En mitad de la polémica causada por el contenido del punto 93 del pacto PP-Ciudadanos sobre el destino político de los imputados, los populares desmienten la mayor: el pacto no obliga a echar a éstos en contra de lo que interpreta el partido de Albert Rivera. La cuestión se ha puesto sobre la mesa con especial virulencia a raíz de fallecimiento de la ex alcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, y Ciudadanos, después de debatirlo internamente, no está dispuesto a abjurar de ninguno de los aspectos de este acuerdo concentrado en 150 compromisos.

Ni falta que hace, vienen a decir en el PP, convencidos de que el asunto está escrito “con la suficiente ambigüedad” como para impedir medidas drásticas en cuanto alguien resulte investigado en el marco de una instrucción judicial. Y no lo dice cualquiera, sino uno de los miembros de la comisión negociadora que participó en la elaboración del documento. El texto señala literalmente que ambos partidos se comprometen “a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial”.

Para que el pacto se aplique «deben existir indicios razonables de criminalidad»

Las fuentes consultadas por El Independiente ponen el acento en los términos “formalmente” y “encausado”, de modo que interpretan que “la mera investigación inicial no sirve porque te pueden llamar a declarar sin más asistido por un abogado”. Para que el contenido del acuerdo se aplique “deben existir indicios razonables de criminalidad ciertos que puedan acabar en juicio oral”.

La ambigüedad del redactado, prosigue, “permite analizar cada caso concreto” y pone sobre la mesa, a modo de ejemplo, el nombre del diputado Óscar Clavell, cuya situación interfirió en las negociaciones entre ambos partidos. Procesado por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude siendo alcalde en funciones de Vall d’Uixó (Castellón), Ciudadanos acabó aceptando su continuidad bajo el argumento de que, al no haber enriquecimiento personal, sino una mala gestión, no era un caso de corrupción política. Clavell sigue sentado en su escaño del Grupo Popular.

De este modo, aducen que Barberá no dejó de militar en el PP en aplicación del pacto con Ciudadanos que permitió su voto en la investidura de Mariano Rajoy, sino que formó parte de “una decisión personal” de la hoy fallecida. Los hechos, no obstante, desmienten tal afirmación dado que se le presionó para que, o bien dejara el acta de senadora o abandonara el partido y prefirió el aforamiento del escaño.

Defiende Génova que Barberá dejó de militar en el PP «por una decisión personal»

En todo caso, lamentan desde el PP que España “se ha convertido en un país de justicieros, donde “no se respeta la presunción de inocencia” y la “presión mediática” hace el resto, amén de “una doble vara de medir” de la que se sienten víctimas.

“El juicio de opinión” existe, aseveran en el mismo sentido. Apelan a que el tan controvertido acortamiento de los plazos de instrucción judicial que sacó adelante el gobierno en la anterior legislatura permite al inocente, por un lado, reducir el tiempo que está sometido a “pena de telediario”, y en cambio, que el culpable “cumpla con su pena cuanto antes”, sin que los procedimientos se alarguen años y años, como el de la Gürtel, que estalló en febrero de 2009.