Mariano Rajoy ha dado sobradas muestras de que, una vez investido presidente del Gobierno, no parece tener muchas prisas para dar los siguientes pasos, esto es, nombrar su Ejecutivo, que se conocerá el jueves, y comenzar a abordar una serie de cuestiones que parecían llamadas a marcar la agenda de la nueva legislatura. Una de ellas es, sin duda, la reforma constitucional, compromiso que se contiene en el documento que acordó con  el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pero Rajoy está remiso a avanzar en la “actualización” del texto constitucional mientras el PSOE no salga de su profunda crisis interna y ésta, además, no se resuelva al gusto del inquilino de la Moncloa.

Fuentes gubernamentales explican a El Independiente que un proceso de este calado, que exige del concurso del primer partido de la oposición, “no se puede ni se debe abordar en un momento de fuerte quiebra interna del socialismo” tras la salida del que fuera su secretario general Pedro Sánchez, con una comisión gestora al frente, un grupo parlamentario partido y un congreso sin fecha que puede alargarse mucho en el tiempo, el que sea necesario para intentar dejar a Sánchez sin opciones en unas primarias.

Moncloa estará muy atenta del perfil del nuevo liderazgo socialista

Pero aun en el caso de que el PSOE lograra salir de su actual marasmo, Moncloa estará muy atenta al perfil del nuevo liderazgo socialista porque “si, finalmente, se produjera, por ejemplo, el retorno de Sánchez sería impensable abrir ese melón”. Moncloa se malicia de la existencia de “coqueteos” de Sánchez con los independentistas en su segundo intento por formar un Gobierno alternativo a Rajoy, lo que motivó la actuación de los barones territoriales en el conflictivo Comité Federal del pasado 1 de octubre, saldado con la dimisión del madrileño.

Y todo ello en un momento en que el PSOE no solo debe “coser” –según la terminología al uso- su actual desgarramiento interno, sino revisar el modelo de relaciones con el PSC, cuyos diputados votaron “no” en bloque el pasado sábado a la investidura de Rajoy. Con unos socialistas catalanes cada vez más escorados hacia las posiciones de En Comú Podem, defensores de la consulta soberanista, hasta el punto de que quieren ir de la mano con Ada Colau de candidata a las próximas elecciones autonómicas, la reforma constitucional se le hace muy cuesta arriba al inquilino de la Moncloa, por mucho que esté contenida en su pacto con Ciudadanos.

El desafío independentista, unido a la aparición de nuevas formaciones políticas que, como Podemos, cuestionan el mal llamado “régimen del 78”, obligan a “blindar” el proceso de reforma constitucional, que Rajoy no tiene intención de promover salvo que se vea forzado.

El pacto con Rivera habla de la “actualización” del texto constitucional

En el punto 122 de los 150 que contiene el pacto PP-Ciudadanos, ambas fuerzas se comprometen “a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia”. También abogan por la siempre preterida reforma del Senado (acuerdo 101) para que, además de reducir el número de senadores, cumpla las funciones de cámara territorial con competencias “vinculadas con la articulación y cohesión” de la estructura territorial del Estado. Entre dichas funciones figurarían cuestiones como la financiación autonómica o los planes estatales de infraestructuras. A tal fin, agrega el texto, se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado de 2006 sobre modificaciones constitucionales que encargó a este órgano el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Aluden a un documento de trescientas páginas que aborda “cambios restringidos” y apela a la necesidad de “un gran acuerdo político y social” que los respalde, alcanzando el mismo grado de consenso que el actual texto de 1978. El primer aspecto que estudió el Consejo de Estado fue el de la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al Trono, cosa harto complicada entonces porque había que hacer una mención expresa a la salvaguarda de los derechos de don Felipe, príncipe de Asturias.

La reforma constitucional descansaría en un estudio del Consejo de Estado de 2006

La incorporación de cuestiones alusivas a la pertenencia de España a la Unión Europea, ausentes en el texto actual, con procedimientos específicos para la ratificación de los tratados; o la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas también fueron estudiadas por este órgano consultivo. En este último capítulo se incorporaban consideraciones sobre la clarificación competencial entre el Estado y las autonomías  “para delimitar el ámbito de las facultades de titularidad estatal”. Por último, el grueso del informe descansaba en las propuestas referidas, precisamente, a la reforma de la Cámara Alta. Hace diez años el Consejo consideraba “inaplazable” emprender esta reforma dado el desfase entre su configuración y la realidad jurídico-política del modelo autonómico. Nada se ha hecho desde entonces, a pesar de recomendar un reforzamiento de sus competencias y una modificación en el sistema de elección de los senadores.

Pedro Sánchez, no; Susana Díaz, sí

La reforma de la Carta Magna sólo puede salir adelante, como mínimo, con el concurso del PSOE aunque debería incluir a todos los grupos parlamentarios para tener el mismo consenso que el actual texto. Por eso, por mucho que Rivera presente una propuesta de reforma y se abra una subcomisión para recabar la opinión de los expertos, el PP no dará un paso sin los socialistas y sólo si a su frente hay alguien que les inspire la suficiente confianza. No hay dudas sobre el compromiso constitucional y defensa de la unidad de España por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con la que Rajoy sí podría embarcarse en esta empresa.