Por si alguien tenía aún alguna duda, lo que ha puesto de manifiesto la -¡una vez más!- fallida negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la insoportable politización de la Justicia.

El Gobierno acusa al PP de incumplir la Constitución por resistirse a una renovación del órgano de gobierno de los jueces que va a cumplir cuatro años con su plazo vencido. Pero, a la vez, reconoce que tiene en marcha, como le ha exigido ERC, la reforma del delito de sedición, con el objetivo de rebajar sus penas y permitir así que uno de los cabecillas del procés y líder del partido republicano, Oriol Junqueras, pueda ser candidato en las próximas elecciones, a celebrar en 2023. Tú te opones a perder la mayoría en el CGPJ, yo modifico la ley en función de garantizarme el apoyo de ERC. Nada edificante.

Pero al Gobierno, ya lo hemos dicho otras veces en estas páginas, lo que realmente le interesa no es ganar la mayoría en el CGPJ, sino tener el control del Tribunal Constitucional. Una cosa va ligada a la otra, ya que en la renovación que venció en junio de un tercio del Tribunal de Garantías, el CGPJ tiene que proponer a dos candidatos, que, junto a los dos que propone el Gobierno, alterarían la actual mayoría, que pasaría de conservadora a progresista, con un presidente in pectore, Cándido Conde Pumpido, cuya cualificación es tan indiscutible como su sectarismo.

Hoy publica Carmen Lucas en El Independiente que magistrados del TC, conservadores y progresistas, están «todos a una… para no echar más leña al fuego», en referencia al retraso de la sentencia sobre el recurso presentado por PP y Vox contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno y que limita la capacidad para llevar a cabo nombramientos por parte del CGPJ mientras esté vencido su mandato. Eso sí, de esa limitación se exime el nombramiento de candidatos al Tribunal Constitucional. Como se ve, una reforma legal hecha a la medida de las necesidades del Gobierno.

El TC ha decido congelar decisiones polémicas antes de su renovación, lo que contamina su imagen y puede perjudicar la administración de Justicia

Un destacado miembro del TC me confesó este verano que había un consenso amplio para no tomar decisiones polémicas, antes de la renovación, para que nadie pudiera decir que los conservadores estaban aprovechando su mayoría para poner en aprietos al Gobierno. Esa reflexión, bien intencionada, coincide con las opiniones recogidas por Carmen Lucas en su artículo. Yo diría que estamos ante una reveladora autoconfesión.

Por mucho que se quiera estirar el chicle, la decisión sobre el recurso contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes citada no parece que requiera de años de reflexión. Es más, me consta que sus dos ponentes, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, tienen las ideas claras a ese respecto. Lo que sería extraño es que dictaminasen que esa chapuza legal es constitucional.

Sin embargo, la decisión permanece en el congelador, con el consenso de todos.

Nadie, insisto, duda de la buena intención de los magistrados, pero su deber debería estar por encima de su ánimo pacificador. Más aún, cuando el argumento para retrasar una decisión es «no echar más leña al fuego», es decir, no embarrar más de lo que ya está el debate político.

Se trata de una autoconfesión que evidencia hasta qué punto la política ha penetrado en todos los poros de la Justicia, hasta el punto de dañar no sólo la imagen de la Justicia, sino su administración.

Si, como la lógica y alguna información apuntan, la decisión del Constitucional en este caso fuera contraria a la reforma impulsada por el Gobierno, el CGPJ recobraría su capacidad para nombrar magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo, lo que acabaría con la precariedad en la que se desempeña alguna de sus Salas.

Pero, claro, eso pondría al Constitucional en el ojo del huracán. Y eso sí que no.

Por mucho que se quiera vestir al santo, es injustificable que algunas sentencias, como las de la ley del aborto, lleven ya once años en la nevera.

Son decisiones complejas, lo entiendo. Polémicas, tal vez. Que reabrirían debates indeseados. Es posible. Pero esas consideraciones no deberían condicionar al TC para decidir si una ley se ciñe o no a lo establecido por la Carta Magna.