Las aguas subterráneas. Sobreexplotadas y contaminadas

Desde siempre, la administración hidráulica apenas ha prestado atención a las aguas subterráneas. Una consecuencia directa de ello la tenemos en el elevado número de pozos ilegales existentes en nuestro país que, en 2006, según la información del Ministerio de Medio Ambiente, se cuantificaban en 510.000 pozos abiertos sin permiso. De ellos se estimaba que se extraían anualmente 3.600 hm³, un volumen equivalente al que consumen 40 millones de habitantes. Sorprendentemente, no existen estimaciones oficiales más recientes, pero, dado que hasta ahora no se ha hecho casi nada para evitar la creación de nuevos pozos ilegales, su número ha seguido aumentando a buen ritmo. De hecho, algunas estimaciones que hemos realizado desde las organizaciones ecologistas, que coinciden con las realizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, sitúan el número actual de pozos ilegales en torno al millón, por lo que es previsible que el volumen de extracción de agua se haya duplicado también con respecto a las cifras que dio el Ministerio en 2006. El hecho de que el último censo oficial de pozos ilegales se hiciera hace nada menos que 20 años es una prueba palpable del desprecio permanente de la administración hidráulica hacia las aguas subterráneas.

La mayor parte del agua extraída de manera ilegal va a parar al regadío, procedente bien de pozos totalmente ilegales o bien de pozos legales, pero de los que se extrae un volumen de agua muy superior al autorizado. Esta última es una práctica muy habitual en Castilla-La Mancha. Sirva de ejemplo el resultado de las inspecciones realizadas hace algunos años por parte del SEPRONA a los pozos de la provincia de Ciudad Real, en las que se detectó que un 99 % de los contadores de agua habían sido manipulados mediante imanes. Esta práctica ilegal es tan habitual y extendida que, si consultamos en internet, nos encontramos con más de una decena de tutoriales donde se explica sin tapujos cómo se puede manipular un contador de agua con imanes, impidiendo que estos midan el paso del agua y extrayéndose así mucha más agua de la establecida en la concesión.

Habitualmente se ha estimado que el regadío ilegal oscila entre el 5 % y el 10 % con relación al total de la superficie regada. Sin embargo, en algunas zonas, como Doñana, Daimiel, el acuífero de los Arenales o el Mar Menor, estudios recientes sitúan el regadío ilegal en torno al 30 %. Se da la circunstancia de que, en estas zonas, la casi totalidad del regadío ilegal se nutre de los acuíferos.

Las aguas subterráneas siguen siendo maltratadas en nuestro país, debido en buena medida a la indiferencia que muestran las diferentes administraciones

Como consecuencia de todo ello, una buena parte de los acuíferos de nuestro país se encuentran sobreexplotados, con las graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas que ello conlleva. Además, el caso de los acuíferos costeros es aún más grave, pues la sobreexplotación del acuífero costero suele llevar asociada la intrusión de agua de mar en el mismo, quedando esos acuíferos inutilizados durante mucho tiempo, o incluso para siempre. Lamentablemente, una buena parte de los acuíferos de la costa mediterránea y de los dos archipiélagos se encuentran sobreexplotados y sufren intrusión marina.

Otra amenaza que se cierne sobre los acuíferos, además de su sobreexplotación, es la contaminación de sus aguas por nitratos, concretamente por los purines generados en las explotaciones ganaderas intensivas, cada vez más numerosas en nuestro país, así como por el uso masivo de abonos en la agricultura de regadío. Además, derivada de esta última actividad, es frecuente que aparezcan en los análisis de las aguas plaguicidas, e incluso algunos cuyo uso está prohibido en todo el ámbito de la Unión Europea desde hace unos cuantos años. Un ejemplo más de la permisividad de las administraciones hacia el uso de productos fitosanitarios prohibidos por su toxicidad o persistencia.

Las consecuencias sociales de la contaminación de los acuíferos resultan especialmente graves, al afectar a las aguas subterráneas de las que se abastecen numerosos municipios, especialmente rurales. De hecho, actualmente hay varios cientos de municipios en nuestro país donde no puede beberse el agua del grifo por estar contaminada por nitratos. Esto supone una pérdida clara de calidad de vida en esas localidades, lo que contribuye necesariamente a que la "España vaciada" se "vacíe" aún más, al no poder utilizarse el agua del grifo ni para beber ni para cocinar.

En definitiva, las aguas subterráneas siguen siendo maltratadas en nuestro país, debido en buena medida a la indiferencia que muestran hacia ellas las diferentes administraciones, incluidas las propias administraciones hidráulicas. De esta manera, cada vez son más los acuíferos sobreexplotados o contaminados, o ambas cosas a la vez, y, en muchos casos, los daños que se están generando son irreversibles. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoce, en sus documentos de planificación hidrológica, que el estado de las aguas subterráneas, con carácter general, sigue empeorando. Se está acabando con unos recursos que son esenciales desde los puntos de vista ambiental y social. Las diferentes administraciones deberían tomar conciencia del problema y llevar a cabo, desde los diferentes ámbitos de sus competencias, políticas activas de protección real de los acuíferos y de recuperación de los mismos, contribuyendo así a preservar los valores naturales que albergan los diferentes ecosistemas, así como la calidad de vida de las personas.

Santiago Martín Barajas, ingeniero agrónomo