionales como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Rufián no habló del batacazo de la izquierda en Andalucía, pero ese hecho pesó como una losa sobre la sesión parlamentaria.

El presidente ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el próximo sábado con el objeto de aprobar un nuevo «plan anticrisis», que supondrá prorrogar las medidas ya existentes, además de otras nuevas. Como Sánchez quería llevarse el titular de la jornada, adelantó en el Congreso que una de ellas será la reducción del IVA de la electricidad del 10% al 5%. Algo que le había pedido el PP hace quince días y que el Gobierno rechazó por ser una medida «cosmética e insuficiente», en palabras de la titular de Transición Energética, Teresa Ribera.

Sin duda, el Gobierno ha quedado noqueado tras el 19-J. Necesita reaccionar como sea ante el correctivo de los electores andaluces y está en la tesitura de reconocer que la situación es difícil y negociar un plan de choque con el PP; o bien, acelerar medidas populistas de gasto público, en una huida hacia adelante de consecuencias imprevisibles.

Tanto Yolanda Díaz, como Unidas Podemos, ERC, etc. lo que le piden a Sánchez es que vaya por el camino más fácil. Gastar más y decir que el coste de esas medidas «lo pagarán las eléctricas».

No tengan ninguna duda sobre cuál será la vía que escogerá el presidente. Aunque, en el caso de las eléctricas, la propuesta de Yolanda Díaz (subir el impuesto de sociedades un 10%) cuanta con el rechazo de Calviño y de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que no ven que un simple decreto pueda ser «el vehículo adecuado» para una decisión que será recurrida ante los tribunales europeos y que, de facto, provocará una reacción en contra de los mercados financieros por la inseguridad jurídica que implicaría.

En todo caso, ese nuevo «hachazo a las eléctricas» (recuerden que ya hubo uno el año pasado, que luego el Gobierno tuvo que rectificar) supondría, según cálculos de la propia ministra de Trabajo, unos ingresos extra para el Estado de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Una ínfima parte del coste total del paquete que Sánchez quiere aprobar el sábado. Un dato: tan sólo las bajadas de impuestos acordadas hasta ahora para la energía eléctrica han supuesto un coste para el Estado de 7.200 millones de euros.

Sánchez, no hacía falta que se lo recordara Rufián, sabe que se la juega con la economía. Y tiene muy presente lo que le sucedió a Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. El déficit público estaba disparado y la prima de riesgo también. Pero el entonces presidente del Gobierno se negó a adoptar medidas. Hasta que llegó Merkel, e incluso Obama, y le dijeron ¡hasta aquí hemos llegado! Mayo de 2010, una fecha que está grabada a fuego en la memoria del PSOE. Finalmente, Zapatero, que se resistía a reducir el gasto, tuvo que ceder y aprobar un plan de ajuste de 15.000 millones de euros que supuso una bajada del sueldo del 5% a los funcionarios y la congelación de las pensiones, además de otros recortes.

Pedro Sánchez cree que tiene margen, que los fondos europeos y una cierta relajación de las políticas fiscales por parte de Bruselas le van a permitir sortear el temporal gastando y gastando más dinero. Pero el presidente debe tener cuidado, porque la fiesta está a punto de terminarse y los 16 meses que quedan para las próximas elecciones generales pueden convertirse en un auténtico calvario.