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Un año después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia en Colombia el paramilitarismo sigue desafiando la autoridad del Estado y representa una de las amenazas más graves al proyecto de Paz Total que el mandatario colombiano ha convertido en uno de los ejes de su gobierno. Entre las regiones más afectadas por esta lacra se encuentra la del Nordeste antioqueño, en el departamento de Antioquia, una región estratégica por sus recursos mineros auríferos y por su posición geográfica estratégica. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas como Clan del Golfo, llevan aproximadamente dos años haciendo presencia en la región y hace unos ucatro meses incursionaron en la zona de Monte Frío Alto, las Jaguas, Las Palmas y Arenales, produciendo el desplazamiento forzado de habitantes de estas veredas.
La entrada en la región de este grupo paramilitar ha dado lugar a enfrentamientos armados con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tiene una presencia histórica en esta región. Los pasados días 29 y 30 de junio en la vereda de Arenales, perteneciente al municipio de Segovia, ambos grupos mantuvieron combates entre sí desde laderas opuestas y en medio quedó confinada la población de esta vereda. Aunque en ese momento no hubo víctimas mortales, mas de 300 habitantes se desplazaron hacia el corregimiento de Rancho Quemado donde establecieron un refugio humanitario que todavía se mantiene en precarias condiciones. El 24 de julio, el líder de este refugio fue asesinado de seis tiros en un atentado que permanece impune y cuya gravedad hizo que buena parte de los desplazados huyeran de nuevo buscando lugares con mayores garantías como la capital del departamento, Medellín.
Las alertas que generaron estos graves hechos hizo que diferentes organizaciones como la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, la Región de los Dos Ríos, el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario convocaran una caravana humanitaria que se desarrolló en el nordeste Antioqueño del 31 de julio al 2 de agosto y que contó con el acompañamiento internacional de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher).
Para llegar a Rancho Quemado hay que salir del municipio de Segovia, dedicado a la explotación del oro que se extrae en toda la zona, en un largo trayecto por unas vías destapadas y de difícil tránsito. En cuanto se abandona la zona urbana y se adentra en la rural, la presencia de las AGC se hace notar inmediatamente por las pintadas con las que este grupo hace saber que domina el territorio. Aunque las autoridades señalaron después de estos incidentes que el ejército controlaba las vías lo cierto es que en nuestro recorrido solo alcanzamos a ver una pequeña patrulla en las proximidades a Segovia, precedida por hombres de paisano que, al parecer, hacían las funciones de vigilantes de la AGC. El hecho de que junto a la caravana nos acompañara una funcionaria de la Unidad de Víctimas y que se conociera públicamente la organización de la caravana fue, probablemente, la razón por la cual no nos encontrásemos con una mayor presencia de las AGC durante el recorrido.
Los testimonios se refieren a la falta de garantías para la vida en una región donde el Estado destaca por su ausencia
Durante el recorrido el paisaje aparece como una mezcla de ganadería extensiva y explotaciones mineras, en la zona del río que fluye paralelo a la vía pueden verse numerosas retro-excavadoras que dragan el cauce en búsqueda de oro, una práctica tremendamente dañina con el medio ambiente. Después de varias horas de viaje se pasa a la zona controlada por el ELN, lo que se puede constatar por las pintas de esta organización. Finalmente, llegamos a Rancho Quemado donde durante dos días recibimos los testimonios del abandono estatal en que se encuentra tanto los desplazados de Arenales como los propios vecinos de esta vereda. Los testimonios se refieren a la falta de garantías para la vida en una región donde el Estado destaca por su ausencia, los pobladores son los que se encargan de construir las infraestructuras como las vías y los colegios, no hay servicios médicos ni atención de emergencia y la falta de agua es otro grave problema.
Pero el problema que más les acucia en estos momentos es el de seguridad dimanante del conflicto interno. Además de los riesgos de los recientes combates, los paramilitares han sometido a esta zona a un intenso bloqueo: “Estamos amenazados, nos dicen que debemos detener nuestra actividad económica de la que vivimos. Si no podemos ejercer la minería artesanal ni nuestras actividades cotidianas, ¿De qué vamos a vivir?”. Desde que hace un mes y medio las AGC impidieron el paso de combustible a la región del Nordeste toda la economía de la región se ha visto dañada, impidiendo desarrollar la actividad minera, comercial o agrícola con normalidad. El bloqueó de las AGC comenzó con su entrada desde el casco urbano de Segovia y también por la vía alterna de Puerto López.
El lunes 3 de julio, las AGC ingresaron al caserío de Arenales, rayaron las paredes con sus siglas y eslóganes, anunciando que vienen a sacar a la guerrilla y tomar el control de esta zona. Los fuertes señalamientos a vecinos de supuestamente pertenecer a la insurgencia obligó a muchos a desplazarse de la región. Finalmente, el detonante que dio lugar al desplazamiento masivo fueron los enfrentamientos directos entre ELN y AGC que incluyeron la utilización de explosivos, algunos de los cuales no explotaron y representan un potencial riesgo. Estos enfrentamientos provocaron que las comunidades quedaran inicialmente confinadas para luego desplazarse a la vereda en Racho Quemado donde se declaró el refugio humanitario con población procedente de Arenales, las Jaguas y las demás veredas, alcanzando aproximadamente 329 personas en un escenario de desabastecimiento por alimentación, agua potable, salud, vivienda, limitación al trabajo e inoperancia estatal.
