Golpe del Tribunal de Cuentas al Gobierno por la nula inversión en vivienda del Plan contra la despoblación: solo 104 de 13.400 millones

En la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, el entonces líder socialista situó la despoblación entre los grandes desafíos de un Estado que, a su juicio, había quedado "debilitado" por los años de gobierno de Mariano Rajoy. Siete años después, el Tribunal de Cuentas ha puesto bajo la lupa la principal política impulsada por el Ejecutivo para combatir este fenómeno: el Plan contra la despoblación.

Aunque la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha reconocido mejoras en materia de conectividad a internet, rehabilitación de entornos y nuevas medidas de apoyo a la activación económica y al empleo, también ha identificado carencias en otras áreas. Entre ellas, el "desarrollo limitado" de las actuaciones en materia de vivienda y movilidad. Precisamente "dos dimensiones esenciales para la habitabilidad y permanencia de la población en el territorio", según Chicano.

104 millones sobre un presupuesto total de 13.400 millones

La presidenta del organismo ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados el informe fiscalizador del Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico, la estrategia impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entre 2021 y 2023 para combatir la despoblación. El programa movilizó 13.419 millones de euros, de los que cerca de 10.000 millones procedían del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, es decir, de los fondos europeos Next Generation.

Sin embargo, el Tribunal destaca en su informe el "escaso" peso que tuvieron las actuaciones en vivienda y movilidad sostenible. Apenas el 0,8% del presupuesto total se destinó a facilitar el acceso a la vivienda y un 1,2% a mejorar la movilidad sostenible. En euros contantes y sonantes, estas partidas tan solo ascendieron a 103,8 millones de euros y 157,3 millones, respectivamente.

Pero esto no es todo. El Tribunal de Cuentas distingue en el Plan contra la despoblación las denominadas "medidas reto", concebidas específicamente para combatir la despoblación, y las medidas "perimetrales", es decir, políticas sectoriales de carácter más general adaptadas al medio rural o con efectos indirectos sobre él. Y, precisamente, el informe señala que "para los factores de vivienda, movilidad sostenible y sostenibilidad medioambiental no se desarrollaron medidas con un presupuesto específico para el reto demográfico". Es decir, todas las actuaciones identificadas en estos ámbitos fueron catalogadas como "perimetrales".

No obstante, la Secretaría General para el Reto Demográfico rechazó esta valoración en sus alegaciones al informe. El organismo defendió que sí se habían impulsado actuaciones específicas en estos ámbitos, entre ellas la Mesa de Movilidad Rural como foro de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como las ayudas para menores de 35 años incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 para la adquisición de vivienda habitual en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Menos del 17% del presupuesto fueron "medidas reto"

Sea como fuere, el organismo que preside Chicano concluye que solo 50 de las 158 actuaciones incluidas en el Plan 130 fueron consideradas "medidas reto", con un presupuesto que ascendió hasta los 2.255 millones de euros, es decir, el 16,8% de los 13.419 millones movilizados por el programa. El resto de los recursos, 11.163 millones de euros, se correspondieron con 108 actuaciones catalogadas como "medidas perimetrales".

Sin indicadores para medir los resultados

Con carácter general, Chicano ha señalado durante su comparecencia que la política pública frente al reto demográfico es una política "compleja, de maduración lenta, cuyos efectos no son plenamente apreciables en el corto plazo" y que la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas no "pretende valorar únicamente resultados inmediatos, sino también extraer aprendizajes útiles para el diseño de la nueva estrategia y de futuros planes". Precisamente por ello, el problema sobre cómo identificar si el Plan ha cumplido con sus objetivos constituye otra de las principales críticas del informe.

De acuerdo con el informe, "el Plan 130 no estableció indicadores para evaluar el seguimiento y resultado conseguido por sus medidas", una carencia que ha dificultado determinar el grado de cumplimiento e impacto real de las actuaciones incluidas en la estrategia. Y es que debía haberse creado un Observatorio de Reto Demográfico "con el objetivo de definir y seleccionar indicadores relevantes" que posibilitasen la evaluación del Plan 130. Sin embargo, en "la fecha de elaboración de este Informe (24 de octubre de 2025), este Observatorio todavía no se había creado".

En las alegaciones del informe, la Secretaría General para el Reto Demográfico reconocía que el Observatorio todavía no se había creado. No obstante, defendía que se estaba impulsando su creación como una evolución de la herramienta "SIDAMUN ya existente".