Hubo lleno hasta la bandera en el salón de actos de la sede del Tribunal Constitucional para asistir a la ceremonia del relevo de cuatro de sus magistrados, recambio que posibilitará una mayoría «progresista» por primera vez desde 2013. No cabía un alfiler. Y eso que el PP optó por un perfil bajo en su representación, como muestra de protesta porque los dos magistrados nombrados a propuesta del Gobierno han sido parte del Gobierno (el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez).

Había expectación por diversos motivos. El primero de ellos es que uno de los miembros salientes era hasta ahora presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y se esperaba que en su discurso hiciera mención a alguno de los asuntos que han sido portada de todos los medios en las últimas semanas: sobre todo, la decisión de admitir a trámite un recurso del PP contra una reforma que afectaba a dos leyes orgánicas avalada por el Gobierno y que, finalmente, fue paralizada en el Senado. El segundo, porque esta semana -el miércoles para más señas- se decide quién va ocupar la presidencia del Tribunal de Garantías, puesto al que aspiran dos candidatos de la mayoría «progresista», que ahora suma 7 de los 11 magistrados que componen el TC (todavía está sin cubrir la plaza de Alfredo Montoya, «conservador», de baja por enfermedad).

González-Trevijano, en un parlamento plagado de citas, en el que resaltó que la Carta Magna es una «síntesis jurídica de una Transición Política superadora de la dialéctica schmittiana amigo-enemigo», no eludió entrar en ese debate de fondo que se refiere a los límites del TC ante los poderes del Estado, fundamentalmente el poder legislativo. Porque la discusión que hubo en el seno del TC para la admisión del recurso al que antes me he referido iba de eso: ¿puede un árbitro como es el TC interferir en una decisión adoptada por la mayoría de la cámara que representa a la soberanía popular? Ese debate sobrepasó los muros del Pleno del TC para aterrizar en la arena política. La izquierda, prácticamente en bloque, defendía la supremacía de las leyes emanadas de la soberanía popular; la derecha, justo lo contrario, la preeminencia de la Constitución. Pues bien, el ya ex presidente del TC abordó así el asunto: «El Tribunal fue concebido por el constituyente como un órgano de garantía de la Constitución… Por eso se le encomienda el control del respeto a la Constitución por parte de esos tres poderes, incluyendo el Legislativo». Y más adelante, se refirió a la sentencia del TC 42/2014, que subraya cómo la primacía de la Constitución «requiere que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de impunidad frente a ella».

Conde Pumpido no se recató en hablar de las dos candidaturas a presidir el TC: «La ‘progresista’ y la que quiere el PP»

El debate, como digo, es de fondo y trasciende la decisión sobre un recurso, por mucho que ésta haya bloqueado una reforma que el Gobierno quería sacar adelante contra viento y marea y precisamente con la finalidad de forzar la renovación del TC, eludiendo los consensos que contempla la propia Constitución.

Lo verdaderamente importante para los ciudadanos es si ese criterio, hasta ahora mayoritario, cambiará también con el cambio de mayoría en el TC. Es decir, si, a partir de ahora, el poder legislativo va a tener, por decirlo así, barra libre a la hora de legislar, aunque algunas leyes bordeen o traspasen los límites que marca la Constitución.

Sobre el segundo motivo que llevó a muchos asistentes a acudir al acto -por supuesto, el que más atraía a los periodistas-, quién sustituirá a González Trevijano, no hubo forma de desvelar el misterio. Sobre todo, porque aún no se ha celebrado la reunión de los «magistrados progresistas» en la que se decidirá el candidato. Conde Pumpido sale como favorito. Como el propio magistrado dijo en un corrillo tras el acto: «Hay dos candidatos: el progresista -dijo refiriéndose a sí mismo- y el que quiere el PP». No hace falta ser un lince, ni un zorro, para saber que se estaba refiriendo a María Luisa Balaguer que, aunque encuadrada en el bloque «progresista» como él, presentará su candidatura si tiene opciones de éxito, opciones que dependen del apoyo del bloque «conservador», y posiblemente de su compañera María Luisa Segoviano, recién incorporada al TC a propuesta del CGPJ junto al «conservador» César Tolosa.

Conde Pumpido, al que nadie puede negar su capacidad y preparación jurídica, no disimula. Va por derecho, de frente. Ayer, por ejemplo, se destacó como el miembro del TC que menos aplaudió el discurso de González Trevijano -apenas unas palmitas- y no tiene inconveniente en que se le perciba como el favorito de Moncloa para ocupar ese cargo.

Un miembro del PSOE, con un cargo institucional relevante, presente en el acto, me comentó en un corrillo: «Las cornadas de los magistrados son peores que las de los políticos». Seguramente tiene razón. Son cornadas de mayor altura.

Confieso que me gustaría que la nueva presidenta fuera María Luisa Balaguer, que, aunque marxista -quién no lo ha sido alguna vez-, es, como me decía ayer la ex ministra Ana Pastor, «una buena persona». Y no es que Conde Pumpido no lo sea. Pero es un poco más sectario.

Aun con todo, si ganase el favorito de Pedro Sánchez, no hay que darlo todo por perdido. Coincido con González-Trevijano en no compartir la dicotomía entre jueces «conservadores» y «progresistas». «El procedimiento de designación -apuntó el ex presidente del TC- no implica un mecanismo de representación. El magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y sólo de ella depende». Que así sea.