El posterior asesinato, el día 24 de julio, de Carlos Mario Roldán, líder del refugio humanitario de Rancho Quemado y vecino de Arenales, demostró el grave riesgo que afrontan los habitantes de la región.
La otra gran amenaza que destacan es el temor de que si los paramilitares consolidan el control territorial implanten cultivos de coca que ahora no se dan en esta zona
Las organizaciones locales han denunciado la permisividad de la fuerza pública con las AGC ya que cuando hay presencia de este grupo también se evidencia presencia de la fuerza pública; lo que se ha visto es que el ejército sólo confronta las insurgencias y el copamiento por parte de las AGC de los lugares por donde pasa el ejército.
En el informe emitido tras la realización de la caravana por las organizaciones convocantes se afirma: “Es evidente la connivencia entre la fuerza publica y los grupos paramilitares ya que desde la entrada del casco urbano a la entrada de la huerta en Matuna a menos de 500 metros se encuentran las AGC haciendo retenes, empadronando las comunidades y en ocasiones atracando los campesinos”. La otra gran amenaza que destacan es el temor de que si los paramilitares consolidan el control territorial implanten cultivos de coca que ahora no se dan en esta zona: “no queremos llegar al extremo de que si se toman el territorio vienen con ideales de sembrar coca y para nadie es secreto que donde hay coca hay terror”.
Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia ha hecho caso omiso frente a la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias desde los enfrentamientos sin declarar la región en emergencia humanitaria y generando una revictimización al no atender las familias que se encuentran aún en el refugio humanitario.
La finalización de la caravana coincidió con el establecimiento al siguiente día del cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el ELN. Precisamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió el 2 de agosto ampliar el mandato de la Misión de Verificación en Colombia para que esta incluya el monitoreo y verificación de la implementación del cese al fuego establecido en el Segundo Acuerdo de Cuba entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Por su parte, el portavoz del Secretario General de Naciones Unidas felicitó al Gobierno de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por iniciar una nueva etapa en su proceso de paz con ocasión de la entrada en vigor del acuerdo bilateral de cese al fuego.
En Bogotá, el 3 de agosto, se presentaron, ante un auditorio multitudinario con presencia de delegaciones procedentes de todo el país, el anuncio de cese el fuego y el establecimiento de una mesa de participación política, todo ello haciendo parte del proceso de paz entre el Estado y esta guerrilla. La importancia del paramilitarismo como uno de los grandes riesgos del proceso de paz quedó evidenciada en la intervención del jefe de la delegación negociadora del ELN, Pablo Beltrán, quien destacó que, además del robusto mecanismo verificación que tiene el alto el fuego, éste cuenta principalmente con la voluntad de las dos partes de cumplirlo: “estamos tratando que durante los 6 primeros meses haya un cese operaciones ofensivas, queden sólo las operaciones defensivas, lamentablemente Colombia trae una situación muy grave, que no sólo operan las fuerzas guerrilleras, militares y policiales, también hay bandas, grupos y muchos de orden paramilitar, son los que hoy están haciendo más daño a las comunidades y al liderazgo social”. Beltrán señaló que aunque con este Gobierno no han bajado los asesinatos de líderes sociales ni las masacres, la responsabilidad proviene de un régimen que trae eso como costumbre: “el problema es que hay mas fuerzas por fuera del Gobierno que sí persiguen y exterminan, hay un nuevo Gobierno, pero el viejo régimen está vivo, la esencia del viejo régimen es la de perseguir y exterminar y eso se tiene que acabar”.
El problema es que hay mas fuerzas por fuera del Gobierno que sí persiguen y exterminan
Para el Gobierno de Petro el proceso con el ELN aunque pueda ser el más ambicioso de los que constituyen su propuesta de Paz Total no es el único y también mantiene abiertos otros procesos con las disidencias de las FARC, con grupos delincuenciales de Buenaventura y Medellín, e incluso con el Clan del Golfo, por medio del Alto Comisionado para la Paz quien ha mantenido conversaciones “con el objetivo de mantener un mínimo de relacionamiento y comunicación con esta estructura”.
Mientras tanto, en Rancho Quemado y Arenales, como en tantas partes de Colombia, el conflicto continúa latiendo con intensidad y, aunque se encuentren alejados de los focos de la atención nacional e internacional, sus habitantes reclaman la adopción de medidas para garantizar la vida, la integridad física y la permanencia en el territorio de estas comunidades campesinas y agromineras y que así el actual eslogan del Gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se convierta en una realidad.
Luis Mangrané es miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.
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