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En España parece que hemos desarrollado una habilidad extraordinaria para aprobar leyes, presumir de democracia y después descubrir que, cuando llega la hora de aplicarlas, todo son explicaciones, matices y excusas.
Hoy toca volver a hacer una pregunta incómoda: ¿para qué sirve la Ley de Partidos si nadie quiere explicar hasta dónde llega y si se están utilizando todos los mecanismos que contempla?
Conviene recordar la historia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que contó con un amplio respaldo parlamentario, incluido el del PSOE. No fue una ley cualquiera. Nació en una España que todavía sufría el terror de ETA, con asesinatos, amenazas, extorsiones y familias obligadas a vivir con miedo por defender la libertad.
Aquella ley estableció instrumentos para defender nuestra democracia frente a quienes pretendieran utilizarla para destruirla desde dentro. Y su artículo 9 no deja lugar a dudas sobre la preocupación que la inspiró: contempla, entre otras conductas, el apoyo o la legitimación de la violencia terrorista y la inclusión reiterada en listas electorales de condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente sus fines y métodos.
La memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda
¿Y qué ocurre ahora? Que volvemos a encontrarnos con la presencia de antiguos condenados por su relación con ETA en candidaturas de EH Bildu. La actualidad nos lleva directamente a Navarra, donde Floren Aoiz encabeza la candidatura de esta formación al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.
Y aquí es donde quiero detenerme. Porque no basta con encogerse de hombros y responder que han cumplido sus condenas y que, por tanto, asunto cerrado. El cumplimiento de una pena es una cuestión de justicia; la memoria de las víctimas y la responsabilidad de los partidos son cuestiones que no podemos despachar con una frase hecha.
Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar. Pero tampoco debemos confundir las cosas: haber sido condenado por pertenencia a ETA no supone, por sí solo, una prohibición automática de presentarse a unas elecciones. Precisamente por eso hay que leer la ley, examinar las circunstancias concretas y exigir que las autoridades competentes actúen conforme a derecho. La Ley de Partidos no permite ilegalizar una formación por una simple sospecha, pero tampoco debería convertirse en papel mojado cuando existen hechos que merecen ser examinados.
Por eso pregunto al Gobierno: ¿se han revisado las circunstancias de estas candidaturas? ¿Se ha comprobado si concurren los requisitos legales previstos? ¿Qué explicación se ofrece a los ciudadanos que recuerdan perfectamente lo que ETA hizo en este país?
Y pregunto también a la oposición: ¿a qué esperan para exigir explicaciones, reclamar una revisión jurídica rigurosa y pedir que se utilicen todos los instrumentos legales disponibles?
No estoy pidiendo que se vulnere la ley para satisfacer a nadie. Estoy pidiendo exactamente lo contrario: que se aplique con rigor, sin mirar quién puede salir beneficiado o perjudicado políticamente. Porque aquí hay algo que no deberíamos perder jamás de vista: las víctimas de ETA no pueden convertirse en una nota a pie de página de nuestra historia. Sus familiares no tienen por qué aceptar que su dolor se trate como una molestia del pasado. Y quienes defendemos una España democrática tenemos derecho a exigir que la memoria, la justicia y la dignidad no dependan de los intereses de cada partido.
Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar
Yo recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Recuerdo a Ortega Lara y el sufrimiento que padeció durante su secuestro. Recuerdo a tantos guardias civiles, policías, militares, concejales y ciudadanos asesinados por defender aquello que otros querían destruir. Y me niego a aceptar que, con el paso del tiempo, acabemos acostumbrándonos a todo. No se trata de venganza. Se trata de principios. Se trata de explicar a las nuevas generaciones que en España hubo una organización terrorista que asesinó para imponer sus ideas y que ninguna aspiración política puede justificar aquel terror.
Por eso, cuando hablamos de la Ley de Partidos, no hablamos de un simple artículo del BOE. Hablamos de los límites que una democracia debe defender, de la responsabilidad de quienes aspiran a representarnos y de la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.
¿Dónde está la Ley de Partidos?
Porque si existe un instrumento legal para impedir que un partido incurra en determinadas conductas de apoyo o legitimación del terrorismo, lo mínimo exigible es que se examinen los hechos cuando surgen dudas fundadas. Que se explique qué se ha revisado, qué requisitos se cumplen y qué actuaciones corresponden. Ni impunidad ni atajos: ley y responsabilidad.
Por respeto a quienes ya no están, por respeto a sus familias y por dignidad democrática, España no puede permitirse olvidar de dónde venimos. Las leyes se escriben para defender la democracia, no para decorar el BOE. Y la memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda.
