La repentina muerte de Rita Barberá ha reabierto en el seno del PP un debate sobre la presunción de inocencia y la dimisión de políticos que, si bien no han sido condenados, están siendo investigados en los tribunales. La baja de Barberá en el PP se produjo el 15 de septiembre de este año y quiso simbolizar por parte de los populares el sello de un compromiso con C’s. Un acuerdo de regeneración que obligaba al cese en caso de imputación por corrupción y que se incluyó en el pacto de investidura de Mariano Rajoy, firmado dos semanas antes con la formación de Albert Rivera y que ahora, según fuentes del partido, están abiertos a revisar.

C’s se abre a introducir mecanismos de ‘reparación del daño’ en caso de absolución

El punto 93 del documento obliga a «la separación inmediata de cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción». Una máxima que ahora se podría flexibilizar, con la posibilidad de atrasar los plazos de dimisión hasta la apertura de juicio oral para respetar la presunción de inocencia. No descartan tampoco la introducción de mecanismos para readmitir en el cargo en caso de absolución, como una fórmula para reparar el daño.

Con la vuelta de este debate, dirigentes de Ciudadanos recuerdan el pacto firmaron en su día con Pedro Sánchez, en el que sí fijaban la apertura de juicio oral como punto de inflexión para dejar de ocupar un cargo público. Los de Albert Rivera consideran que, aunque hay que respetar la presunción de inocencia, la condición de cargo público exige un «plus de responsabilidad» y por ello no van a renunciar a su máxima de regeneración democrática, aunque sí se abren a matizarla.

En el caso de que se produzca esta discusión, se mantendría de fondo la bandera de la regeneración a la que los naranjas no están dispuestos a renunciar. Desde la irrupción de Ciudadanos en el ámbito nacional han hecho gala de haber impulsado las salidas de varios políticos investigados, como el caso del que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado, al que retiraron su apoyo en abril forzando su dimisión.

También en Andalucía, C’s exigió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, las mismas condiciones que reclaman a nivel nacional, y gracias a este punto presumieron de la dimisión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En aquel caso, Díaz fue investida el 11 de junio y los ex presidentes andaluces dimitieron también dos semanas después, como se produjo también en el caso de Barberá.

Fuentes del partido resaltan la aplicación de estas medidas de regeneración también a nivel interno, con la salida de la formación de varios dirigentes investigados, pero admiten que lo ideal sería ampliar este acuerdo al resto de formaciones políticas para alcanzar un punto común que sea acatado por unanimidad y evitar también la «doble vara de medir».

C’s justifica el pacto firmado con el PP en el contexto de corrupción en el que se firmó

Desde el PP mantienen que se debe echar a un político cuando se abre juicio oral y reconocen fueron más allá en el pacto de investidura por exigencias del partido naranja. Un punto que desde Ciudadanos justifican en el contexto en el que se firmó el acuerdo, tras una época en que los populares se enfrentaban a casos de corrupción «casi a diario».

Los populares han hecho desde este miércoles continuas las llamadas en el PP a «reflexionar» sobre lo ocurrido con la ex alcaldesa porque, según señalan, no había sido condenada por los tribunales pero sí por la llamada «pena del telediario». En Ciudadanos reconocen este daño mediático y no descartan discutir mecanismos de salida de los cargos públicos para garantizar que las imputaciones no se utilicen como arma política. En caso de lograr un acuerdo en este punto plantean fórmulas de «reparación del daño», como la readmisión en el cargo a aquellos políticos que, habiendo sido cesados, resultan finalmente absueltos. Unos mecanismos que, señalan, tendrían que ser estudiados por la Cámara y acordados con el resto de formaciones.