La Mesa del Congreso mantiene el pulso institucional con el Gobierno y da vía libre a la tramitación de la proposición de Ley para tumbar la Lomce y a la modificación del Estatuto de los Trabajadores, dos propuestas para las que el Ejecutivo había solicitado un veto, alegando que estas medidas afectarían a los presupuestos. El Gobierno no ha conseguido detener la tramitación de estas iniciativas, lo que, según han adelantado fuentes populares, llevará a un conflicto ante el Tribunal Constitucional. La Mesa del Congreso sí ha aceptado, en cambio, los vetos a otra docena de proposiciones de ley.
En el mismo sentido, la Mesa, con el apoyo del PP y Ciudadanos, ha aplazado hasta una nueva reunión la decisión sobre el veto que también ha presentado el Ejecutivo a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidos Podemos, entre otros, para subir las pensiones del 1,2% en 2017. La Mesa ha dado un plazo de 15 días al Gobierno para que aporte información sobre las razones de su oposición a una medida que el Ejecutivo ya considera que acarrearía un coste de 1.150 millones de euros.
En función de esa información, la Mesa tomará una decisión antes de final de año sobre si la proposición sigue o no adelante en las Cortes. Fuentes del PP han recordado que el Gobierno socialista se opuso en 2010 a varias iniciativas de los grupos que también reclamaban una subida unilateral de las pensiones y la Mesa, entonces, aceptó el criterio del Ejecutivo.
La Mesa, capacitada para echar atrás los vetos
Los vetos interpuestos por el Ejecutivo para paralizar algunas propuestas ha levantado el debate en el seno del órgano sobre su capacidad para tumbar las paralizaciones solicitadas por el Gobierno. En la reunión de hoy, la Mesa ha analizado, gracias a un informe de los servicios jurídico del Congreso, sus competencias en este sentido. Ese informe reconoce al Ejecutivo su prerrogativa constitucional a oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios, aunque también la capacidad de la Mesa a levantar esos vetos si considera que son "arbitrarios" o insuficientemente razonados.
Con este informe jurídico en la mano, la Mesa ha acordado rechazar el escrito de reconsideración del Gobierno sobre la Lomce y la reforma del Estatuto de los Trabajadores, pero ha aceptado los vetos del Ejecutivo a otra docena de proposiciones de ley, según han indicado fuentes parlamentarias. Toda esta discusión que se mantiene desde el inicio de la legislatura podría acabar con un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional al igual que ocurrió en la pasada legislatura cuando el Ejecutivo en funciones se negó a ser sometido al control parlamentario.
Fuentes del Gobierno ya han avanzado a EFE que en cuanto reciban formalmente la comunicación del Congreso contará con un plazo de un mes para presentar formalmente un conflicto de atribuciones ante el Constitucional.
El Gobierno ha dejado claro que su intención no es imponer sus tesis sino garantizar que una ley capital como son los presupuestos no quede modificada por otras normas de menor rango. "Es una cuestión de trasfondo político y esperamos que la Cámara lo reconsidere", ha remarcado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha remarcado que se trata de una controversia jurídico-constitucional que es necesario resolver.
Fuentes de la Mesa han lamentado que el Gobierno ya dé por hecho que acudirá al Tribunal Constitucional recrudeciendo ese conflicto entre instituciones.
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