El caso Koldo, con las derivadas que afectan a miembros y ex miembros del Gobierno, y, sobre todo, con la ramificación que atañe a Begoña Gómez, tiene desquiciado al presidente. Ni la ley de Amnistía, ni la bronca a cuenta del vigésimo aniversario del 11-M, han servido para desviar el foco de la atención pública más allá de 24 horas.

Lo que ocurre con las investigaciones judiciales, sobre todo cuando se trata de una trama de corrupción aparentemente tan extensa y profunda, es que no le permiten al Ejecutivo marcar la agenda política. Una declaración, un auto, un informe de la Agencia Tributaria,... tienen una capacidad destructora que no son capaces de compensar ni las bravuconadas de Puigdemont ni los reproches al ex presidente Aznar.

Ante esta situación de acoso, que está teniendo su traslación a las encuestas, en las que el PP aumenta cada semana su distancia sobre el PSOE, el equipo del presidente ha decidido pasar al contraataque.

elDiario.es ha publicado en exclusiva que la Fiscalía de Madrid ha denunciado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por dos supuestos delitos de fraude fiscal, por 350.000 euros, cometidos durante los ejercicios de 2020 y 2021, y por un delito de falsedad, al haber utilizado facturas falsas para reducir los beneficios de sus sociedades y así pagar menos a Hacienda.

En otra información, de la que se han hecho eco varios medias próximos al Gobierno, se afirma que González Amador se compró un piso en 2022 en el barrio madrileño de Chamberí valorado en un millón de euros. Un dato que estos medios no mencionan es que la fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid es Pilar Rodríguez, que fue directora general en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

La filtración de la denuncia de la Fiscalía de Madrid a la pareja de Ayuso coincide con el sospechoso celo de Hacienda sobre las rentas de algunos dirigentes del PP

El Gobierno se ha agarrado al supuesto caso de fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como su arma de destrucción masiva contra el caso Koldo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confundiendo una vez más su papel, recomendó a Ayuso "más transparencia y menos fruta", y le exigió, además, que explique este asunto porque "es muy grave". Se ha olvidado de la recomendación de la vicepresidenta María Jesús Montero de no mezclar los temas privados con los políticos, claro que ella se refería al caso de Begoña Gómez.

La sesión de control en el Senado, a la que acudía Sánchez por primera vez tras más de ocho meses de incomparecencia, se convirtió en una retahíla de descalificaciones. Se aprobó la comisión de investigación del caso Koldo, con los votos a favor de los socialistas y sus socios, pero con el ánimo de convertirla en un campo de batalla. Lo que nos espera de aquí a las elecciones europeas es una trifulca constante a cuenta de los distintos casos de corrupción. Basura va, basura viene.

Claro que pretender tapar el caso Koldo con el presunto delito fiscal de la pareja de Ayuso es como intentar mitigar la sequía con una botella de agua mineral. Por supuesto que, si se confirman todos los extremos que apunta la Fiscalía, González Amador debe cargar con todo el peso de la ley. Sin embargo, las diferencias entre uno y otro caso son más que evidentes: la pareja de Ayuso no es un cargo público; no hay, que se sepa, implicación de la Comunidad de Madrid en sus posibles delitos, y, sobre todo, no hay una trama que afecte a diversos altos cargos que, gracias a contratos públicos, como se da en el caso del hombre de confianza de Ábalos, facturaron, sólo con las mascarillas, más de 53 millones y se embolsaron en comisiones casi 17 millones.

Lo que me preocupa de este contraataque no es ya que la Fiscalía de Madrid se muestre tan dispuesta a echar una mano al Gobierno a la hora de filtrar a un medio amigo una noticia de su gusto, sino que sea el Gobierno en su conjunto el que se haya puesto manos a la obra en la tarea de buscar por tierra, mar y aire cualquier asunto o asuntillo que pueda complicarle la vida al PP.

Me consta que un alto dirigente del PP ha sido recientemente sometido a una inspección fiscal por un tema relacionado con el alquiler de una vivienda.

Sería gravísimo que el Gobierno, con tal de quitarse presión de encima, estuviera utilizando los medios de la administración y los aparatos del Estado para buscarle las cosquillas a Feijóo y a su equipo.

Hasta ahora, en nuestro país, al margen de alguna vergonzosa excepción, la administración, los funcionarios, sean inspectores de Hacienda o de la Policía, se han mantenido al margen de la disputa política. Esa es la garantía de que el Estado está por encima del Gobierno y de los partidos.

Sin embargo, para un presidente que considera que la Fiscalía General del Estado depende de él, y obra en consecuencia, no sería extraño que extendiera ese criterio a la Agencia Tributaria o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo es posible.