Nadie ha encontrado dónde lo dijo Abraham Lincoln –la frase se le atribuyó más de veinte años después de su muerte–, pero la idea de que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo da por sentado que la realidad tiene una gravedad propia: tarde o temprano, los hechos desmienten a la propaganda. La política española de este otoño parece decidida a comprobar hasta dónde llega esa gravedad.

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Los ejemplos sobran y no son el objeto de estas líneas: los peores resultados de la historia de España en PISA, publicados en septiembre; la carta del Sáhara de 2022, que cambió a España de posición sin pasar por el Congreso; las 72.000 personas que entraron en Ceuta el 30 y el 31 de julio –unos ochenta muertos según el balance oficial, 141 según las ONG que suman el lado marroquí–. Todos muestran el mismo gesto: donde la gestión prudente exigía un pacto de Estado, el dogma; donde el debate exigía el Parlamento, el atajo.

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El objeto es la vivienda: el problema que más españoles citan en el barómetro de octubre del CIS –el 55,7 por ciento, frente al 20,9 de la inmigración– y el ámbito en que la discusión ya no es de opinión, porque se mide con cinta. En ocho años se le han cerrado a una generación entera, una detrás de otra, las dos puertas: la de la compra y la del alquiler.

La primera se cerró despacio. Durante décadas, el ahorro familiar español buscó refugio en la propiedad; hoy, para un joven con empleo, comprar una casa es una quimera. No es una maldición: es un déficit de oferta que el Banco de España mide desde hace años –750.000 viviendas entre 2021 y 2025; solo el año pasado se formaron 240.000 hogares y se terminaron 92.000 casas– y que nace, en buena parte, de la rigidez urbanística, la inseguridad jurídica y la asfixia burocrática de ayuntamientos y comunidades. En lugar del gran pacto para reformar la Ley del Suelo, que en esta legislatura ha naufragado dos veces por la incapacidad de pactar más allá del bloque de investidura, se optó por demonizar la promoción y al promotor. Sin suelo ni licencias, la obra nueva se volvió escasa y carísima, y toda una demanda juvenil empujó hacia la única puerta que quedaba abierta: el alquiler.

En ocho años se le han cerrado a una generación entera, una detrás de la otra, las dos puertas de acceso a la vivienda: la de la compra y la del alquiler

La segunda puerta se está cerrando ahora mismo, y a golpe de decreto. El 29 de septiembre, el Gobierno aprobó los reales decretos-ley 26/2026 y 27/2026. El 2 de octubre, el Pleno del Congreso los derogó. El 5, Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Y el 6, el mismo día en que el BOE publicaba la disolución, el Consejo de Ministros aprobó dos textos casi clónicos, los reales decretos-ley 28/2026 y 29/2026, para que los convalide la Diputación Permanente: 69 diputados de guardia mientras las Cámaras están disueltas, en un reparto que deja a Junts un solo asiento y a UPN ninguno. La misma Cámara que en el Pleno tumbó el 26/2026 por 178 votos contra 172 aprobaría su sucesor, en esa sala, por 35 a 34. Tanta era la prisa que el preámbulo del 28/2026 fecha la derogación del Pleno el 29 de septiembre: el día en que nació el decreto derogado.

El contenido explica la huida. El 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, impone, a petición del inquilino, prórrogas de hasta dos años; congela las rentas o las topa al 2 por ciento hasta finales de 2027; deja al inquilino desistir a los seis meses sin indemnización; prohíbe repercutirle el IBI; extiende la suspensión de desahucios de vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, y estrecha las dos salidas que quedaban: el alquiler de temporada, limitado a doce meses y a una causa probada, y el de habitaciones. El 28/2026, fijado para entrar en vigor el 15 de noviembre, encadena prórrogas obligatorias de cinco años –siete si el arrendador es persona jurídica– y obliga al propietario que no quiera renovar a preavisar con seis meses y a pagar la mayor de dos cantidades: doce mensualidades o una por año de residencia, calculadas no sobre la renta pactada, sino sobre el techo del índice estatal de referencia. El PNV ha anunciado que votará en contra; si cumple, no habrá regido ni un día. El aviso ya está dado.

Ante eso, la reacción del pequeño ahorrador no es ideológica; es aritmética. Quien entrega hoy su vivienda pierde el control del precio hasta finales de 2027 y, si el 28/2026 prospera, el del plazo: recuperarla sin una causa tasada le costará, como mínimo, doce mensualidades. Quien la cierra con llave arriesga, como mucho, un IBI un 50 por ciento más caro: solo en zona tensionada, tras dos años vacía, si su ayuntamiento lo aprueba y nunca antes de 2027.

Idealista publicó a primeros de mes que los anuncios de alquiler permanente en su portal pasaron de 902.664 en 2018 a 510.091 en 2025: 392.573 menos, un 43,5 por ciento, sin contar temporada ni habitaciones. En Barcelona capital, con las rentas topadas desde marzo de 2024, se publicaron 19.723 donde hubo 113.853: un 83 por ciento menos. La ministra de Vivienda lo ha llamado bulo: no habría menos pisos, sino menos rotación. Es la definición exacta de una puerta cerrada: los que están dentro no salen y los que esperan fuera no entran. El Barómetro del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, publicado el lunes pasado, añadió el precio del experimento: 1.214 euros de renta media y 133 interesados por cada piso en sus diez primeros días en el mercado; 401 en la provincia de Barcelona. El propio estudio sitúa el equilibrio en 15. Los pisos no se evaporan: se cierran, se venden, esperan a tiempos mejores o se refugian en el alquiler de temporada, la salida que el decreto acaba de acotar. Al romper la confianza jurídica del arrendador, se rompió la oferta del bien que se prometía repartir.

Ese es el balance del doble cerrojo. A la generación que no podía comprar se le dijo que alquilase; al mercado que se lo permitía, se lo está echando a la calle. Se puede engañar a una parte del electorado durante algún tiempo con la promesa de que los precios bajan por decreto y las casas se multiplican castigando a sus dueños. Pero el joven que hoy compite con otros 132 aspirantes por cada piso –con otros 400 en Barcelona– no necesita a Lincoln para saber que algo no cuadra. La realidad ya ha votado. El 29 de noviembre votan los demás.