La Comisión de Garantías de Podemos es el ‘juez’ para los conflictos internos, el encargado de velar por la paz en la formación y sin embargo uno de los focos de malestar dentro del partido. Este órgano ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses después de sus algunas de sus últimas resoluciones en la Comunidad de Madrid, que favorecieron la candidatura del pablista Ramón Espinar. Muestra de ello está el nacimiento de la plataforma para pedir una Comisión de Garantías independiente que destacaba los defectos «evidentes» de este órgano, del que dimitieron tres de sus diez miembros por diferencias con la presidenta de la Comisión, Gloria Elizo, miembro de la candidatura de Pablo Iglesias, al igual que Pablo Fernández, marido de la primera y miembro también de la Comisión de Garantías. Pese al malestar existente, el líder Podemos ha propuesto que sea el actual órgano, ampliamente cuestionado en la formación, quien resuelva los conflictos derivados de la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II antes de que sea renovado, frente a la petición de los errejonistas de que los miembros de la Comisión de Garantías sean elegidos a la vez que el resto de los órganos.

La adaptación de las normas de Vistalegre se hará en tres meses y los conflictos serán resueltos por la actual Comisión

El documento organizativo de Iglesias establece en su Disposición final 1. que «antes de que hayan transcurrido 9 meses desde la proclamación de los resultados de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal se deberá elegir una nueva Comisión de Garantías Estatal «. Es decir, en los nueve meses siguientes a Vistalegre II, el actual órgano tendrá potestad para emitir resoluciones ante los conflictos que se generen en la aplicación de las nuevas normas de Podemos, frente a la petición expresa de la corriente de Iñigo Errejón para que se renueve en Vistalegre II, a la vez que se voten los documentos y los miembros del Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección de Podemos, para evitar que Iglesias tome el control de las resoluciones en situaciones de conflicto.

La situación se agrava teniendo en cuenta otra de las disposiciones finales de Iglesias, que pide que los estatutos salidos de Vistalegre se adapten a nivel autonómico  en los tres meses siguientes a su elección. Es exactamente ene su Disposición final 2, que fija que en ese tiempo las organizaciones territoriales «deberán haber incorporado en su funcionamiento aquellos cambios que les afectan», algo para lo que establece la creación de «una comisión de adaptación» que estará formada por la Secretaría de Organización Estatal, las Secretarías de Organización Autonómicas y la actual Comisión de Garantías Estatal. Así las cosas, y según los documentos de Podemos para todas, los conflictos de competencia resultantes de la aplicación territorial tendrían que ser resueltos por miembros del Comité ahora mismo vigente, conformado actualmente por siete miembros, de los que dos forman parte de la candidatura pablista.

Un órgano ligado a candidaturas

La propuesta de Iglesias respecto a la Comisión de Garantías se expone en sus documentos en apenas tres páginas frente a las nueve de su secretario político Iñigo Errejón. El modelo de organización de la Comisión de Garantías de Podemos para Todas, la candidatura de Iglesias, pide reducir el número de miembros, que pasaría de los diez actuales a siete, frente a los quince que reclama Errejón. Una de las medidas más llamativas es la que estipula que sus miembros sean elegidos por los inscritos «mediante voto directo entre candidaturas», vinculando la posibilidad de elección de un miembro a un proyecto político concreto dentro de la organización.

Esta elección mediante equipos cerrados contrasta con las demás propuestas presentadas. Los anticapitalistas, liderados por Miguel Urbán, piden justamente lo contrario al secretario general y establecen que los miembros de la Comisión de Garantías sean elegidos por candidaturas individuales, » no pudiendo estar vinculadas a ninguna candidatura que se presente a órgano alguno de Podemos». En este sentido va también la propuesta del secretario político, Iñigo Errejón, que pide una elección «mediante voto directo con un sistema de presentación individual no agrupado en listas para garantizar su independencia».

Iglesias impide a la Comisión actuar de oficio y vincula su trabajo a una «petición expresa»

Uno de los puntos que Iglesias pasa por alto es el régimen de incompatibilidades, un apartado que sí aborda Errejón, que exige que los miembros de la Comisión de Garantías no sea «cargo orgánico o cargo electo o de designación institucional de Podemos ni de sus estructuras territoriales». En este sentido, los errejonistas piden mantener la independencia total de sus miembros respecto a la formación, un requisito que también amplían a la financiación autónoma del partido; fijando como requisito el «no mantener ninguna relación laboral o mercantil remunerada en Podemos salvo la que en su caso se estableciera por el cumplimiento de sus funciones como miembros de la propia Comisión, sin ser dependientes de la estructura del partido».

El secretario general de Podemos también ha eliminado algunas de las competencias de la Comisión de Garantías, que hasta ahora podía actuar de oficio en situaciones de conflicto. En su documento organizativo, Iglesias limita su ámbito de actuación estableciendo que «actuará exclusivamente a petición expresa de una persona inscrita u órgano del partido,», impidiendo así que el órgano actúe de oficio como está fijado en los actuales estatutos. En este sentido, Iglesias también establece que la actuación de esta Comisión va ligada expresamente a la apertura de un expediente, señalando que «ninguna Comisión de Garantías podrá llevar a cabo ninguna actuación, siquiera indagatoria, contra ningún miembro sin que medie la apertura de expediente sancionador en su contra».