Fue Mariano Rajoy, según la versión ofrecida ante el juez este lunes por Luis Bárcenas, quien ordenó dejar de contratar con las empresas de Francisco Correa, en el año 2004, tras recibir el aviso de que intermediaba en nombre del partido y participaba «en actividades ilícitas en ayuntamientos gobernados por el PP». Una versión a la que el ex tesorero del Partido Popular no otorga verosimilitud y que enmarca dentro de una «envolvente» contra Correa liderada por el empresario Joaquín Molpeceres, al que el actual presidente del Gobierno sí consideró lo suficientemente creíble durante una reunión en la que participaron tanto Ángel Acebes como Álvaro Lapuerta, excluido del caso por su estado de salud mental, tesorero del partido entre 1993 y 2008, y al que le unía una «buena amistad» con Molpeceres, según el relato de Bárcenas.

Un apellido que no es desconocido ni para el PP ni para el sumario del caso Gürtel, donde el empresario (Volpeceres, según la anotación original en los papeles de Bárcenas) aparece como donante de 60.000 euros en un apunte del 11 de junio de 2004 por el que el juez Pablo Ruz ordenó, en noviembre de 2013, su imputación en la causa para investigar un posible delito de cohecho. Finalmente, Anticorrupción solicitó el archivo de la pieza contra los empresarios en marzo de 2015 al no encontrar pruebas de que las donaciones se efectuaran a cambio de la adjudicación de contratos públicos sin concurso.

Esa misma línea ha seguido en su declaración Luis Bárcenas, que ha asegurado que las donaciones empresariales eran «no finalistas» y sólo buscaban «ayudar» al partido. El ex tesorero las ha justificado así: «Todos los empresarios quieren echar una mano a los partidos políticos. A cambio se les puede ayudar para que algún político les reciba o abrirles alguna puerta, es normal, es algo inocuo».

Sospecha recurrente

No obstante, la vinculación entre Molpeceres y el Partido Popular ha pasado más veces por manos de la Policía. La UDEF investigó los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa: 225.000 euros entre 2002 y 2005. Además, en agosto del año pasado El Confidencial informaba de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase a Licuas entre las seis empresas que se llevaron al menos 43 contratos valorados en 17 millones de euros.

La UDEF y la UCO ya investigaron a las empresas de Molpeceres por su relación con las compañías de Correa y con Púnica

Dentro de Gürtel, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega declaró el pasado 20 de diciembre que Álvaro Lapuerta le llamó en al menos una ocasión para que favoreciera a las entidades del empresario. En esa misma comparecencia, Ortega, para el que la fiscalía pide más de 50 años de cárcel, sostuvo que su expulsión del partido se debió, precisamente, a no aceptar esa petición tras la queja de Molpeceres por la falta de adjudicaciones en el municipio madrileño.

Licuas, constituida en julio de 1985, es en cualquier caso una habitual de la contratación pública. Fundada bajo el objeto social de la «explotación del ramo aeroportuario, incluyendo la prestación de servicios en tierra a aeronaves, pasajeros y carga aérea, la realización de servicios de abastecimiento de agua potable, incluido el domiciliario y la explotación y gestión del ciclo integral del agua», hoy su actividad ha evolucionado hacia un catálogo igualmente amplio: alcantarillado, mobiliario urbano, jardinería, conducciones hidráulicas, fuentes ornamentales, conservación de carreteras, mantenimiento de edificios y puertos deportivos e incluso la gestión y construcción de campos de golf.

El golf y los avales a López Viejo

Molpeceres, a través de Desprosa, es el propietario de los campos de golf madrileños del Olivar de la Hinojosa, en Campo de las Naciones, y El Encín, en Alcalá de Henares. Este último ha sido fuente continua de titulares desde 2007, cuando el Gobierno regional de Esperanza Aguirre aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad para permitir el uso deportivo de la finca en la que después se instaló el campo. El Tribunal Supremo anuló en 2013 esa modificación y prohibió su uso deportivo, aunque la instalación sigue abierta a día de hoy y es sede del European Tour.

Meses después de la adjudicación, Molpeceres volvió al centro de la polémica al avalar con el patrimonio de otra de sus sociedades, Mercali, un préstamo de 1,8 millones de euros concedido al entonces consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. También en ese caso tuvo que declarar como testigo.

Desde entonces, las sociedades del empresario han seguido contratando de manera habitual en la Comunidad de Madrid, especialmente en municipios como Alcorcón, aunque no sólo. En la Plataforma de Contratación del Estado se reflejan adjudicaciones recientes en ámbitos tan diversos como las canalizaciones de conducciones de Acuamed en Valencia o el mantenimiento de las persianas de edificios ministeriales.

Además de en Licuas, Coarsa, Desprosa y Mercali, Molpeceres, de 84 años, ejerce también responsabilidades de gobierno en otras tres compañías: Marina El Portet, Molcasa y Edilar Inversiones Inmobiliarias.