La Constitución no es inamovible; es importante recordar que es un documento que ha de servir más a 46 millones de españoles”, escribió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado jueves 1 tras su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso. Lo cierto es que el Gobierno no quiere. Otra cosa es que le obliguen. El debate, al menos, sobre la actualización, derogación o reforma constitucional, según quien formule la propuesta, va a estar, sí o sí, en la agenda política de esta legislatura, y ya han comenzado las escaramuzas.

Tanto en el Pleno como en la Comisión Constitucional del Congreso, los grupos de la oposición han planteado el asunto; en algunos casos, como Ciudadanos o el PSOE, reclamando la creación de grupos de trabajo o de subcomisiones parlamentarias. Hoy nuestra Constitución cumple treinta y ocho años y nunca ha habido tantos grupos parlamentarios que han reclamado su modificación, incluidos partidos constitucionalistas como los citados.

En el PP, éste es un sendero que genera dudas. Por un lado, la situación de debilidad parlamentaria en el Congreso les lleva por un camino que siempre pueden bloquear en el Senado, donde tienen una cómoda mayoría absoluta. Pero no quieren pasar esta vez por ser el partido del no. Otra cosa es cómo y cuándo fructique el debate sobre la reforma constitucional, si es que lo hace, sin olvidar que tocar aspectos como la sucesión a la Corona exige de referendum y posterior disolución de las Cámaras para convocar elecciones. Tras la experiencia de Brexit, del plan de paz de Colombia y de la consulta, precisamente, sobre la reforma constitucional en Italia, no hay gran entusiasmo por iniciar un proceso de fin muy incierto.

La reforma, en el pacto con Ciudadanos

Por ello, la gran cuestión es hasta dónde está dispuesta a llegar Moncloa. En principio, la propuesta de reforma constitucional está contenida en su pacto con Ciudadanos y marca en buena medida sus límites, pues alude a las líneas maestras del informe que el Consejo de Estado elaboró en 2006 por encargo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, a estas alturas ha quedado superado por los acontecimientos.

Aquel texto de 300 páginas abordaba la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión dinástica de la Corona, la mención expresa a nuestra pertenencia a la Unión Europea y el sometimiento a la directiva comunitaria, la explícita referencia a la denominación de las comunidades autónomas, el cierre del reparto competencial Estado-Comunidades y la reforma de la Cámara Alta.

Conforme el tiempo pasa, se amplía el número de asuntos que hay que cambiar o incorporar en la Carta Magna

Pero los nuevos tiempos han traído nuevos debates, como el fin de los aforamientos, la limitación de mandatos y la reforma de la Ley Electoral, que en algunos casos exigen una reforma constitucional y, en otros, pueden acabar teniendo su reflejo en la Carta Magna. El Gobierno también está obligado a dar cumplimiento del pacto del PP con UPN para concurrir juntos a las elecciones. Ante la eventualidad de un cambio constitucional, los populares se avenían a eliminar la Disposición Transitoria Cuarta del texto constitucional que abre la puerta a la “absorción” de Navarra por parte de la comunidad vasca y defender, sensu contrario, el régimen foral y el convenio económico.

Mucho más allá quiere ir el PSOE en el diseño de un modelo de Estado Federal que satisfaga a Cataluña mientras que Podemos reclama la apertura de un “proceso constituyente” que sustituya al texto de 1978 y consagre el derecho a decidir de los pueblos del Estado español, por usar la terminología al uso. En definitiva, que el listado de peticiones puede ser tan prolijo que, o se marcan unos límites claros, o el articulado puede acabar abierto en canal.

La crisis del PSOE

Además, el PP, a pesar de sus discrepancias con el PSOE en esta materia, no está dispuesto a abordar en serio la cuestión mientras los socialistas no superen su crisis y, aun así, en función del perfil de quien resulte elegido nuevo líder. “No es lo mismo Pedro Sánchez que Susana Díaz”, dicen en el Gobierno. Los supuestos coqueteos de Sánchez con el independentismo no son, dicen en Moncloa, la mejor carta de presentación para embarcarse en una tarea de este calado. Otra cosa es Díaz, a quien los populares reconocen sentido de Estado, lo que la convierte en la candidata socialista favorita de los que votan al PP.

Los límites que marca el Gobierno: nada de tocar la soberanía nacional, ni la unidad de España, ni los mecanismos de solidaridad

Los límites en que se mueve el Gobierno son claros: nada de tocar la soberanía nacional, ni la unidad del país y los mecanismos de solidaridad que consagra la Carta Magna. Respecto del Título VIII, sobre la Organización Territorial del Estado, ya han anunciado que «habrá café para todos», aunque el evidente giro argumental frente al «problema catalán» podría dar alguna sorpresa sobre el reconocimiento de la singularidad catalana, aunque se les haga bola eso de reconocerla como «nación». Aclarar el techo competencial de las distintas administraciones podría servir para cerrar determinados debates aunque constituye un campo de minas, admiten en el Ejecutivo.

PNV: «Patio revuelto y dividido»

Para los peneuvistas, la reforma de la Constitución es poco menos que una quimera. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que mantiene una relación bastante fluida y habitual con Soraya Sáenz de Santamaría, según fuentes populares vascas, considera  que “ahora desde luego no, porque el patio está muy revuelto y dividido. El caldero está en ebullición”. En parecidos términos se ha manifestado el diputado socialista Eduardo Madina, quien ha afirmado que “no parece que haya un clima proclive a acuerdos de la envergadura de una reforma de la Constitución. Ahora es imposible el pacto de renuncias que requeriría”.

“Reformar la Constitución es trabajo de algo más que de minorías ruidosas, como se califican a sí mismos, ni siquiera de mayorías transversales. Reformar la Constitución tiene que ser una tarea de todos, poco ruidosa y mucho más efectiva, porque tiene que dar cobijo a todos. Pero les he escuchado que unos proponen cambiar la forma del Estado, otros reformar derechos y no sólo ampliarlos sino también estrecharlos, como la libertad de expresión, o un referéndum de autodeterminación que a mi juicio liquida la esencia de la nación misma”, respondió la semana pasada Sáenz de Santamaría en sede parlamentaria durante la sesión de control al Gobierno. No obstante, un día después, en comisión, se abrió a la reforma constitucional siempre dentro de los límites del «consenso».

Una de cal y otra de arena para ocultar la evidente incomodidad que este debate genera en el PP, partido que no llevó ninguna propuesta en este sentido en su programa electoral. Así, mientras el conjunto de sus señorías celebrará hoy el 38 aniversario constitucional -que Íñigo Errejón desdeña como una cita de señores «con traje» en la que se va a hablar “de cosas de hace 40 años»- la Constitución está en el punto de mira.