El Ministerio del Interior depurará responsabilidades en el seno de la Policía Nacional si el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad de manera inminente a los dos presuntos yihadistas detenidos en Madrid en vísperas de Fin de Año, lo que se interpretaría como la prueba inequívoca de que se trató de una operación exagerada, que incrementó innecesariamente la alarma social en un momento de máxima sensibilidad ciudadana ante la amenaza terrorista tras la matanza de Berlín.

En la cúpula de Interior gana fuerza la creencia de que el dispositivo policial desplegado el pasado 28 de diciembre -saldado con dos detenidos a los que el juez Santiago Pedraz mandó a prisión dos días después por enaltecimiento del terrorismo y depósito de municiones y armas- «no se sustenta en base real» y que los arrestados fueron inducidos por un confidente, controlado por la Brigada de Información de la Policía de Madrid, a aparecer como peligrosos terroristas que estaban a punto de cometer un atentado cuando en realidad eran delincuentes sin un claro perfil yihadista.

Ésta es la sospecha que se maneja en el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido a la espera de que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional termine de practicar diligencias para esclarecer las dudas que sobrevuelan sobre el operativo policial, desplegado semanas después de la masacre que el Estado Islámico cometió en un mercado navideño de Berlín y que acabó con la vida de 12 personas.

Interior cree que la falta de coordinación entre la Brigada Provincial y la Comisaría General de Información contribuyó a engrandecer una operación con poco sustento y que provocó una enorme alarma social, dado que las primeras informaciones apuntaban a la posible comisión de un atentado en Madrid durante las pasadas fiestas navideñas. Algunas fuentes consideran que este episodio pone claramente de manifiesto la falta de sintonía entre los responsables de las citadas unidades, versión que otras fuentes rechazan.

«Si ha habido algo que no se ha ajustado a lo correcto, cuando se conozca se analizará y comprobará», defendió el pasado viernes el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien advirtió de que Interior no actuará movido por «especulaciones» y recordó que la prioridad «siempre es defender la seguridad de los ciudadanos».

En Interior se sospecha que se engrandeció una operación sin base real que elevó la alarma

Las fuentes consultadas por Elindependiente.com no tienen dudas de que, en caso de que Pedraz decrete de manera inmediata la puesta en libertad de Edrissa Ceesay Sanuwo y Samer Sennouni Mouh -de origen marroquí y gambiano, respectivamente-, Interior adoptará medidas contra los responsables del dispositivo policial por seguir adelante con el plan cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había  ya descartado que se tratara de peligrosos yihadistas.

Expertos en el estudio de la amenaza yihadista defienden la necesidad de que se dilucide «lo antes posible» este episodio, dado que «afecta a la credibilidad y la eficacia de la lucha contra el terrorismo yihadista en un momento en que la amenaza sobre Europa Occidental se encuentra en un punto álgido».

Operación Serkan

Como ha publicado este periódico, la Brigada de Información de la Policía de Madrid recibió antes del pasado verano un vídeo en el que aparecían dos personas portando un kalashnikov aparentemente auténtico junto a diversos atributos del Estado Islámico, como la bandera del DAESH. Tras analizar las imágenes, los agentes dieron apariencia de veracidad al arma y judicializaron el caso, lo que llevó al juez Pedraz a dictar orden de detención contra las dos personas que aparecían en la cinta -Edrissa Ceesay y Samer Sennouni- y a autorizar el registro de sus domicilios en el marco de la operación Serkan.

La Policía actuó al creer que la supuesta célula tenía armas reales, pero no han aparecido

El magistrado acordó estas medidas ante la sospecha policial de que los integrantes de esta célula disponían de «armas de fuego» y que su intención era utilizarlas para cometer «una grave acción delictiva de carácter terrorista» en Madrid con motivo de las fiestas navideñas. Ese riesgo inminente de matanza se diluyó claramente en el curso de unos días, ya que en el auto por el que Pedraz dictó el pasado 30 de diciembre prisión comunicada y sin fianza para Ceesay y Sennouni ‘sólo’ se les imputaba a éstos un delito de enaltecimiento del terrorismo y depósito de municiones y armas, pero no de pertenencia a organización terrorista.

¿Qué había ocurrido? Mientras que los investigadores de la Brigada de Información de la Policía de Madrid estaban convencidos de la peligrosidad de los ahora encarcelados de forma preventiva y de la necesidad de actuar ante el convencimiento de que disponían de armas reales, en un momento en el que se habían reforzado las medidas de seguridad tras el atentado de Berlín, tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como los servicios de Información de la Guardia Civil descartaron el peligro de esta supuesta célula terrorista. Máxime cuando no se encontró ni rastro del supuesto fusil AK-47.

Éste fue el mensaje que se hizo llegar a la cúpula del Ministerio del Interior, lo que ya llevó el pasado 9 de enero a su titular a descartar que hubiera existido riesgo ni «inminente» ni «remoto» de la eventual perpetración de esa acción terrorista por parte del supuesto grupo yihadista que tenía su base en una caseta del parque madrileño de Valdebernardo.

El juez Pedraz debe aclarar si un agente de la Policía se hizo pasar como traficante de armas

Si el CNI y la Guardia Civil llegaron a esa conclusión fue porque conocían a Lolo, que había sido su confidente y al que los dos encarcelados señalan como el instrumento que había utilizado la Brigada de Información para llevar a cabo la infiltración en la supuesta célula terrorista y quien les habría inducido a grabar los vídeos de corte yihadista descubiertos por la Policía. Ésta es una de las incógnitas que envuelven el caso y que el juez Pedraz tendrá que despejar una vez termine de practicar los interrogatorios, entre ellos los del citado confidente, los agentes de la Brigada de Información de la Policía de Madrid que capitanearon la investigación y los dos amigos de Ceesay y Sennouni que frecuentaban la cabaña de Valdebernardo.

Las diligencias del magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional también deberán aclarar si un agente de la Brigada de Información de la Policía Nacional se hizo pasar como traficante de armas en su encuentro con la célula para vender supuestamente material, a fin de determinar si pudo haber una inducción al delito. En el auto de prisión, Pedraz detallaba cómo los dos presuntos yihadistas habían llegado a mantener una reunión con un traficante de armas para conseguir fusiles AK-47, «armas cortas y granadas de mano», por los que llegaron a ofrecer «6.000 euros», pero sin que conste que finalmente fueran adquiridos.

El papel del confidente ‘Lolo’

Según ha podido confirmar este diario en fuentes de la lucha antiterrorista, Lolo fue confidente de la Policía Nacional y del CNI y habría intentado pedir protección posteriormente a la Guardia Civil, motivo por el que este cuerpo conocía el vídeo y concluyó que, más que peligrosos yihadistas, podría tratarse de meros delincuentes o yihadistas de like, en referencia al botón de Me gusta característico de la red social Facebook.

La detención de Ceesay y Sennouni representó el último operativo contra el terrorismo yihadista llevado a cabo por las fuerzas de seguridad el pasado año, cuando se registraron 69 arrestos -seis menos que en 2015- en el curso de 36 operaciones.