Los jueces decanos de España vuelven a mandar un recado claro a los partidos políticos al pedir la reducción del número de aforamientos y la supresión de los privilegios de los que gozan los representantes de los ciudadanos. En opinión de este colectivo, esta prerrogativa «dilata y perjudica notablemente» la instrucción de los casos de corrupción y evidencia «desconfianza» hacia el juez ordinario predeterminado por la ley.

Ésta es una de las conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España -representantes de unos 2.000 profesionales- clausurada este miércoles en Málaga y que, en su opinión, contribuiría a eliminar la apariencia de politización de la Justicia y a contener la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema.

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El documento de conclusiones del encuentro es un diagnóstico crítico de la situación en la que se encuentra el sistema en la actualidad, no sólo por la politización, sino también por la sobrecarga y la falta de medios humanos y materiales, y demanda «con urgencia» un Pacto de Estado con «una hoja de ruta clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial» a medio y largo plazo.

No hay interés político por mejorar el funcionamiento del sistema», lamentan

«Lamentablemente no existe hoy una hoja de ruta, ni constatamos tampoco interés político por mejorar el funcionamiento del sistema judicial. En realidad nunca lo ha habido, la Justicia no interesa, no da votos. Todo está en el aire: los tribunales de instancia, la oficina judicial, la nueva demarcación territorial… Y esta falta de diseño de cara al futuro provoca un enorme desconcierto en la carrera judicial y dificulta la creación de plazas judiciales», lamentan. Frente a este panorama, consideran que la Justicia «debe ser una prioridad» y consideran que es hora de que «las palabras dejen paso a los hechos».

Uno de los cuatro bloques en los que los jueces ponen énfasis en sus conclusiones es el de la despolitización. A este respecto, recuerdan que fueron ellos los que abogaron abiertamente por la desaparición del aforamiento, figura que permite que diputados y senadores no sean investigados y eventualmente enjuiciados por juzgados de primera instancia sino por Tribunales Superiores de Justicia o por el Tribunal Supremo. Tres años después, la situación no ha cambiado: «No se ha suprimido ni uno solo», reconocen con desazón.

«Los aforamientos complican, dilatan y perjudican notablemente la tramitación de las causas por corrupción -sobre todo en la fase de investigación- y además evidencian desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que no tiene sentido en pleno siglo XXI», sentencian.

Exigen que sean los propios jueces los que elijan a los vocales del CGPJ y no los políticos

En aras de la despolitización de la Justicia, el gremio también plantea otras ocho propuestas que ayudarían a «apuntalar la credibilidad del sistema». Una de ellas es la necesidad de que sean los propios jueces los que elijan a sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, única manera -sostienen- de garantizar la independencia judicial «frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros».

«El CGPJ debe de quedar al margen de cualquier tipo de influencia o designación política, como así venimos postulando desde hace muchos años», proclaman en línea con lo que defiende el Comité de Ministros del Consejo de Europa. El modelo propugnado contrasta con la situación actual: el Congreso y el Senado proponen 12 de los 20 vocales, quedando la designación de los ocho restantes en manos de juristas de reconocida competencia.

En este punto, los jueces decanos aluden al reciente informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en el que precisamente se denuncia la falta de interés de España por modificar el sistema de elecciones de miembros del CGPJ para fortalecer la independencia judicial, «tanto en apariencia como en la realidad».

El colectivo reclama que se limiten las ‘puertas giratorias’ desde la judicatura a la política

También contribuiría a despolitizar la Justicia, en su opinión, la supresión de los nombramientos de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia a propuesta de los parlamentos autonómicos y la limitación de las ‘puertas giratorias’ desde la judicatura a la política, que provoca un «indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad de los jueces». El último caso ha sido el de Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo que solicitó una excedencia para presentarse a las elecciones del 26-J como número dos en la lista del PSOE por Madrid.

La confianza ciudadana en el sistema también mejoraría, según los profesionales que la administran, si se lograra la independencia económica para que no esté condicionada a «la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos». «Debería garantizarse dicha autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual -en el que intervienen el Ministerio de Justicia, la Comunidades Autónomas y el CGPJ- es caótico, lento e ineficaz», añaden.

Los jueces plantean que sólo se indulte si hay informe favorable del tribunal sentenciador

Igualmente, echan en falta una «mayor contundencia» del CGPJ a la hora de censurar «los ataques» a los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional y ponen el dedo en otra de las llagas del sistema: la concesión de indultos. En este sentido, recuerdan que puede tener sentido «en casos muy excepcionales para mitigar la rigurosa o tardía aplicación de la ley», pero defienden la necesidad de que exista al menos un informe favorable del tribunal sentenciador y que siempre esté motivado.

El documento de conclusiones tampoco ignora propuestas dirigidas a combatir el funcionamiento deficiente del sistema y para que redunden en una adecuada atención al ciudadano. En este sentido, la prioridad la fijan en el incremento de la inversión y abogan por la elaboración de un plan de inversiones «prolongado durante varias legislaturas» que permita hacer frente a las graves carencias.

«No es de recibo que la Justicia apenas represente el 1% de los Presupuestos Generales del Estado», exponen, antes de contraponer la cicatería del erario con el sistema frente a los más de 60.000 millones de euros públicos que se ha inyectado al sector financiero. «Representa nada menos que 17 veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España», apostillan.

También juzgan inaplazable incrementar el número de jueces para que España pueda acercarse al ratio existente en otros países europeos. En este sentido, recuerdan que la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) -dependiente del Consejo de Europa- ha concluido en un reciente informe que España tiene la mitad de jueces que la media comunitaria.

España necesita más de 4.000 jueces para alcanzar la media por habitante de Europa

«Hoy somos 5.500 jueces y juezas en España y para alcanzar el ratio europeo de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con 9.600 jueces. Pero antes debemos diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización queremos. La planta judicial es un tema pendiente de resolver desde hace años. Además del número de jueces que hacen falta también hay que determinar en qué lugares son necesarios, no pueden crearse nuevas plazas dependiendo del peso político de los territorios», exponen.

Igualmente, los representantes de los jueces creen necesario arbitrar medidas para reducir la «excesiva» litigiosidad que hay en España y acomodar la organización territorial judicial «a la realidad social, política, económica y demográfica actual», lo que obliga a replantearse el modelo diseñado en el siglo XIX basado en 422 partidos judiciales y avanzar hacia la concentración territorial para que los juzgados dispongan de una «mejor organización del trabajo y suficientes y adecuados servicios comunes y técnicos».

«Reinos de taifas»

La mejora del funcionamientos también pasa, en opinión de este colectivo, por una redefinición de las competencias de las Comunidades Autónomas para evitar que actúen «como auténticos reinos de taifas» y que se reconozca al CGPJ la facultad de controlar el cumplimiento de los gobiernos autonómicos de dotar de medios suficientes a la Administración de Justicia.

Asimismo, exigen que la incompatibilidad entre los distintos sistemas informáticos que utilizan las Comunidades Autónomas sea un realidad y critican duramente cómo se ha tratado de implantar el papel cero. «El expediente digital es desde luego deseable y necesario, y sería un avance muy positivo, pero se ha seguido un camino inadecuado sin previsión, sin inversión, de forma incompleta, con precipitación e improvisación, sin experiencia piloto y con falta de coordinación de las Comunidades Autónomas y con constantes fallos del sistema debido a la ausencia de modernización informática en muchos territorios», denuncian.