Los familiares de las víctimas del Yak 42 han pedido una reunión a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para pedirle que reabra la investigación del accidente en el que perdieron la vida 62 militares cuando regresaban de una misión en Afganistán en el 2003 «para que se sepa toda la verdad». El Consejo de Estado dictaminó este martes que en este siniestro hubo responsabilidad de la administración, pero rechazó que estas familias perciban más compensaciones de las que ya han cobrado.

Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación que reúne a las familias de los fallecidos, explicó a El Independiente que la reunión con la ministra no busca que «llore» con nosotros sino que les facilite pruebas para poder reabrir este caso que, en su opinión, aún está lleno de incógnitas. Este familiar, que perdió a su hermano en la tragedia, explica que quieren investigar, por ejemplo, el destino del dinero que debía haberse gastado en contratar los seguros del vuelo.

La Audiencia Nacional archivó este caso en mayo del 2012 al establecer que los seis mandos militares que estaban imputados, entre ellos el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Antonio Moreno no eran responsables de la tragedia porque «se limitaron a cumplir con la misión encomendada, pero no crearon el riesgo». Sin embargo, los familiares pretenden que Cospedal les facilite nueva información para que esos mandos militares se sienten en el banquillo. «Mi hermano fue a esa misión por unos valores que nos rompieron y necesitamos que estos valores se restablezcan», apostilla.

Sencianes celebró el informe del Consejo de Estado que ha sido aprobado por unanimidad porque ha establecido la responsabilidad de la administración en el accidente. En el dictamen se afirma que «no se puede sostener que el siniestro tuvo lugar en términos de absoluta desvinculación con el funcionamiento de la administración militar».

Los argumentos

Además, los consejeros de Estado consideran que en este caso hubo «hechos que permitían a la administración ponderar el especial riesgo en el transporte de las tropas en que se produjo el accidente». Y, por tanto, señalan que Defensa, cuyo titular era entonces el actual Embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo, «tendría que haber adoptado medidas para despejar» dicho riesgo.

El letrado de la asociación de familiares, Leopoldo Gay, confía en que Cospedal asuma la responsabilidad de la administración cuando responda al dictamen del Consejo de Estado. El abogado sostiene que para las familias este hecho supondría una victoria moral y desvela que los familiares no buscan más dinero, sino otro tipo de reconocimientos «porque han sufrido mucho».

La respuesta de Defensa

Fuentes próximas a los afectados han adelantado que Defensa les ha informado de que el dictamen de Cospedal está siendo ya redactado y que será «largo y muy elaborado». Lo más probable es que el departamento que dirige Cospedal asuma el criterio del Consejo de Estado en el sentido de que los familiares de las víctimas ya han sido reparados tras recibir pensiones extraordinarias, indemnizaciones de seguros y prestaciones públicas. En el informe del Consejo de Estado se recuerda que las viudas de los familiares fallecidos han percibido 60.000 euros, 30.500 los huérfanos, 30.500 los padres de los militares fallecidos y 3.000 los hermanos.

La decisión de Cospedal es recurrible ante la sala contenciosa de la Audiencia Nacional por los familiares de las víctimas, que plantearon esta responsabilidad patrimonial de la administración después de que se cerrara la vía penal  con la condena de tres militares que identificaron erróneamente a 30 de los fallecidos. El Gobierno de Mariano Rajoy indultó a dos de los condenados– el tercero había fallecido– en el 2012. Sencianes quiere pedir explicaciones a Cospedal por esta medida porque los militares castigados «nunca pidieron perdón».

El Gobierno defiende a Trillo

El Gobierno y el PP fueron los únicos que defendieron este martes la gestión de Trillo, ya que el resto de los partidos políticos solicitó la destitución del embajador en el Reino Unido. El presidente del Gobierno aprovechó su paseo matutino para apoyar al diplomático. «Eso ya está substanciado judicialmente. Lo que había que sustancial ocurrió hace muchísimos años». Por su parte, el vicesecretario de comunicación de los populares, Pablo Casado, señaló que la labor de Trillo como Embajador «es muy distinta de la que tenía hace 20 años». Y defendió su trabajo al frente de Defensa. «Un ministro de Defensa siempre vela por la seguridad y estamos comprometidos con las familias» [de las víctimas], agregó.

PSOE, Podemos, Ciudadanos y ERC no se dieron por satisfechos y reclamaron el cese de Trillo y la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa y del titular de Exteriores, Alfonso Dastis. Los socialistas consideran que el diplomático tiene que asumir la responsabilidad política por este siniestro. El diputado de IU Miguel Ángel Bustamante dirigió una pregunta al Gobierno que no deja lugar a dudas: ¿Considera el Gobierno realmente llevadera la vergüenza de que el señor Federico Trillo siga representando a nuestro país en el exterior, pese a seguir sin asumir responsabilidad política alguna sobre la tragedia del Yak 42?