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El 6 de noviembre de 1975, mientras Francisco Franco agonizaba, el régimen marroquí de Hassan II lanzaba la llamada Marcha Verde: una movilización de 350.000 civiles hacia el Sáhara Español con el objetivo de forzar la retirada de España y consumar la anexión del territorio.
Fue una operación geopolítica cuidadosamente diseñada para aprovechar la debilidad del Estado español y alterar el mapa del Magreb. Cincuenta años después, las consecuencias de aquella maniobra siguen pesando sobre el pueblo saharaui… y sobre la conciencia de España.
El abandono de una colonia y el origen de una injusticia
Los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 sellaron el abandono. España entregó la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, sin transferir la soberanía ni consultar al pueblo saharaui, tal como exigían las Naciones Unidas y prometía el Estado español.
Tres generaciones han nacido allí sin haber pisado jamás su tierra
El Derecho Internacional fue claro entonces y lo sigue siendo hoy: el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y España, su potencia administradora de iure¹.
La ocupación marroquí —descalificada por la ONU y por el Tribunal Internacional de Justicia²— provocó el desplazamiento de decenas de miles de saharauis, que huyeron bajo los bombardeos de Napalm y Fosforo blanco hacia el desierto argelino. En los campamentos de refugiados de Tinduf, más de 170.000 personas sobreviven desde entonces en condiciones extremas, con una dependencia total de la ayuda humanitaria. Tres generaciones han nacido allí sin haber pisado jamás su tierra.
El derecho a la autodeterminación: una promesa incumplida
El pueblo saharaui no reclama una concesión política, sino un derecho reconocido por la Carta de las Naciones Unidas (art. 1.2) y las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General: el derecho a la autodeterminación y a la independencia si así lo decide este pueblo.
El Tribunal Internacional de Justicia, en su dictamen de 1975³, rechazó expresamente las pretensiones marroquíes de soberanía sobre el territorio y reafirmó que el pueblo saharaui debía decidir libremente su futuro.
La Unión Europea, y especialmente España, han optado por una política de ambigüedad
Sin embargo, el referéndum prometido jamás se celebró. La MINURSO —Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental— se estableció en 1991 con ese propósito, pero Marruecos ha bloqueado sistemáticamente su aplicación. El alto el fuego se rompió en noviembre de 2020 en El Gargarat por parte de Marruecos al agredir unas manifestaciones pacíficas de civiles por la zona de seguridad establecida por los acuerdos entre las partes y auspiciados por la ONU desde 1991, reavivando un conflicto que vuelve a amenazar la estabilidad regional.
Europa y la legalidad selectiva
La Unión Europea, y especialmente España, han optado por una política de ambigüedad. Mientras proclaman respeto al Derecho Internacional, han suscrito acuerdos comerciales con Marruecos que incluyen recursos y productos procedentes del Sáhara Occidental ocupado: pesca, fosfatos, agricultura.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sus sentencias de 2016, 2018 y 2021⁴, ha sido inequívoco: ningún acuerdo entre la UE y Marruecos puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Aun así, Bruselas y Madrid han seguido buscando fórmulas para sortear esa ilegalidad, privilegiando la “estabilidad” del socio marroquí por encima de la legalidad internacional.
Esa estabilidad, sin embargo, es una ilusión peligrosa: el riesgo de escalamiento militar en la región —en un contexto de rivalidad creciente entre Marruecos y Argelia— podría poner en jaque los intereses energéticos y comerciales europeos en el Atlántico y el Mediterráneo occidental.
España ante su espejo
La responsabilidad española no es solo histórica, sino jurídica. Ningún acuerdo bilateral ni reconocimiento político puede borrar el hecho de que España sigue siendo, a ojos de la ONU, la potencia administradora del Sáhara Occidental.
Sin embargo, el Estado español ha preferido refugiarse en la ambigüedad. El reciente respaldo del Gobierno de Pedro Sanchez al “plan de autonomía marroquí” —presentado como “la solución más seria y realista”— supone una ruptura con la legalidad internacional y una claudicación moral.
No se trata de un conflicto ajeno: es una herencia directa de la descolonización inacabada.
No se trata de un conflicto ajeno: es una herencia directa de la descolonización inacabada. Mientras España no asuma su papel en la búsqueda de una solución conforme al derecho a la autodeterminación, el abandono del pueblo saharaui seguirá siendo una mancha en su historia democrática.
Cincuenta años de exilio y resistencia
El Sáhara Occidental es hoy uno de los conflictos de descolonización más antiguos del planeta. No es un recuerdo del pasado, sino una herida abierta en el presente:
- Un territorio dividido por un muro de 2.700 km sembrado con millones de minas.
- Un pueblo disperso entre la ocupación, el exilio y la resistencia.
- Y una comunidad internacional que, pese a las resoluciones y dictámenes de las NNUU, la UA y la UE a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, ha normalizado la injusticia.
Los saharauis han mantenido su identidad, su lengua y su dignidad, resistiendo al olvido. Sin una solución política real, El Presidente de EEUU ansioso de llevar a cabo el llamado “proyecto de Abraham” a costa del derecho del pueblo saharaui a ser libre, pretende consolidar la impunidad de la ocupación marroquí a un territorio que nunca le perteneció ni por derecho ni tampoco por historia.
A lo largo de estos 50 años, la resistencia saharaui ha sido sostenida por su firme voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación, reconocido por innumerables resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, este derecho ha sido sistemáticamente obstaculizado por la inacción y el sesgo de la comunidad internacional. Seis Secretarios Generales de la ONU, ocho Enviados Especiales para el Sáhara Occidental, nueve presidentes de Estados Unidos, seis presidentes de Francia y 3 presidentes de gobiernos españoles dirigidos por el PSOE en España han contribuido, directa o indirectamente, a perpetuar el statu quo, legitimando la ocupación marroquí o ignorando el sufrimiento saharaui.
Conclusión: la factura del silencio
Cincuenta años después, la Marcha Verde no es solo un episodio histórico. Es el origen de una deuda que España en primer lugar, Europa, y la Comunidad internacional en su conjunto siguen acumulando.
El Sáhara Occidental pone a prueba nuestra coherencia con los principios que decimos defender: el respeto al Derecho Internacional, los derechos humanos y la descolonización justa.
Y el veredicto fallado este 31 de octubre 2025, forzado por la prepotencia del presidente norteamericano y consentido por parte del Consejo de Seguridad de las NNUU sigue siendo incómodo.
España ha fallado al pueblo saharaui. Y mientras no repare esa deuda, la historia seguirá pasando factura. Apoyamos una solución pacífica y negociada, pero rechazamos cualquier proceso que, bajo eufemismos como “propuesta de autonomía” o “soluciones mutuamente aceptables”, busque en realidad consagrar la anexión y el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental.
José Taboada Valdés es presidente de honor de CEAS Sahara
Notas
- ONU, Comité Especial de Descolonización (C-24): El Sáhara Occidental figura desde 1963 como “territorio no autónomo pendiente de descolonización”. España sigue siendo la potencia administradora de iure.
- Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (16 de octubre de 1975): “Los materiales y la información presentados a la Corte no establecen vínculos de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos.”
- Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, 14 de diciembre de 1960.
- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): Asunto C-104/16 P (2016), C-266/16 (2018) y T-279/19 y T-344/19 (2021), que confirman que los acuerdos UE–Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo saharaui.
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