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Cayetano González
Pacto PSOE-Bildu: las once víctimas del PSOE asesinadas por ETA
Estremece transcribir los nombres y los datos de estos once militantes y/o cargos públicos del PSOE.
18/12/2023 – 22:00
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Estremece transcribir los nombres y los datos de estos once militantes y/o cargos públicos del PSOE.Ernest Lluch. | EFE
Sánchez es presidente del Gobierno gracias, entre otros apoyos indeseables, a los seis diputados de los herederos políticos de ETA que votaron a favor de su investidura. La semana pasada se conoció el pacto del PSOE con Bildu, para entregar a esta formación política el Ayuntamiento de Pamplona, lo que sucederá el próximo día 28 —festividad de los Santos Inocentes, que triste paradoja— con la aprobación de la moción de censura contra la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola, de UPN, partido que ganó las elecciones municipales el pasado 28-M.
El paso dado por Sánchez de entregar una institución tan importante, como el Ayuntamiento de la capital de Navarra, a los herederos políticos de ETA, llega después del blanqueamiento que durante los últimos cinco años, el presidente del Gobierno ha llevado a cabo con Bildu, tratándole como un partido político más del arco parlamentario, «progresista y democrático» como le definió hace unos días el mamporrero que Sánchez ha sentado en el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Transportes, Oscar Puente.
Pero no será el último paso que el PSOE dará con Bildu. Dentro de unos meses habrá elecciones autonómicas vascas, donde la pugna PNV-Bildu va a estar muy ajustada. Si la coalición abertzale gana esas elecciones, lo cual es posible, el PSOE se prestará a apoyar la investidura como lehendakari, al candidato de Bildu, un apoyo que se verá facilitado por el perfil del candidato de la coalición abertzale: 40 años, Ingeniero de Telecomunicaciones y sin ninguna vinculación en el pasado con ETA, como si la tenía Arnaldo Otegui, que inteligentemente renunció a ser el candidato.
Una vez en el Palacio de Ajuria-Enea de Vitoria, la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, Bildu pondrá en marcha el mecanismo de anexión de Navarra al País Vasco previsto en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. En dicho mecanismo está contemplado que, tras la aprobación por parte del Parlamento Foral de esa anexión, tenga lugar un referéndum en Navarra para ratificar la misma. En ese momento, el Partido Socialista de Navarra, por orden de Sánchez, apoyará esa consulta.
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Sin mucha esperanza de remover las conciencias de gentes como Sánchez, Cerdán, Chivite, Puente, etc., me parece oportuno recordar a los once militantes y cargos públicos del PSOE que han sido asesinados por ETA, dejando constancia en estas líneas de sus nombres, cargos públicos que ostentaron, fecha y lugar en que fueron asesinados por la banda terrorista.
Esta es la relación de los socialistas asesinados por ETA a lo largo de su macabra historia:
D. Germán González López (militante del PSOE y afiliado a la UGT. Asesinado por ETA el 27 de octubre de 1979 en Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa)
D. Enrique Casas Vila (secretario de organización del PSE. Senador por designación autonómica y parlamentario vasco. Asesinado por ETA el 23 de febrero de 1984 en San Sebastián).
D. Vicente Gajate Martín (militante del PSOE y de la UGT; policía municipal en Rentería (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 17 de octubre de 1984).
D. Fernando Múgica Herzog (histórico dirigente del PSE y hermando del exministro de Justicia en el Gobierno de Felipe González, Enrique Múgica. Fue asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996 en pleno centro de San Sebastián)
D. Fernando Buesa Blanco (ex-vicelehendakari del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE). Portavoz del PSE en el Parlamento Vasco. Fue asesinado por ETA, junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, el 22 de febrero de 2000 en Vitoria).
D. Juan María Jáuregui Apalategui (militante del PSE. Ex-Gobernador Civil de Guipúzcoa en 1994. Fue asesinado por ETA el 29 de julio de 2000 en Tolosa).
D. Ernest Lluch Martín (Militante del PSC. Exministro de Sanidad y Consumo en el Gobierno de Felipe González. Fue asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000 en Barcelona).
D. Froilán Elespe Inciarte (Ex-primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 20 de marzo de 2001).
D. Juan Priede Pérez (Concejal del PSE en Orio (Guipúzcoa), localidad en la que fue asesinado por ETA el 21 de marzo de 2002).
D. Joseba Pagazaurtundua Ruiz (militante del PSE y Jefe de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003).
D. Isaías Carrasco Miguel (Ex-concejal del PSE en Mondragón (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008).
Tan solo a veces, muy pocas sale algunos de sus nombres.