Necesitamos a Balas

Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, fue detenida el miércoles en una operación llevada a cabo por la UCO bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción. También fueron detenidos el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

El responsable del operativo fue el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO. En una grabación realizada el pasado mes de mayo en el despacho del abogado Jacobo Teijelo (que después asumió la defensa de Cerdán) con el empresario de hidrocarburos huido de España Alejandro Hamlyn, Díez le conminó: "Necesito a Balas". Justicia poética: fue el teniente coronel al que ella pretendía destruir -"matar"- el que la llevó al calabozo en la noche del miércoles acusada de graves delitos de corrupción.

Esta semana hemos visto cómo casos que parecían inconexos, todos ellos relacionados con el PSOE y con el Gobierno, confluían como si fueran el resultado de la actividad criminal de una misma organización. Y todavía queda mucho por saber, porque en algunas empresas, como Correos, apenas si se ha empezado a tirar del hilo.

Para un hombre como el presidente Pedro Sánchez, que considera que la Fiscalía depende del Gobierno, debe parecerle incomprensible que el ministro del Interior, Grande Marlaska, haya sido incapaz de embridar a la Guardia Civil, a la que pertenece la Unidad Central Operativa (UCO).

Pero no es que Grande Marlaska no lo haya intentado. De hecho, fue él quien destituyó de su cargo a Manuel Sánchez Corbi, cuando estaba al frente de la UCO. Fue también el ministro del Interior el que cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos e incluso le privó del ascenso a general que había ganado por méritos propios.

La sentencia del Supremo sobre la destitución de Pérez de los Cobos blinda a los investigadores de la UCO frente a las interferencias del Gobierno

Grande Marlaska -ex juez de la Audiencia Nacional- ha tratado por todos los medios de saber lo que se cocía en la UCO. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, y persona de su confianza, el teniente general Manuel Llamas Fernández, siguiendo sus instrucciones, ha tratado en varias ocasiones de saber detalles de las operaciones en marcha dentro de la UCO, sin resultado. En la UCO manda el coronel Rafael Vicente Yuste, recientemente ascendido a general y que, por lo tanto, deberá abandonar ese puesto en las próximas semanas. Yuste depende a su vez del general Alfonso López Malo, responsable de Policía Judicial de la Guardia Civil (antes de eso fue también jefe de la UCO).

Tanto Yuste como López Malo han sido inflexibles a la hora de defender la independencia en la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica, que dirige Balas.

Grande Marlaska, que ha acelerado el ascenso a general de Yuste, cree que un cambio en la cúpula de la Unidad puede suponer que el Gobierno tenga acceso a aspectos que puedan afectarle de las investigaciones que están en marcha. Pero se equivoca de medio a medio.

Los excesos se pagan. Y este Gobierno lo está sufriendo en carne propia. Las arbitrarias destituciones de Corbi y Pérez de los Cobos, en lugar de lograr la domesticación de la Guardia Civil, han provocado el efecto contrario. No sólo y no tanto por solidaridad, que también, sino porque ahora esa independencia profesional en la investigación está blindada nada menos que por el Tribunal Supremo.

Como recordarán, el coronel Pérez de los Cobos recurrió su cese ante la Audiencia Nacional y, posteriormente, en amparo, ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que lo declaró ilegal en la sentencia de 28 de marzo de 2023.

Aquella resolución delimitaba con claridad un terreno que siempre había permanecido en el limbo de lo interpretable. ¿Dónde se encontraba el punto justo entre la obediencia debida al jefe orgánico y la autoridad del juez instructor en una investigación? Pues bien, la sentencia que ordenó restituir a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid establece dos principios básicos muy importantes. En primer lugar, "que la unidad de policía judicial está a la orden del juez que dirige la investigación, sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si el instructor ha ordenado absoluta reserva y que sólo se le informe a él". Por otro lado, deja sentado que las destituciones por "pérdida de confianza" deben ser motivadas (en el caso de Pérez de los Cobos fueron declaradas falsas).

Es decir, que el responsable de una investigación no sólo no debe, sino que no puede dar información declarada secreta por el juez porque, en caso contrario, estaría cometiendo un delito (revelación de secreto). Además, para destituir a un oficial de su cargo, el jefe que lo haya destituido deberá motivar su decisión y no sólo podrá ampararse en la pérdida de confianza.

Desde que se produjo esa sentencia ya no hay zonas interpretables. No sólo el teniente coronel Balas, sino todos aquellos que llevan a cabo operaciones como policía judicial saben que no pueden revelar datos que haya declarado secretos el instructor. Y si un general se atreve a destituirles por negarse a obedecer sus órdenes, hay una sentencia del Supremo que le obliga a justificar su decisión, que no puede basarse simplemente en la desobediencia.

La UCO trabaja ahora con una total independencia. Sus efectivos saben que la sociedad confía en la profesionalidad de sus actuaciones, que carecen de motivación política. Esa es una de las garantías de nuestro Estado de Derecho, que colateralmente refuerza la independencia de los jueces. Naturalmente, para hacerlo, hacen falta profesionales con convicciones. Por eso, en este país, necesitamos a gente como el teniente coronel Balas, y no precisamente para lo que pretendía la autodenominada "periodista de investigación".