El diálogo entre el Ejecutivo y el PSOE sobre los Presupuestos generales del Estado se desarrolla a distintos niveles, pero quizá el más determinante es el que protagoniza la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con los presidentes autonómicos socialistas, según ha podido saber El Independiente de fuentes gubernamentales.

Y es determinante porque, a diferencia de Ferraz o de la dirección del Grupo Parlamentario, los barones socialistas no están en una situación de interinidad, pendientes de un posible relevo tras la celebración del Congreso del PSOE de junio. Y también porque son los primeros interesados en que haya unas nuevas cuentas del Estado para este año que les garantice una serie de inversiones e infraestructuras y, además, se desbloqueen partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de las que depende su supervivencia económica.

La principal línea de interlocución de Santamaría ha sido con Fernández Vara

Los contactos de Santamaría con los presidentes autonómicos se intensificaron a partir de diciembre con motivo de la preparación de la Conferencia de Presidentes, que se celebró en el Senado el pasado 17 de enero. En esas conversaciones se ha ido avanzando con discreción en el diálogo presupuestario, en la consciencia de que se necesitan unas nuevas cuentas con las que afrontar este año.

La principal línea de interlocución la mantiene con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, comandado por el máximo responsable de la Comisión gestora socialista, Javier Fernández, para que actuara a modo de representante de los barones socialistas en los trabajos preparatorios de la Conferencia. Pero la vicepresidenta, en el ejercicio de sus nuevas funciones como responsable de Administraciones Territoriales, se ha mantenido en contacto con todos ellos, incluida la todopoderosa Susana Díaz.

El Gobierno puede sacar adelante los Presupuestos en caso de empate 175-175

La pretensión del Gobierno no es tanto que el PSOE vote a favor de los Presupuestos o se abstenga, como que «no los torpedee». Si Mariano Rajoy es capaz de conseguir el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV, esto es, sumar «un apoyo sólido» de 175 escaños, las cuentas para 2017 superarían el debate de enmiendas a la totalidad. Ante un hipotético empate, las enmiendas no prosperarían aunque se debería votar hasta tres veces antes de darlas por rechazadas.

En las mismas condiciones podría ir superando el Gobierno el debate de enmiendas parciales. Pero para ello necesita que Cs, CC y PNV actúen como un bloque monolítico «sin apoyar propuestas de otras fuerzas políticas que descuadren las cuentas». A lo que no está dispuesto el Ejecutivo «es a aceptar unos Presupuestos con los que no se sienta identificado», a sabiendas de que tiene que pactarlos con Albert Rivera, canarios y vascos para que salgan adelante.

De telón de fondo gravitará la amenaza de un adelanto electoral, que Rajoy no quiere

Rajoy insiste por activa y por pasiva que su intención es agotar la legislatura, «pero la estrategia viene a ser la misma que con la investidura y el PSOE no quiere elecciones», afirman los medios consultados respecto a la posibilidad de un adelanto electoral. Para exorcizar ese riesgo, Rajoy necesitaría también garantías por parte de los socialistas «de que no van a encabezar ninguna iniciativa a lo largo del año que toque el corazón de los Presupuestos». Porque si algo tiene claro Rajoy es que «no va a presentar unas cuentas que no prosperen o que sean irreconocibles».

Juego a varias bandas

El jefe del Ejecutivo mantiene una línea de diálogo con los líderes de PSOE, Ciudadanos y PNV, mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace lo propio con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, que negocia, en un juego a varias bandas, con su homólogo, y casi homónimo, popular, Rafael Hernando.

De momento, no hay nada cerrado, ni siquiera con los nacionalistas vascos, que se siguen quejando de la alta litigiosidad del Ejecutivo central contra muchas decisiones de la Lehendakaritza, que acaban ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de invasión de competencias. Es la vía de los presidentes autonómicos socialistas y su presión a Ferraz en la que más confía el Gobierno de Rajoy.